En el marco de un persistente conflicto gremial, una medida de fuerza protagonizada por el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) en el ingreso del predio de disposición final de residuos de Piedras Blanca generó no solo un caos vehicular y demoras en la recolección en la ciudad, sino también una denuncia penal por parte de la empresa municipal Cormecor.
El incidente, que tuvo lugar entre las 10 y las 12 de este lunes, pueso de manifiesto una vez más la grave tensión entre los reclamos sindicales y la continuidad de servicios públicos esenciales que presta la Municipalidad.
La protesta, calificada como una “asamblea sorpresa” por el propio gremio, se llevó a cabo este lunes en el acceso al predio de enterramiento, lo que provocó una larga fila de camiones recolectores sobre la ruta nacional 36.
La acción gremial, encabezada por Marcos Moyano, secretario gremial de Áreas Operativas del Suoem, forma parte de una estrategia de “visibilización de los reclamos” que el sindicato sostiene contra la gestión del intendente Daniel Passerini.
Los principales motivos detrás de estas movilizaciones son la “revisión de políticas laborales”, así como “mejoras salariales, condiciones laborales y estabilidad en los puestos de trabajo”.
Qué dice la Municipalidad
Desde la perspectiva de Cormecor, la maniobra sindical constituyó un “bloqueo total del acceso principal” al predio, ejecutado de forma “deliberada e ilegítima” por un “grupo numeroso de personas identificadas como integrantes del Suoem”.
La denuncia, presentada por Constanza Mias, presidenta del ente, describe cómo esta “paralización abrupta e injustificada” afectó directamente la “recolección, traslado, pesaje y disposición final de residuos sólidos urbanos”, comprometiendo “seriamente la continuidad del servicio”.
La obstrucción no solo generó una “congestión de vehículos sobre la ruta”, obligando a “decenas de vehículos de gran porte a detenerse de manera precaria sobre banquinas y márgenes de la ruta nacional”, sino que también creó “condiciones de alto riesgo para la seguridad vial”, exponiendo a terceros usuarios de la vía a colisiones y siniestros.
Más allá del impacto vial, la empresa alertó sobre “consecuencias inmediatas y graves para la salud pública y el ambiente”.
En su escrito, Cormecor subraya que la prolongada detención de camiones cargados con residuos “generó una innecesaria emisión de gases contaminantes, entre ellos dióxido de carbono, incrementando la huella ambiental del transporte”.
Además, advirtió sobre el “riesgo de descomposición anticipada de los residuos transportados”, configurando un “perjuicio ambiental concreto y un atentado al derecho colectivo a un ambiente sano”.
El accionar del Suoem fue calificado en la denuncia como una “perturbación ilegítima de la posesión del inmueble”, una afectación al “normal ejercicio de la actividad que Cormecor desarrolla en carácter de concesionaria” y un “entorpecimiento al cumplimiento de funciones públicas delegadas vinculadas a la gestión integral de residuos”.
Las características de la acción (“colectiva, organizada, obstructiva, sin comunicación ni causa legal”) son presentadas como una “demostración de un claro apartamiento del marco de protección constitucional del derecho a huelga”, encuadrándose como una “acción directa abusiva, arbitraria, antisocial y con efectos jurídicos lesivos”, que no solo perjudican a la empresa, sino también al “interés público general”.
La gravedad del episodio ha sido tal que, según Cormecor, los hechos narrados “fueron reflejados por distintos medios de comunicación locales”, reafirmando su “trascendencia y gravedad institucional”.
