Un empleado de la Municipalidad de Córdoba que revista en la repartición Córdoba Obras y Servicios (Coys), encargada de la limpieza de la ciudad, habría conseguido grandes ganancias en sueldos en organismos públicos, pese a que, según la Justicia, no habría cumplido con su presencia en el lugar de trabajo.
El dato quedó expuesto a partir del último procesamiento que decidió la Justicia federal contra los dirigentes del gremio de recolectores de Córdoba, Surrbac, por el cual se volvió a procesar a varios sindicalistas por lavado de dinero y por asociación ilícita, delitos que habrían cometido aprovechándose del dinero de los afiliados del gremio.
Sindicalista con tres trabajos
Se trata del integrante de la comisión directiva del Surrbac Daniel René Ayerbe, quien, según declaró cuando fue a la Justicia, tiene tres trabajos simultáneos.
Ayerbe se desempeña como secretario de relaciones institucionales del gremio, según figura actualmente en la página oficial del Surrbac.
Al mismo tiempo, Ayerbe dijo que tiene otro cargo en la administración pública, como empleado en relación de dependencia de la Municipalidad de Córdoba, a través del Coys.
Finalmente, Ayerbe también aseguró que se desempeña como director de la Corporación Intercomunal para la Gestión Sustentable de los Residuos del Área Metropolitina de Córdoba (Cormecor), organismo que integran varias localidades del Gran Córdoba, pero donde tiene mayor peso la opinión de la administración de Martín Llaryora.
En este mismo organismo apareció durante años, como director, Pascual Catrambone, la segunda autoridad del Surrbac detrás de Mauricio Saillén. Estos dos últimos se encuentran procesados y acusados de gravísimos delitos por presuntos hechos de corrupción que cometieron con los dineros de los afiliados del Surrbac.
Para la Justicia federal, es imposible que Ayerbe hubiera podido cumplir con las exigencias laborales de esas tres ocupaciones. El sindicalista, dijo el juez Ricardo Bustos Fierro en la resolución de procesamiento, “habría cumplido con una triple calidad de representación laboral, trabajando en forma simultánea en tres puestos de trabajo, cuestión que, además de ser de imposible realización, consiste en trabajos que presentan ciertas incompatibilidades en su función”.
La presidenta del Coys, María Victoria Flores, dijo a La Voz que Ayerbe hoy continúa en la nómina de empleados del organismo de limpieza, “pero no le pagamos el sueldo desde que llegó esta nueva administración”. Flores dijo que la Municipalidad decidió interrumpir el pago de las licencias gremiales a todos los dirigentes del gremio Surrbac, de su obra social y de su mutual.
Este medio intentó comunicarse con Ayerbe, pero sin conseguir respuesta. Su abogado. Roberto Saposnik, dijo que, por consejo de él, su cliente por ahora no va a hablar del tema, ya que se encuentran en medio de un proceso y esperarán la resolución final de la Justicia.
Lo que reveló su teléfono
Lo más grave es lo que surgió luego de que la Justicia federal realizara 13 allanamientos vinculados con la causa. Ayerbe, pese a aparecer como empleado de la Municipalidad de Córdoba, con un trabajo que debe realizarse por lo menos cinco días a la semana, en horario continuado y fijo, vive en el Valle de Traslasierra, en la localidad de Villa Cura Brochero.
Es decir, como empleado del Coys debería participar todos los días laborales en tareas de limpieza o recolección en calles de la ciudad de Córdoba. Pero vive a 155 kilómetros, en una localidad serrana donde es conocido porque administra un local bailable ubicado junto a la ruta 15, llamado Castillo Euzkadi.
En octubre de 2019, Ayerbe fue sancionado con 10 días de arresto por vender alcohol a menores de edad en ese boliche.
En el allanamiento a su vivienda en Cura Brochero, el 17 de febrero de 2020, la Policía secuestró de su habitación personal 1.544.100 pesos y 7.577 dólares.
Lo más llamativo es lo que descubrió el juzgado federal, viendo los datos de geolocalización del teléfono celular Samsung Galaxy que le secuestró a Ayerbe en el allanamiento.
Gracias a esos datos, se ve que, durante los años 2019 y 2020, Ayerbe se trasladó a la ciudad de Córdoba en muy pocas ocasiones.
Pese a eso, durante 2019, año en que no hubo restricciones por la pandemia, la Municipalidad de Córdoba le pagó en sueldos correspondientes a ese año 2.507.056,33 pesos. Esto fue confirmado por un informe de Afip.
Según la actividad de su teléfono, en el mes de mayo de ese año, cuando la Municipalidad le pagó, Ayerbe sólo habría venido a la ciudad de Córdoba el día 6 de mayo, y permaneció en su domicilio laboral del Coys solamente por una hora, de las 9 a las 10 de la mañana.
A lo largo de todo ese mes, además, el sindicalista del Surrbac solamente habría estado en su trabajo como directivo de Cormecor durante 22 horas, siendo que –calculó el juzgado–, si su horario laboral tuviera ocho horas, debería haber estado allí 166 horas. “En otras palabras –dice el juez–, el imputado habría concurrido a su puesto de trabajo menos de un cuarto de las veces que le hubiera correspondido”.
Los 40 empleados del Surrbac
Ayerbe es además uno de los 40 gremialistas del Surrbac que cobraba sueldo del Esop, el ente municipal que luego fue reemplazado por el Coys.
No sólo cobraban sueldos, sino que también se conoció que la Municipalidad, mientras gobernó el intendente Ramón Mestre, les pagaba licencias gremiales a todos los integrantes de las comisiones directivas del gremio, de la mutual y de la obra social. Algo único, al menos en toda la provincia de Córdoba. Muchos de esos sindicalistas llevaban años cobrando sin ir a sus lugares de trabajo.
Esta triple condición de Ayerbe, como empleado de la Municipalidad, sindicalista y directivo de Cormecor, le confirió, dice el juez, “un rol preponderante al detentar una posición inmejorable para permitir el acceso a diferentes negociados y desarrollar proyectos con otras instituciones y organismos”.
Fuentes judiciales señalaron que los gremialistas del Surrbac, Ayerbe entre ellos, iniciaron una demanda contra la Municipalidad para que les volvieran a pagar las licencias, tal como ocurrió en los anteriores años.
Al momento de conocerse que había 40 sindicalistas del Surrbac con licencia gremial, otro gremio vinculado al municipio, el Suoem, pese a tener una mayor cantidad de afiliados, informó que sólo tenía a dos dirigentes cobrando las licencias.
Para el juzgado federal, Ayerbe no iba a ninguno de sus trabajos. De ello, indujo que “sus nombramientos podrían ser meramente formales, con la finalidad de justificar ingresos, y a la vez de incrementarlos, lo que comúnmente se denomina en la jerga delictiva como ‘hacer caja’, lo que en términos técnicos constituye una defraudación al erario público municipal”.
Esta situación del sindicalista empleado de la Municipalidad fue considerada como un precedente para avanzar judicialmente contra él por el delito de lavado de activos.
En el procesamiento judicial conocido hace pocos días, Ayerbe fue procesado no sólo por lavado de activos, sino también por asociación ilícita.
