El viceintendente electo Javier Pretto fue expulsado del PRO, en un proceso jurídico interno en el que se dio por sentado que con su alianza con Hacemos Unidos por Córdoba, “cuya columna vertebral es el peronismo”, traicionó al partido que por entonces presidía al buscar, con su pase, afectarlo electoralmente.
De acuerdo con la resolución del tribunal de disciplina del PRO, Pretto incumplió con sus “obligaciones partidarias”, ya que como presidente de ese partido había firmado la constitución legal de Juntos por el Cambio y aceptado ejercer la “representación política” del partido, privilegando “intereses opuestos” a los que se había comprometido a asumir al ser una autoridad del PRO, nada menos que su presidente.
Por esto, el PRO sostiene que Pretto generó “daño de una magnitud inconmensurable en términos políticos” al abandonar su cargo sin previo aviso en aquel dramático cierre de listas de la oposición, motivo que fue considerado suficiente para aplicarle la expulsión, que es la máxima sanción prevista para un afiliado.
Ahora, Pretto tiene cinco días hábiles para formalizar una apelación ante la asamblea provincial del PRO, máximo organismo del partido amarillo. Si no lo hace, la expulsión quedará firme, y la Justicia Federal deberá eliminarlo del padrón de ese partido.
La conducción del PRO contrató un escribano para que notifique al viceintendente electo de la sanción, una manera de “blindar” el procedimiento disciplinario frente a una eventual judicialización del caso: el PRO se prepara para resitir la eventual colonización que su expresidente podría encarar desde diciembre, cuando se siente en el segundo sillón de la ciudad.
Consultado por La Voz, Pretto prefirió no hacer declaraciones por el momento.
En paralelo, la expulsión de Pretto formalizada por el PRO le mete presión a la Unión Cívica Radical, partido al cual está afiliada Myrian Prunotto, la vicegobernadora electa. Los amarillos esperan que sus socios en Juntos por el Cambio actúen en sintonía, para comenzar a ordenar la oposición.
