El poder adquisitivo de todos los empleados públicos argentinos se vio fuertemente golpeado desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. El plan de ajuste conocido como “motosierra” tuvo entre sus principales focos el recorte del gasto en salarios estatales, y los números muestran que, más de un año y medio después, esa política se sostuvo.
Sin embargo, la caída real de los salarios públicos siguió trayectorias marcadamente diferentes entre los niveles nacional y provincial.
Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), los salarios reales de los trabajadores del sector público nacional se desplomaron un 32,6% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, mientras que los correspondientes a los empleados provinciales registraron una baja mucho menor: 6,3% en el mismo período.
Ambos grupos comenzaron en una situación similar: en enero de 2024, los salarios de los empleados públicos, tanto nacionales como provinciales, habían perdido cerca del 22% de su poder de compra respecto de noviembre del año anterior, tomando como base un índice 100.
Diferentes caminos
A partir de entonces, las trayectorias se bifurcaron. Los sueldos del sector público provincial (que incluye a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) iniciaron una recuperación gradual que, con altibajos, se mantuvo hasta mediados de 2025.
En cambio, el salario real nacional mantuvo una tendencia descendente sostenida, acumulando una pérdida progresiva a lo largo del año y medio siguiente.
El índice de salario real, elaborado por el economista Nadin Argañaraz en base a datos del Indec, da cuenta de esa diferencia. En septiembre de 2025, los salarios provinciales se ubicaban en un nivel de 93,7 puntos, mientras que los nacionales descendían hasta los 67,4.
Este comportamiento dispar se explica, en parte, por las políticas salariales adoptadas por cada nivel de gobierno y por la evolución del gasto público en remuneraciones.

Según el mismo informe del Iaraf, el gasto salarial de las provincias creció un 11% en términos reales durante el primer semestre de 2025, mientras que en el ámbito nacional se registró una caída del 5%.
La variación no sólo responde a los aumentos salariales aplicados, sino también a los cambios en la dotación de personal en cada jurisdicción.
Aunque el informe no precisa cuántos empleados ingresaron o egresaron de las plantas estatales, se infiere que las provincias adoptaron una política expansiva (o al menos de mantenimiento), mientras que el Gobierno nacional avanzó con un ajuste más severo.























