Tres exfuncionarios de la gestión radical capitalina liderada por Ramón Mestre y un exfuncionario provincial que pasó por las administraciones de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti forman parte del universo de investigados de lo que para la Justicia federal puede convertirse en la causa judicial más importante en materia de corrupción de Córdoba.
Los investigadores evitan dar detalles para no entorpecer la pesquisa. Sin embargo, la información comienza a drenar. La Voz reveló este martes que son nueve, al menos, las empresas offshore creadas por Federico Máscolo y Javier Katz entre 2017 y 2018 en Florida, Estados Unidos. La principal sospecha es que esas firmas habrían sido la herramienta para que los empresarios adquirieran unos 11 departamentos en ese estado de norteamericano. En Tribunales buscan establecer quiénes son los verdaderos dueños de esos inmuebles.
El fiscal federal N° 1 de la ciudad de Córdoba, Enrique Senestrari, y el juez federal Alejandro Sánchez Freytes están abocados a determinar cuál era la fuente de dinero detrás de esta ingeniería que, se presume, habría servido para lavar plata mal habida.
No hay una única línea de investigación, pero existe una hipótesis que atraviesa transversalmente la causa: la plata para la compra de esos inmuebles y de otros en Córdoba y en Uruguay, junto con la colección de autos de lujo que fueron encontrados días atrás en un galpón del barrio cerrado Valle Escondido, habría fluido a través de mecanismos que se apoyaron en contratos de servicios públicos y licitaciones de obra pública.
Para el caso de los exfuncionarios municipales, que son parte de un universo conformado por una treintena de investigados –de los cuales ya hay nueves imputados–, el circuito del dinero provendría de algún tipo de desvío de fondos que habría surgido de contratos del servicio de recolección de residuos en la Capital.
Históricamente, el mayor gasto de las administraciones municipales estuvo comprometido para los contratos con las empresas que recogen la basura de la ciudad. Máscolo es apuntado como un engranaje que habría sido clave entre el municipio y las firmas que prestaron servicios en los años de gestión de Mestre.
El exintendente hizo trascender que durante su estadía al frente de la administración capitalina no firmó contratos de obra pública con las empresas que figuraban a nombre de Máscolo. También asegura que su relación personal con el hoy detenido, fruto de una amistad que comenzó durante su juventud, terminó en 2015, a la mitad de su estadía al frente de la Municipalidad de Córdoba.
El cuarto exfuncionario que está bajo el escáner de la Justicia federal nada tiene que ver con aquellas gestiones radicales. Se trata de un apellido que siempre estuvo ligado al oficialismo provincial, en las gestiones de De la Sota y en las de Schiaretti.
Aquí la presunción es, a diferencia de lo sospechado en la Municipalidad de Córdoba, que hubo algún tipo de manejo irregular vinculado con la obra pública, mediante empresas que se dedicaban a tal fin.
Silencio y preocupación
Hasta el momento, Máscolo guarda un cerrado silencio sobre sus eventuales socios del ámbito político y no ha involucrado a terceros, señalan desde el palacio de Tribunales federales. En esas instalaciones quedó detenido a fines de diciembre pasado. Desde ese momento, parte del sistema político cordobés que interactuó de formas diversas con Máscolo durante años vive pendiente de los movimientos y, en especial, de lo que dice o no el empresario que permanece detenido en la cárcel de Bouwer.
“Hubo varios que pasaron las últimas fiestas de fin de año con dolor de estómago por temor a que Máscolo contara quiénes son sus socios y para quién trabajaba”, cuenta una voz con terminales en la política y en los pasillos de Tribunales.
Máscolo perdió su libertad un día después de que su vivienda en el country Las Delicias fue allanada por orden de la Justicia. Al presentarse ante las autoridades judiciales para ponerse a derecho y anoticiarse del motivo de la diligencia judicial en uno de sus inmuebles, fue apresado por orden del fiscal federal N° 3, Maximiliano Hairabedian, quien por ese momento tenía a cargo la causa debido a que Senestrari atravesaba un delicado cuadro de salud.
En la Justicia descuentan que Máscolo fue avisado de aquel primer allanamiento. “Había señales claras de que sacó cosas del lugar, advertido de que lo iban a allanar”, afirman las fuentes sobre aquella acción inicial. Esos informantes creen que del lugar, específicamente de un entrepiso donde se halló una especie de baulera, se retiraron “millones de dólares”.
El interés sobre la conducta de Máscolo tras las rejas también despertó la inquietud de exfuncionarios kirchneristas. Hubo más de una consulta desde Buenos Aires para conocer cuán profundo está llegando la investigación.
