Después de un año de colaboración con el Gobierno nacional, los gobernadores dieron una contundente demostración de fuerza que, por primera vez, marcó una distancia con Javier Milei: lograron que la oposición apruebe en el Senado dos proyectos consensuados para que el presidente ceda en su plan de ajuste y libere fondos que les corresponden a las provincias.
Las iniciativas significaron el cuarto golpe al hilo recibido por Milei en la sesión, donde antes se sancionaron los dos proyectos jubilatorios, la emergencia en discapacidad, y se ratificó la ley vetada por el presidente sobre asistencia financiera a la ciudad de Bahía Blanca por las últimas inundaciones.
Los proyectos elaborados por gobernadores obtuvieron 56 votos a favor y uno solo en contra, del cordobés Luis Juez (PRO). Ahora pasaron a la Cámara de Diputados, pero el tratamiento se dilata por el receso invernal y quedará para agosto, justo el mes donde se cierran las alianzas y las listas de candidatos nacionales para las elecciones legislativas de este año.
Uno de los proyectos que obtuvieron luz verde ordena la distribución diaria y automática de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) según el régimen de coparticipación. “Todos esos ATN (que deberían ir a las provincias y el Gobierno los retiene), cuando hay emergencias Nación no los gasta, y cuando hay desequilibrios no los transfiere. Entonces los gobernadores, con prudencia, piden repartirlos tal como dice la Ley de Coparticipación”, explicó Martín Lousteau (UCR).
El otro proyecto aprobado elimina una serie de fondos fiduciarios que están en desuso y que son financiados, en buena medida, con el impuesto a los Combustibles Líquidos. Como la Nación sigue recaudando ese tributo pero nos fondos no se ejecutan, los gobernadores proponer redistribuir el producido de manera que las provincias reciban la mayor parte.
Los fondos que se suprimen son los de Infraestructura Hídrica, Infraestructura de Transporte, Sistema Vial Integrado, Fondo Compensador del Transporte, Desarrollo Eléctrico del Interior y Fondo Nacional de la Vivienda. Y para el ICL se establece el siguiente reparto: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias, y 28,69% para la seguridad social.
Los proyectos fueron consensuados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, quienes no lograron respuestas satisfactorias por parte del gobierno de Milei. Muy por el contrario, el presidente subió la apuesta y en una entrevista periodística acusó a todos los mandatarios, sin distinción política, de intentar “destruir” su gestión.
En la sesión del Senado, donde están representadas las provincias, la voz de los gobernadores se hizo oír. Con los senadores oficialistas ausentes (se fueron del recinto para no legitimar la sesión, que consideraron inválida por distintos motivos), la oposición monopolizó el debate y logró aprobar los proyectos sin dificultad, con la mayoría de dos tercios que se necesitaba al no tener dictamen de comisiones.
“Hay una emergencia que nos está planteando la necesidad de avanzar. El Gobierno tiene que saber que estamos llamando la atención, que hay que redistribuir los fondos que, por otro lado, no son recursos propios de la Nación, sino de las provincias. Necesitamos que se redistribuyan esos fondos para que el país avance entre todos, no para que le sirva al presidente o al ministro de Economía”, planteó la cordobesa Alejandra Vigo, representante del gobernador Martín Llaryora.
La legisladora sostuvo que “las provincias son las que sostienen en cada territorio la atención de la salud, la educación, la seguridad y la justicia”, y agregó que “si esos fondos no están, obviamente (esos servicios) se resienten”.
Tras afirmar que los proyectos “no fueron elaborados caprichosamente”, dijo que “los gobernadores son quienes conocen al dedillo los problemas de cada provincia”. Puntualmente, se refirió a los subsidios al transporte y detalló que “en Córdoba son $8.000 millones mensuales que comenzaron a restringirse”, mientras “en prácticamente todos los lugares del mundo el transporte es subsidiado”.
El correntino Eduardo Vischi, jefe del bloque radical y alfil del gobernador Gustavo Valdés, explicó que se llegó a esta situación por la falta de ley de Presupuesto dos años seguidos y la “discrecionalidad” que eso le da al Poder Ejecutivo para administrar las partidas.
“Se valora el equilibrio fiscal, pero sin un Presupuesto no sabemos dónde están las prioridades. Hoy sabemos que las prioridades están en los jubilados y los discapacitados”, sostuvo Vischi, que supo ser muy cercano al oficialismo pero esta vez se diferenció. Para el legislador, la propuesta de los gobernadores “no fue un acto de oposición, sino de madurez”.
De parte de Río Negro, gobernada por Alberto Weretilneck, la senadora Mónica Silva advirtió que “estamos volviendo a un debate del siglo XIX: centralismo versus autonomías provinciales. Creíamos que habíamos avanzado, pero aparentemente nunca vivimos en un periodo de centralismo tan discrecional como el que vivimos hoy”.
En nombre de Catamarca, Guillermo Andrada, espada legislativa de Raul Jalil, coincidió en que “las provincias, además de hacer el ajuste, están haciendo lo que no hace la Nación”, y agregó que “sin duda las provincias están sufriendo: la coparticipación cayo el año pasado un 10% y las transferencias no automáticas un 75%”.
Al cierre del debate, el líder de Unión por la Patria, José Mayans, hizo mención al vacío que le hicieron los gobernadores a MIlei en el acto por el 9 de julio en Tucumán (al que finalmente no fue). El formoseño denunció un “destrato” por parte del presidente. “Cuando hay varios gobernadores que le dicen que está este problema con el plan económico, el presidente prácticamente los humilla públicamente”, se quejó.
