La Salud fue históricamente un escenario de conflictos. Las tensiones han ocupado centralidad en el escenario político cordobés en más de una ocasión, con cuestiones que están vinculadas con lo estrictamente sanitario y la prestación de un servicio esencial pero también con intereses económicos y partidarios.
Al estallar este conflicto salarial con el personal de los equipos de salud, surgen evocaciones de otros episodios, en especial el que signó la gestión como gobernador de Ramón Mestre, que puso fin a 16 años de gestiones radicales y el comienzo de la actual era de gestiones justicialistas.
Hay, por cierto, diferencias tanto en el contexto político como en la naturaleza de la situación planteada en los hospitales provinciales.
Sobre aquel conflicto de Mestre sigue habiendo hoy, cuando ha pasado un cuarto de siglo, diferentes interpretaciones y conclusiones.
El origen estaba vinculado al ajuste que llevó adelante el fallecido exgobernador apenas asumió después del colapso financiero provincial que había provocado la salida anticipada de su correligionario Eduardo Angeloz.
Mestre aplicó la tijera en casi todos los sectores de la administración pública pero tuvo grandes problemas cuando la poda llegó a dos prestaciones esenciales: Educación y Salud.
Los ajustes en Salud iban en diversas direcciones. Por un lado, aceleró la descentralización de los servicios con transferencias a municipios con los recursos correspondientes. El argumento era que la cercanía de las gestiones locales generaban una mejor administración de los recursos. Fue lo único que en materia sanitaria no tocó José Manuel de la Sota después de sucederlo a Mestre.
Esa política de descentralización tuvo un fuerte impacto presupuestario, ya que Salud pasó del 17 al 10 por ciento en la incidencia del presupuesto total, cifra que se ha mantenido en las sucesivas gestiones.
Pero las protestas allá por 1998 pasaban por otro lado. Mestre ordenó una larga lista de medidas. Dio de bajas numerosos contratos y residencias médicas, eliminó la doble licencia sanitaria, impusó un severo control de asistencia.
El propio gobernador explicaba en los medios que había muchos profesionales de salud que se desempeñaban en el ámbito privado y que sólo pasaban un rato por los hospitales. A muchos los obligó a tener dedicación exclusiva. No sólo obligó a marcar tarjeta sino que efectuaba un control de asistencia sorpresivo, que derivó en descuentos salariales y sanciones severas.
Las protestas del personal de Salud se prolongaron durante largo tiempo, lo cual afectó aún más la prestación del servicio. Hubo denuncias judiciales cruzadas, cuando ya la campaña electoral estaba lanzada, con Mestre buscando la reelección y De la Sota intentando por tercera vez acceder a la Gobernación.
El radical acusaba al justicialista de fogonear el conflicto mientras que el entonces opositor prometía anular el ajuste mestrista.
“Hay que devolverle el manejo de la Salud a los médicos”, planteaba De la Sota. “Se trata de una reacción corporativa”, sostenía Mestre.
Buena parte de los que lideraron la protesta desde las gremiales médicas hospitalarias terminaron con cargos en la gestión de De la Sota, que no sólo anuló la medidas sino que hizo acuerdos con las entidades que agrupan a los profesionales de la Salud para que ocuparan los cargos políticos en esa cartera y con los empresarios del rubro para un sistema de gerenciamiento del entonces Ipam, actual Apross.
Parturientas con la Infantería
También hubo cambios en la especialización de los hospitales y el traumático cierre de algunos establecimientos, como el Misericordia y el Pediátrico.
Ese fue uno de los puntos más álgidos y de fuerte carga simbólica del ajuste sin criterios sociales y políticos del mestrismo. Ocurrió en la noche del sábado 6 de febrero de 1999, un mes y medio después de haber perdido la elección.
Se había inaugurado el Hospital Materno Neonatal, el mismo que es objeto hoy de una compleja investigación judicial por las muertes de bebés. Pero en el Misericordia y en el Pediátrico había muchas pacientes en obstetricia que se negaban a cambiar de hospital y numerosos empleados que se negaban a cambiar de lugar de trabajo.
Familiares y personal de Salud se oponían al traslado. El Gobierno dispersó con la Policía a manifestantes frente a ambos nosocomios con balas de goma y trasladó con personal del Eter y de la Guardia de Infantería.
Newsletter
Si te interesa recibir noticias de Río Cuarto en tu correo cada semana, suscribite gratis a este newsletter en el espacio de abajo.
