Tras “explotar” en lo mediático y político a finales de enero, la disputa por la por ahora frustrada compra de drones del Ministerio de Seguridad de la Provincia entró en una etapa de tensa calma. El último punto fuerte se vivió con la denuncia del ministro Juan Pablo Quinteros a los dos tribunos juecistas que conforman la mayoría del Tribunal de Cuentas (TCP), el órgano de control que frenó la adjudicación a la única empresa que reunió los requisitos para proveer el equipamiento, tras un proceso público de licitación.
En el inicio de la semana que pasó, al hablar en exclusiva con el streaming La Voz en Vivo, el gobernador Martín Llaryora aseguró que la Provincia comprará los drones “sí o sí”. Aunque no dijo bajo qué modalidad, la intención oficial imagina algún esquema en el que no esté incluido el filtro del Tribunal de Cuentas. “Buscan obstruir. No controlan, quieren hacernos daño político. La orden se las dio el senador Luis Juez”, repite Llaryora.
Ante este panorama, Beltrán Corvalán, presidente del TCP, y su colega juecista María Fernanda Leiva comenzaron a acumular información con la que, aseguran, pueden probar con números y valores que en la frustrada licitación había sobreprecio y direccionamiento de parte del Gobierno.
Cerca de Corvalán aseguran tener presupuestos de drones y camionetas similares a las que quería comprar la Provincia, con precios “muy por debajo” de los propuestos por la empresa ganadora. Los juecistas esperarán el próximo paso que tomará la Provincia. Si el Tribunal de Cuentas debe volver a expedirse sobre el tema, expondrán en ese expediente la información acumulada en las últimas semanas. Y en el caso más probable de que la Provincia evite al TCP, darán a conocer a la opinión pública esos supuestos desfases en la fallida contratación.
Siciliano, con camiseta de Argentina y mensaje anti EE.UU.
“Hace falta que te diga que yo no quiero ser Estados Unidos. Es que no te has dado cuenta del orgullo que me da ser argentino”. Con esa letra alterada de la versión original que Chico Novarro convirtió en un clásico, el ministro de Vinculación Institucional provincial, Miguel Siciliano, salió en los últimos días a contrastar con el clima pro norteamericano que invade al universo libertario.
Siciliano compartió un posteo en las redes en el que lo mientras toma mate, con la camiseta de la selección argentina puesta y tarareando la canción romántica de los años 1970. Cerca del funcionario dijeron que la intención era “mover un poco el avispero” del debate político, sobre todo en los segmentos más jóvenes. Se apunta a que la militancia del peronismo en las universidades empiece a activarse para enfrentar discursivamente en las redes los posicionamientos de los influencers que responden a La Libertad Avanza, muy activos en Córdoba.
Siciliano es uno de los dirigentes empoderados por Llaryora a finales de 2025 y que tiene vía libre para caminar la Capital en la carrera por la sucesión de Daniel Passerini al frente del Palacio 6 de Julio. “No será la única acción de este tipo”, dicen allegados a Siciliano.
Nuevo trabajo para un candidato
Desde el 9 de diciembre pasado, Rodrigo de Loredo estaba formalmente desempleado. El vencimiento del mandato del radical en Diputados marcó el punto final hasta aquí en cargos públicos.
Pero la condición laboral del excandidato a intendente capitalino cambió desde los últimos días. A diferencia de lo que hizo en 2017, cuando debió dejar el gobierno de Cambiemos luego de que el macrismo dispusiera una normativa antinepotismo (su suegro, Oscar Aguad, era ministro de aquella gestión) y se asoció con su hermano en un estudio jurídico dedicado al derecho laboral en Córdoba, ahora De Loredo se incorporó en Buenos Aires al estudio Saravia Frías, de renombre nacional.
El propio exdiputado contó en sus redes su nueva ocupación en el sector privado: “Es un honor contarles que me incorporo como (miembro) of counsel (consejero) al estudio Saravia Frías.
Continúo en mi actividad privada ejerciendo la profesión que me apasiona y en la que me formé. Con la convicción de que la experiencia en la gestión pública constituye un activo clave para el ejercicio de la abogacía”.
La categoría de “of counsel” –requiere dedicación parcial aunque asesoramiento permanente– lo tendrá a De Loredo con tiempo repartido entre Buenos Aires y Córdoba. El radical volvió a decir esta semana que en 2027 habrá una boleta con su nombre como candidato a gobernador.
