El bloque de diputados nacionales del PRO presentó un proyecto de ley que busca prohibir de forma expresa el indulto, la amnistía o la conmutación de penas para personas condenadas por delitos de corrupción. La autora del texto es la legisladora Silvana Giudici, quien sostiene que la iniciativa apunta a evitar que, en el futuro, el Poder Ejecutivo pueda utilizar esa herramienta para favorecer a funcionarios corruptos.
La propuesta aparece días después de que la Corte Suprema dejara firme la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad.
Esa coincidencia no es menor: la condena a la expresidenta reactivó el debate público sobre los mecanismos de impunidad en la política argentina, y el PRO busca posicionarse con firmeza en ese terreno.
“Con esta ley queremos dejar en claro que en la Argentina nunca más habrá funcionarios que cometan delitos contra el Estado y que puedan evitar cumplir su pena”, afirmó Giudici.
La iniciativa modifica la ley 27.156 para incorporar una cláusula que declare nulos e insanables cualquier indulto, amnistía o conmutación de penas para los condenados por delitos contra la administración pública.
El listado es amplio ya que abarca desde el cohecho y la malversación de fondos hasta el enriquecimiento ilícito, pasando por negociaciones incompatibles y otros delitos previstos en el Código Penal.
Según Giudici, la corrupción debe ser considerada una forma de violencia estructural, comparable con los delitos de lesa humanidad, porque produce daño masivo, crónico y profundo.
“Los actos de corrupción nos sumieron en la pobreza y la decadencia. No son delitos menores. Son traiciones al contrato democrático”, dijo.
Corrupción y casos emblemáticos
La diputada también recordó casos emblemáticos que ilustran el problema: desde los “bolsos de López” hasta las causas Cuadernos, Hotesur y Los Sauces, donde la sospecha de uso sistemático del poder para enriquecimiento personal salpica a toda una generación de funcionarios.
El texto del proyecto se apoya en el artículo 36 de la Constitución, que ya impide el indulto en casos de atentados contra el orden institucional y el sistema democrático.
La propuesta busca extender esa lógica a los delitos de corrupción, al considerar que también afectan el corazón del pacto democrático. Además, cita compromisos internacionales asumidos por Argentina para prevenir y sancionar la corrupción, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas.
La iniciativa se inscribe en un momento político donde el PRO intenta recuperar centralidad y discurso ético, y viene luego del fracaso de la Ley de Ficha Limpia, que cayó en el Senado.
El objetivo es claro: cerrar los resquicios legales que permiten que dirigentes condenados sigan haciendo carrera política o, incluso, reciban perdones presidenciales.
