El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ordenó este miércoles la libertad del exgobernador Sergio Urribarri y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
Ambos estaban detenidos desde el 19 de noviembre en la Unidad Penal 1 de Paraná.
Urubarri fue condenado a 8 años de prisión, ya que fue encontrado culpable de haber llevado adelante negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
El dato, no menor, es que el exgoberndor estaba preso, no para cumplir con esa pena, sino porque la Cámara de Casación Penal de su provincia había entendido que podría fugarse antes de que la Corte Suprema de Justicia revisara la sentencia.
Para decidir en el caso, el máximo tribunal de la provincia había decidido habilitar la feria. Y tomó la decisión en forma dividida ya que los vocales Leonardo Portela y Germán Carlomagno entendieron que el criterio del “riesgo de fuga” que había presentado la Fiscalía, y que tomó Casación, no se había acreditado de manera indubitable. Mientras que Miguel Ángel Giorgio, el tercer vocal, no estuvo de acuerdo y mantuvo el criterio de que siguiera preso.
La causa
El pasado 19 de noviembre, y luego de que la Cámara de Casación de Entre Ríos ordenara la detención de Urribarri, el exgobernador fue detenido.
El pedido de cumplimiento efectivo de la condena había sido solicitado por los fiscales entrerrianos Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Ramírez Montrull.
Los fiscales habían pedido el cumplimiento de la condena de Urribarri y de Aguilera, y luego de dar por “acreditados los requisitos de admisibilidad del recurso, afirmaron que para “los mismos solicitaban la prisión preventiva efectiva, fundada particularmente en el riesgo serio de fuga, en atención al monto de la pena y modo de ejecución impuestos por sentencia”.
Para los fiscales también habían quedado comprobadas las facilidades que tenían los imputados “para abandonar el país o permanecer ocultos” ya que se trataba de “personas con recursos económicos, que además se encuentran íntimamente vinculados a personas que pueden ayudarlos económicamente, que tienen capacidad para trasladarse de un lugar a otro y vínculos en el extranjero”.
En un fallo de 74 páginas, los camaristas habían sostenido que “encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso”, entendían que había motivos suficientes para “anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción”.
El caso de Urribarri se trató del primer gobernador de Entre Ríos condenado y preso desde la restauración de la democracia en 1983.
Como se dijo, en abril de 2022, Urribarri había sido condenado a ocho años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública. Así lo había decidido -por unanimidad- el Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa provincia, integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Elvio Garzón.
Por qué detuvieron a Urribarri
En la causa por la que fue condenado el exmandatario se lo acusaba de haber utilizado ilegalmente fondos públicos para financiar campañas electorales durante su mandato como gobernador, entre 2007 y 2015.
Entre las maniobras investigadas estaba la utilización de contratos de imprenta y publicidad para desviar fondos públicos, entre otros.
La fiscalía había solicitado la detención de Urribarri luego de que el Superior Tribunal de Entre Ríos rechazara su recurso extraordinario local, pero en un primer momento la Cámara rechazó el pedido.3 Finalmente, tras un recurso de la fiscalía, se ordenó la prisión preventiva.
Esta causa también tuvo repercusiones para la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien fue removida de su cargo tras un jury por mal desempeño.
Goyeneche, que coordinó la investigación contra Urribarri, esperaba que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la restituya en su cargo.
La Cámara de Casación de Entre Ríos, al confirmar la condena de Urribarri, había afirmado que las pruebas habían sido “legítimamente reunidas” y que se garantizó el debido proceso a los acusados. Además, Casación destacó el “volumen y contenido incriminador” de las pruebas, calificándolo como “pocas veces visto en este tipo de hechos”.
Entre otros datos destacados de su carrera política, el exgobernador fuera aliado del kirchnerismo y embajador en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández.
