Las resoluciones judiciales están generando cada vez más ruidos en la política cordobesa.
A todo el revuelo que generó el fallo sobre las muertes en el Neonatal, un caso que parece lejos de cerrarse pese a las sentencias dictadas, se sumó la palabra de uno de los condenados, el exsubdirector administrativo Alejandro Escudero Salama.
El abogado que estaba en un puesto clave en la conducción del hospital sostuvo que hay “un encubrimiento político judicial” para que no haya “ninguna condena a un ministro” (en alusión a su exjefe Diego Cardozo, absuelto en el juicio) y deslizó que el exgobernador Juan Schiaretti sabía de las muertes de bebés antes de que el escándalo estallase en los medios. Los voceros del entonces mandatario habían asegurado que este desconocía todos los hechos hasta mediados de agosto de 2022.
Por cierto, es la palabra de alguien que está condenado y que buscará la revisión de esa sentencia en el Tribunal Superior. Pero es una voz más que plantea con mucha crudeza esto de avanzar con las actuaciones judiciales hasta un determinado nivel de responsabilidad.
Escudero Salama le puso nombre y apellido a la persona que él cree le avisó a Schiaretti: el fiscal adjunto José Gómez Demmel, sindicado en Tribunales como el operador político del exgobernador.
El juicio del Neonatal dejó todo tipo de interrogantes y profundizó esa sensación de que hay límites en la Justicia provincial respecto de sobre quiénes avanzar. La venda sobre los ojos parece bastante corrida.
Horas después de esas expresiones del abogado y exsubdirector del Neonatal, se conocía la elevación a juicio para otro exministro de Schiaretti, Alfonso Mosquera, en la causa que investiga gravísimos cargos de violencia de este contra una expareja.
Pero el exministro de Seguridad tiene una causa dormida en Tribunales por supuestas dádivas para encubrir el asesinato de Blas Correas y no se planteó nunca ni como hipótesis investigarlo por presuntos hechos de corrupción que se pueden desprender de la causa por violencia de género.
Es que Mosquera tenía una relación con una subordinada, que en su denuncia narra un nivel de vida que no se corresponde con sus ingresos y que lo atribuye a los aportes del exministro mientras duró el vínculo.
Desconfianza
No obstante, el gran tembladeral en el Gobierno provincial está planteado en Seguridad con esta compleja situación de dos casos que llevaron a la cárcel al exsubjefe Alejandro Mercado y al exjefe de la Caminera Maximiliano Ochoa Roldán.
En la prisión preventiva de Mercado, el fiscal Enrique Gavier trazó una serie de lazos de la banda que se asegura lideraba el exsubjefe de Policía con otros sonados casos de corrupción como las causas Apross o Bomberos.
De las lecturas de casi 300 páginas, surge cómo se van conectando hechos en los que están implicados importantes personajes del poder de Córdoba.
Las causas de Mercado y Ochoa Roldán tienen un denominador común, según las investigaciones: el uso de muy sensibles y secretos datos policiales para cometer delitos.
A los cuestionamientos ciudadanos sobre el flagelo de la inseguridad –que lejos está de ser un patrimonio exclusivamente cordobés– se suma la desconfianza en las instituciones que deberían velar por esa seguridad. Con una respuesta institucional que se aleja de la recuperación de la confianza.
Guillermo González, el fiscal que investiga el accionar del exjefe de la Caminera y sus presuntos secuaces –y que ordenó sus detenciones– informó el hecho al lado del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, quien tuvo durante toda su carrera a Ochoa Roldán como su segundo y asistente.
La independencia judicial hace rato se ha desdibujado en Córdoba. Se suma que Ochoa Roldán y otros acusados son defendidos por un concejal del peronismo cordobés, Ricardo Moreno, más allá de que no existe ninguna limitación legal para que lo haga y de que una defensa profesional no implica más que ese vínculo con el acusado y los hechos.
Pero nada aporta para recuperar la confianza ciudadana. Incluso la insistencia en que los datos obtenidos por multas por la Caminera no están dentro de lo que se investiga en esta causa.
