La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó “un protocolo para el mantenimiento del orden público” con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como “inconstitucional” y una “amenaza” ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.
Bullrich anunció que “las cuatro fuerzas federales” podrán intervenir “si hay un delito flagrante” durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
Qué dijo Patricia Bullrich sobre el protocolo antipiquetes
“Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple”, dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.
La funcionaria indicó que “si hay un delito flagrante” las fuerzas federales podrán intervenir “de manera inmediata” de acuerdo con “los códigos procesales vigentes” y que utilizarán “la mínima fuerza necesaria y suficiente”, la cual será “graduada en proporción a la resistencia” que se oponga.
“Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal”, agregó.
Ese artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Bullrich remarcó que el Gobierno tiene “una decisión tomada” de que “la forma de pedir o buscar un beneficio social” ya no es “por la vía del corte”.
“Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”, señaló.
El protocolo antipiquetes: punto por punto
Fuertes críticas de organizaciones sociales y políticas al protocolo antipiquetes
Al conocerse el anuncio, distintos dirigentes y organizaciones políticas repudiaron el protocolo al calificarlo de “inconstitucional”, una “amenaza” a gremios y movimientos sociales y advirtieron que “cuando hay semejante nivel de agresión” contra los sectores populares “inevitablemente se producen protestas sociales”.
En una conferencia de prensa convocada para responder los planteos de Bullrich, los referentes del Partido Obrero, Vanina Biasi y Gabriel Solano, junto al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, reivindicaron el “derecho a la manifestación” y reclamaron que la ministra de Seguridad “no tiene facultad legal” para impedirlo.
“Nosotros consideramos realmente una provocación los anuncios que ha hecho la ministra Patricia Bullrich”, reprochó Solano en el local porteño del Polo Obrero, ubicado en Mitre 2162, donde fue convocada la prensa.
Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, criticó la medida al afirmar que “lo que les molesta es que protesten contra las medidas de su gobierno”.
“En Juntos por el Cambio algunos llegaron a senadores por cortar rutas. Otros, de La Libertad Avanza, marchaban felices contra la cuarentena”, indicó Bregman en su cuenta de Twitter.
También rechazó el protocolo su compañero de banca, Nicolás Del Caño, al decir que “la casta copó el Gobierno de Milei” y que la ministra de Seguridad busca “reprimir la protesta del pueblo trabajador frente al brutal ajuste que están aplicando contra las mayorías populares”.
“Bullrich ajustando y reprimiendo. Nada nuevo. ¡No Pasarán!”, agregó Del Caño en su cuenta de X.
En tanto, la conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar, repudió por “inconstitucional” el protocolo de movilización.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) afirmó que el protocolo busca “impedir con represión la protesta social” y alertó que se “criminaliza a quienes se manifiestan” y se persigue” a las organizaciones porque “cortar las calles no es delito”.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) rechazó el “protocolo para el mantenimiento del orden público” y adelantó que pedirá la “derogación por vía judicial”.
Para el organismo, el protocolo “es una remake recargada del que presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri, y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal”.
En Caba apoyaron a Patricia Bullrich
Luego de su anuncio, Bullrich se reunió con el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff; el nuevo jefe de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, Diego Kravetz; y el secretario de Seguridad de Nación, Vicente Ventura Barreiro.
“Vamos a trabajar de forma mancomunada en todos los accesos que tienen injerencia federal y en la ciudad de Buenos Aires. La reunión con Bullrich fue excelente. Me he comunicado con Jorge Macri, a quien el transmití lo que aquí se habló. Estamos satisfechos con lo que viene”, remarcó Wolff al retirarse de la cartera de Seguridad.
El funcionario porteño destacó que la Ciudad “no está sola” y que está “acompañada” por el Gobierno nacional pese a que no sea del “mismo signo político”.
El anuncio se produjo a dos días del plan de ajuste presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Movimientos piqueteros y fuerzas políticas de izquierda convocaron para el próximo 20 de diciembre a manifestaciones en protesta contra las primeras medidas económicas dictadas por el gobierno del presidente Javier Milei.
“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, había adelantado por la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni, en línea con la postura dura refrendada más tarde por Bullrich.
“No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, se permite que esa vía siga cortada. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación”, precisó Bullrich sobre el protocolo.
