Ya pasaron más de 100 meses de la resolución 125, que ponía en marcha un esquema de retenciones móviles a los granos. Fue sancionada por Cristina Fernández el 11 de marzo de 2008. Tras cuatro meses de enfrentamientos con el campo y un amplio abanico social, la expresidenta sufrió en el Senado la peor derrota de su gestión. ¿El tarifazo es la 125 de Mauricio Macri?
Como en el ejemplo anterior, la gestión macrista tuvo idas y vueltas que mostraron impericia técnica y política. El esquema técnico resultó fatal, por la combinación del alza del gas en boca de pozo, un incremento del consumo ante el invierno más crudo de los últimos 60 años y la modificación de la escala en los hogares.
Aparecieron boletas que equivalían a la mitad del sueldo promedio que cobran los argentinos.
El manejo político resultó peor. El Gobierno tardó cuatro meses en brindar una explicación clara sobre la herencia en materia energética, qué se proponía hacer y por qué no eligió un aumento más gradual para hogares y empresas, que atendiera las necesidades regionales. Recién lo hizo el martes último el ministro Juan José Aranguren en Diputados.
Acostumbrado a no ceder fácilmente en el terreno de los negocios, Macri impuso su criterio en el tarifazo de los servicios públicos. Raúl Alfonsín, Carlos Menem e incluso Néstor Kirchner tuvieron la habilidad de cambiar rápido sus estrategias cuando la derrota política asomaba en el horizonte.
Macri se empecinó en una política que ahora acaba de ser volteada por la Corte Suprema de Justicia para el 95% de los usuarios que demandan el 30 por ciento del gas que se consume.
El Gobierno celebró ese dato. Es una victoria a lo Pirro, ya que los amparos por el aumento de hasta el 500 por ciento para comercios (incluido el GNC) e industrias pronto llegarán a la Corte. El costo fiscal por el traspié del equipo de Macri es de 700 millones de dólares, según calculó Emilio Apud, exsecretario de Energía. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, no lo dijo con todas las letras, pero algunas obras públicas irán a un ritmo más lento o se postergarán para 2017.
Fue una derrota técnica que recae sobre las espaldas del equipo de Aranguren. Fue una derrota política que galvaniza a la oposición –en especial al kirchnerismo, que había ganado la calle y los tribunales con su rechazo a mejorar el déficit que dejó– y también a los gremios.
Macri debe entender que una parte importante de los argentinos exige buenos servicios, al nivel de los de Estados Unidos o Europa, pero pretende que se le cobre a precios latinoamericanos.
La falta de una estrategia alternativa generó incertidumbre sobre las futuras inversiones. Es posible que el Gobierno acuda a deuda para atender los subsidios al gas consumido entre abril y agosto, pero los que asesoran a los inversores ya comenzaron a advertirles que la reducción del déficit –prometida por Alfonso Prat Gay– no se cumplirá. Esto implica más billetes en la calle y un empujón a la inflación.
La suba de precios –que en julio estuvo por encima del 40 por ciento interanual– agita el fantasma de la reapertura de las paritarias, en especial de los trabajadores estatales, cuyos puestos están garantizados por la Constitución. El reclamo se generalizará.
La derrota del Gobierno tiene efectos colaterales no buscados por los que pagará un alto costo, fiscal y político.
