El conflicto entre la Municipalidad de Córdoba y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) escala a un nuevo nivel esta semana. Mientras el gremio que nuclea a los empleados municipales anunció un plan de lucha con acciones sorpresivas, asambleas y un “quite de colaboración profundo”, el Ejecutivo avanza en el plano judicial con una ofensiva que incluye la presentación como querellante particular en la causa por los graves incidentes ocurridos en el edificio de la Justicia de Faltas.
Este lunes por la mañana, el administrador general de esa repartición, Juan Manuel Aráoz, mantendrá una audiencia con el fiscal Guillermo González. Allí, dijeron desde la Municipalidad, el funcionario aportará pruebas clave, pedirá celeridad en la investigación y solicitará ser admitido como querellante, una figura que le permitirá al Ejecutivo intervenir activamente en el expediente.
El objetivo, según fuentes municipales, es darle impulso a la causa que investiga los hechos ocurridos la semana pasada, cuando manifestantes del Suoem irrumpieron en el edificio, muchos de ellos encapuchados, con bengalas encendidas, gritos intimidatorios y daños a la documentación pública.
A raíz de lo sucedido, se iniciaron investigaciones administrativas internas que ya permitieron identificar a cuatro empleados municipales que habrían participado de la agresión. Sobre ellos, se pidió la apertura de los respectivos sumarios disciplinarios.
La Municipalidad no descarta que puedan surgir más responsables a medida que avance la pesquisa interna.
Desde el Palacio 6 de Julio aseguran que no se trata de criminalizar la protesta, sino de “marcar límites claros” respecto a lo que consideran conductas violentas e inadmisibles. La idea del Ejecutivo es dar una señal política y jurídica: el conflicto gremial no puede justificar amenazas, amedrentamientos ni daños al patrimonio público.
Amenazas
Mientras, del otro lado, el Suoem redobla la presión y lanza una semana cargada de tensión. A través de un comunicado difundido este domingo, el gremio anunció asambleas de dos horas por turno, un quite de colaboración profundo y acciones sorpresivas desde este lunes.
Aunque el acto central llegará el martes: convocaron a una asamblea general con Rubén Daniele a las 11 en el Palacio 6 de Julio.
“Donde vayan, ahí estaremos”, dice el comunicado gremial, que anticipa una estrategia de visibilización y confrontación directa con la gestión de Daniel Passerini. La conducción del Suoem entiende que el reclamo salarial está estancado, que hay demoras deliberadas en la negociación y que la reacción del Ejecutivo busca deslegitimar la protesta.
La posibilidad de que el municipio apele al Ministerio de Trabajo para convocar a una conciliación obligatoria está sobre la mesa, pero aún no fue confirmada. De avanzar, permitiría frenar las medidas gremiales por un plazo de 15 días mientras se retoma el diálogo.
No obstante, desde el gremio advierten que no están dispuestos a retroceder si no hay una propuesta concreta sobre la mesa.
Lo que comenzó como un reclamo salarial tomó un nuevo cariz: ahora, el conflicto también se libra en los tribunales y en el plano institucional.
La denuncia penal, los sumarios internos y la estrategia comunicacional del municipio marcan un endurecimiento evidente.
En paralelo, el Suoem apuesta a la presión callejera y a la visibilidad política de sus reclamos.
