Da la impresión de que hasta el kirchnerismo duro tomó nota de que el subsidio no reemplaza los ingresos que se generan por el trabajo. Y de que en la Argentina, cuando cierra ya el primer cuarto del siglo 21, aparecen voces que entienden que la política social, tal como está planteada, llega a su fin.
En la Argentina hay 4,3 millones de beneficiarios de la asignación universal por hijo y 3,88 millones de personas que cobran algunos de los planes variados que paga Anses o los ministerios de Trabajo o Desarrollo Social: Progresar, Potenciar Trabajo, Plan de Desarrollo Alimentario, Plan de Protección Social, Plan de Primera Infancia, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, entre otros. También se pagan 3,98 millones de tarjetas Alimentar (la mitad, a beneficiarios de la AUH) y 1,59 millón de pensiones no contributivas, con alto predominio por discapacidad.
El Pami, en tanto, paga 545 mil bolsones de alimentos. Es decir que el Estado sostiene (sin contar a los empleados públicos ni a los jubilados) a unas 12 millones de personas.
Ninguna de esas personas deja de ser pobre por percibir un plan. Quizá emerge de la línea de indigencia, pero nada más.
Por diferentes razones, pequeños atisbos, da la sensación de que esa patria subsidiada está agotada. La gente reclama trabajo. Hasta en los estudios de tendencias de consumo, según reveló el titular de la consultora W, Guillermo Olivetto, la misma gente que cobra planes reniega del plan: pide un empleo.
Lo reconoció hace algunos días Alberto Fernández: “Los planes sociales son un analgésico para pasar el momento; no pueden ser la regla, tienen que ser una excepción. La regla tiene que ser trabajar”.
El papa Francisco también se inscribió en esta nueva corriente: “No se puede vivir de subsidios, porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo diversificadas que permitan a todos construir el futuro con el esfuerzo y el ingenio”.
Ayer la misma CGT, en el segundo festejo por la lealtad peronista, pidió por trabajo productivo.
¿Será el nuevo paradigma en el que se inscribe la Argentina? ¿Un giro a la derecha o una señal de que la aspiración de ser un país normal no está totalmente detonada? ¿Cómo puede ser sostenible un país en que la cuarta parte de su población recibe algunos pocos pesos para sobrevivir? ¿Somos apenas capaces de garantizar la paz social a fuerza de transferencias económicas y nada más?
De ser así, se trataría de un fenómeno totalmente disruptivo: la gente no quiere la plata regalada, sino que reclama un salario y una actividad para hacer.
Esto podría surgir por varias razones. Primero, porque el subsidio –aun acumulando varios planes- no alcanza para vivir. Una asignación universal paga 5.063 pesos por hijo; la tarjeta Alimentar paga 9.000 pesos para familias de dos hijos y 12 mil desde tres. La beca Progresar son 2.250 pesos y el Potenciar Trabajo, 15.552. Nada es suficiente para un país que cabalga al 52% de inflación interanual.
Segundo, porque hay un fenómeno no menor y totalmente transversal a todas las clases socioeconómicas, que se espejan en las redes sociales: el trabajo te permite elegir, pensar, decidir, viajar, consumir, estudiar, reunirte. El trabajo es aglutinador de deseos, de proyectos, de aspiraciones. El trabajo permite que los hijos estén mejor. Y no importa en qué parte estés de la pirámide, si arriba o abajo, todos queremos que nuestros hijos estén mejor de lo que estamos nosotros. Si vivimos de planes sociales eso sencillamente no es posible.
Y tercero porque después de 20 años, la conclusión es que los planes sociales no han servido para que estemos mejor. Ese gran aparato de ayuda estatal, siempre motorizado por el clientelismo político sirvió para evitar un estallido en la calle, como pasó en 2001, pero no sirvió para crecer, ni siquiera para moderar la pobreza.
Pero esa demanda de trabajo, tan visceral, tropieza con un problema gigantesco: no puede ser cumplida. La dirigencia política no puede ofrecer trabajo genuino. Desde 2001 a esta parte, el empleo estatal se triplicó y no hay demasiado margen para seguir inventando cargos en la órbita pública. Lo que se reclama es empleo privado.
Con los impuestos al trabajo vigentes y con las reglas que hoy rigen al mercado laboral, no es posible. Sin crecimiento a la vista y con tantas inconsistencias macroeconómicas, no hay chances de que la Argentina genere empleo privado, estancado desde hace 15 años en torno de los seis millones de argentinos, poco más, poco menos.
Hasta el periodista ultra K Diego Brancatelli dijo que contrataría, en su supermercado en Caseros, el doble de los empleados que tiene si no tuviese que pagar lo que hoy se debe pagar. “Yo no quiero que sea más fácil despedir, pero tampoco que cuando vos despidas a alguien te tengas que fundir porque te hacen juicio con cosas que son inexistentes y siempre tienen la razón y es imposible sostener”, remató.
Lo grave de todo es que nadie está pensando en cómo desarmar ese corsé. Hay propuestas voluntaristas, como que las empresas tomen a quienes cobran hoy un plan aplicando a cuenta del salario el monto de la ayuda social. Pero nada capaz de resolver esa demanda tan genuina como visceral: a la gente no le alcanza con un plan, aunque el Estado comprometa dos puntos del déficit fiscal en ese renglón. La gente quiere trabajar.
