El “plan motosierra” del presidente Javier Milei recibió un puntazo este jueves en el Senado, donde la oposición tumbó definitivamente cinco decretos de desregulación del Estado ideados por el ministro Federico Sturzenegger. Fue por abrumadoras mayorías donde confluyeron Unión por la Patria, la UCR, bloques federales y, en algunos casos, también el PRO.
Se voltearon los decretos delegados de eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (461/25); transformación del Inta y el Inti (462/25), del Banco de Datos Genéticos (351/25) y de distintos organismos culturales (345/25); y el DNU 340/25, que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante y limitó el derecho a huelga.
Las reformas, que ya contaban con el rechazo de la Cámara de Diputados, quedaron de esta forma sin efecto, aunque algunas ya están frenadas por la Justicia a través de medidas cautelares, como el cierre de Vialidad y la reforma del Inta.
Los decretos de Vialidad e Inta/Inti fueron los más vapuleados: recibieron 60 votos en contra y solo 10 a favor. El de organismos de Cultura obtuvo 57 votos en contra y 13 a favor; el del Banco de Datos Genéticos, 58 en contra y 12 a favor; y el de la Marina Mercante, 55 en contra y 13 a favor, con tres abstenciones.
El Gobierno perdió apoyo de sus socios del PRO en algunas votaciones, y de la UCR en todas. “Ha sido una falta de inteligencia llevar este proceso adelante”, reconoció el líder del bloque radical, Eduardo Vischi. Entre los cordobeses, Luis Juez (PRO) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas) votaron todo en contra del Gobierno. También tomó distancia del oficialismo el aliado salteño Juan Carlos Romero, que se abstuvo en todos los casos.
La Libertad Avanza y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) fueron los únicos que defendieron todos los decretos. “Vinimos a mantener las funciones (de los organismos) y sacar a toda la militancia kirchnerista del Estado Nacional”, argumentó el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche.
Los decretos
Salvo el DNU, los decretos restantes fueron dictados en el marco de las facultades que el propio Congreso le delegó a Milei en la Ley Bases para “eficientizar” el Estado. Pero a más de un año de vigencia de esa ley, los senadores no oficialistas coincidieron en que el presidente cruzó límites: lo acusaron de desconocer el trabajo y el prestigio de los organismos ajustados, y hasta de buscar hacer negociados.
“Al Poder Ejecutivo le cuesta entender que si no hay políticas públicas, si no hay gestión, nunca va a funcionar ningún organismo. Es una visión absolutamente sesgada de una realidad que no se conoce”, lamentó la cordobesa Vigo, que advirtió que el Gobierno aplica un ajuste “indiscriminado” donde “todo da lo mismo”.
El decreto de Vialidad fue uno de los más cuestionados. “Para algunas provincias, es como si nos cortaran las piernas”, describió Vigo. En sintonía, la chubutense Edith Terenzi, que responde al gobernador Ignacio Torres, denunció que “al Gobierno nacional se le terminó el país en Bahía Blanca” porque posterga las rutas nacionales de la Patagonia, que “no son rentables”.
Hasta el aliado oficialista Romero criticó la medida de Milei, aunque en la votación se abstuvo. “La política usó Vialidad como centro operativo de la corrupción y no por esto vamos a castigar el organismo”, dijo en alusión al caso de la expresidenta Cristina Kirchner.
Otro de los decretos más rechazados fue que el desarticuló el Inta, el Inti, el Instituto Nacional de Semillas, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis, y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.
Silvina García Larraburu (Unión por la Patria-Río Negro), presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, detalló el tenor de los cambios en el Inta. “Se termina con la conducción federal y plural del instituto y se ponen en riesgo más de 15 centros regionales, 52 estaciones experimentales, 300 agencias de extensión, 6 centros de investigación y 22 institutos”, enumeró.
También señaló que “se van a enajenar 27 mil hectáreas”; que “el Inta será un ente centralizado”; y que “hay más de 1.500 trabajadores pasados a disponibilidad”. En ese marco, la senadora reveló que recibió cientos de llamados, mensajes y notas de empleados que reclaman dar marcha atrás con la medida.
Sobre las modificaciones en el Banco de Datos Genéticos habló el camporista Eduardo “Wado” De Pedro, que es hijo de padres asesinados y desaparecidos en la última dictadura. “Bajo el verso del ajuste y la eficiencia, le están quitando competencia a un organismo donde trabajan solo 37 personas”, blanqueó.
Por eso, De Pedro le dio al decreto un trasfondo político y lo vinculó con un intento de “volver a una Argentina de la impunidad y frenar las herramientas que la democracia diseñó en 40 años para terminar con esa etapa horrible”.
También quedó sin efecto el decreto que reestructuró el Instituto Nacional del Teatro; los institutos nacionales Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas; la Conabip (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares); y la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos.
“Parte de estos decretos se llevan puesta una construcción histórica, que es perfectible, porque ninguna de las instituciones mencionadas es perfecta, pero lo que tenemos que hacer es construir sobre la base de lo ya hecho y no destruir”, fundamentó Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).
Por último, se rechazó el DNU que estableció un nuevo régimen de la Marina Mercante. “Este DNU no fue escrito por Milei ni por Sturzenegger, sino que fue hecho a pedido de una multinacional francesa, Dreyfus, que tiene gran incidencia sobre todas las barcazas en la flota paraguaya, y que viene por el monopolio de la Marina Mercante”, denunció sin tapujos Jaime Linares (Unión por la Patria-Chubut).
