Cuando el Gobierno no había terminado de asimilar el rechazo al DNU de gastos reservados de inteligencia en la Cámara de Diputados, recibió su segundo revés parlamentario en 48 horas: el Senado sancionó la ley de movilidad jubilatoria por dos tercios de los votos y condicionó de esa manera un veto del presidente Javier Milei.
El dato saliente de la votación fue el apoyo de todo el PRO, salvo una única excepción, de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Con Luis Juez a la cabeza, el bloque votó con la oposición y volvió a tomar distancia del Gobierno horas después de haber rechazado en Diputados el DNU de la Secretaría de Inteligencia (Side).
El proyecto obtuvo luz verde con 61 votos a favor (de Unión por la Patria, la UCR completa, el PRO y todos los bloques provinciales) y 8 votos en contra (de La Libertad Avanza y Álvarez Rivero). La vicepresidenta Victoria Villarruel se retiró del recinto tras los discursos de cierre y, sugestivamente, estuvo ausente al momento de la votación.
Mientras que Juez votó a favor y Álvarez Rivero en contra, la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) estaba de regreso de un viaje por Estados Unidos junto a otros dirigentes y no llegó a la sesión, al igual que el radical Maximiliano Abad.
Los dos tercios no solo se alcanzaron en la votación en general, sino también en cada uno de los artículos. En la votación en particular, el PRO (salvo la larretista Guadalupe Tagliaferri) no acompañó tres artículos que implican costo fiscal (el 2, el 4 y el 10), a pedido del Ejecutivo.
El radical Víctor Zimmermann, un senador alineado al gobernador chaqueño, Leandro Zdero, y afín al Gobierno, propuso modificar uno de los artículos para morigerar el impacto fiscal, pero no lo logró. De lo contrario, el proyecto habría regresado a Diputados en segunda revisión y se habría retrasado la sanción de la ley.
Milei cargó contra la decisión del Senado a través de un reposteo del subsecretario de Prensa, Javier Lanari. “El costo político lo van a pagar los degenerados fiscales”, escribió el funcionario. “Él es un degenerado social”, le respondió desde el recinto la kirchnerista Juliana Di Tullio.
Asimismo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Poder Ejecutivo vetará la ley. “Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal, que es nuestra columna vertebral, se va a vetar”, anticipó en su conferencia de prensa diaria. El impacto fiscal de la ley está calculado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en 0,4% del PBI.
La flamante ley aumenta mensualmente las jubilaciones por IPC (Índice de Precios al Consumidor), tal como estableció el Poder Ejecutivo por decreto. Pero además, fija por única vez una compensación del 8,1% para sumar al 12,5% ya otorgado por el Gobierno por DNU, y de esa forma alcanzar el 20,6% de inflación registrada en enero. El Gobierno buscaba que el incremento fuera a partir de la sanción de la ley y no de forma retroactiva.
Asimismo, se establece un aumento extra para las jubilaciones si los salarios crecen más que la inflación, algo pensado para un escenario de crecimiento económico. El incremento será equivalente al 50% de la variación del RIPTE por sobre el IPC. El radical Zimmermann propuso bajarlo al 25%, pero el cambio no prosperó.
La norma también establece que el haber mínimo debe ser equivalente a 1,09 canastas básicas totales calculadas por el Indec, esto es, entre $ 315 mil y $ 320 mil a valores de julio. Zimmermann pidió, sin éxito, “dejar para más adelante” ese artículo.
Asimismo, se instruye a la Anses a cancelar, con los recursos tributarios que tengan asignación específica a la seguridad social, la totalidad de las deudas de la Nación con las cajas provinciales no transferidas (como la de Córdoba) y los juicios de jubilados con sentencia firme.
“El objetivo es recuperar y mantener el poder adquisitivo de los jubilados”, resumió el camporista Mariano Recalde al defender el dictamen de mayoría de la oposición, y señaló que la ley tiene “el mismo costo que haber modificado el impuesto a los Bienes Personales que se aprobó hace poco en el Congreso” dentro del paquete fiscal.
“No se trata de un problema de falta de recursos. Los recursos están y se destinan a otras cosas”, sostuvo el senador de Unión por la Patria, y agregó que “aprobar esta ley es un acto de Justicia, porque hoy los jubilados no llegan a cubrir la canasta básica”.
En el mismo sentido se expresó el titular de la UCR, Martín Lousteau. “Para gastos reservados de la SIDE hay plata, para jubilados no hay plata. Esto es inmoral. La prioridad debe ser la contraria”, consideró. Y afirmó que “más de un tercio del ajuste” aplicado por Milei fue pagado por los jubilados, que desde 2017 “perdieron casi la mitad de sus ingresos”.
Además del kirchnerismo, el radicalismo y el PRO, acompañaron la ley los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Frente de la Concordia Misionero); José Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz); Carlos Espínola y Edgardo Kueider (Unidad Federal); Juan Carlos Romero, Andrea Cristina y Edith Terenzi (Cambio Federal); Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Comunidad Neuquén).
En nombre de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche calificó la ley como “un parche más” y reivindicó los aumentos otorgados por el Gobierno. Según repasó, fueron del 27,18% en marzo, 13,2% en abril, 11% en mayo y 8,83% en junio, más los bonos. “La mayoría de los meses venimos aumentando más de lo que aumenta la inflación”, destacó.
La cordobesa Álvarez Rivero también rechazó el proyecto “por responsabilidad”. La senadora, que encabezó el debate en comisiones como presidenta de Trabajo y Previsión Social, denunció que “el peronismo no ha parado de destruir el sistema jubilatorio” y cuestionó las sucesivas moratorias.
Álvarez Rivero también apuntó contra el “desmanejo de las cajas provinciales de jubilaciones” y dijo que, en el caso de Córdoba, “a pesar de que está sostenida con el aporte de empleados del Estado provincial y municipal, tiene un déficit que este semestre es de 45.000 millones de pesos, que lo pagamos todos los cordobeses”.
