El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Angulo, encabezó el acto de apertura del año judicial, que coincidió con la conmemoración del centenario del máximo organismo judicial de la Provincia. Con la presencia del gobernador Martín Llaryora y de todo su gabinete, el acto también incluyó los lineamientos de trabajo para 2025.
“Estos cien años de trayectoria, si bien no son ajenos a la historia de nuestra provincia y de nuestro país, dan cuenta de los esfuerzos de una sociedad que ha bregado por afianzar el sistema republicano y federal como la vida democrática”, indicó Angulo, que en el inicio del discurso abordó los datos históricos que rodearon, en 1925, la profunda reorganización de la administración de justicia provincial, que incluyó la puesta en funciones del Tribunal Superior de Justicia, entonces presidido por Enrique Martínez Paz.
Tras realizar un minucioso repaso institucional del siglo, Angulo recalcó que “la historia la Justicia de Córdoba evidencia que en el camino recorrido se ha forjado ese diseño, el que se traduce en la independencia del Poder Judicial, en la calidad de las resoluciones que se dictan, en la vocación de servicio y en la probidad y austeridad de sus integrantes”.
“Estamos ante un Poder Judicial independiente, cualidad que es posible predicar tanto respecto de los poderes estatales como de terceros. Ahora bien, esta independencia exige no solo actuar en el marco de nuestras competencias, sino que conlleva el deber de dar cuenta de nuestro proceder”, indicó el titular del TSJ.
Insisitió con la cercanía del Poder Judicial con la comunidad y describió las tres principales líneas de acción para responder a las demandas de la sociedad: el Plan de Gestión Territorial del Conflicto Penal, el Sistema Integral de Flagrancia y la incorporación de nuevas fiscalías antinarcotráfico.
Sobre la continuidad del Plan de Gestión Territorial del Conflicto Penal, Angulo indicó que apunrta a fortalecer el trabajo integrado de las diferentes dependencias que tienen un rol activo en el abordaje de los casos penales y aseguró que las fiscalías de número de Capital se han hecho cargo de un territorio definido para combatir el delito, garantizándose que cada zona cuente con un fiscal exclusivo y permanente. “A un año de su implementación, el 95% de los equipos de trabajo señalaron que esto les permitió conocer mejor la conflictividad del territorio asignado; mientras que un 85.7% sostuvo que les ayudó a mejorar el tratamiento de las reiteraciones delictivas”, indicó.
Sobre el rediseño del tratamiento de los casos de flagrancia, indicó que entre septiembre y noviembre del año pasado, se llevó a cabo un Plan piloto de tramitación integral de estos casos: a partir de un número cerrado de causas se implementó un procedimiento que evidenció la posibilidad de resolverlos a través de audiencias tempranas en no más de 15 días en promedio. “Este programa comprende la puesta en marcha de dos Unidades Fiscales de Flagrancia, para recibir y procesar todos los casos de personas aprehendidas en flagrancia de Córdoba Capital, cerca de 9.000 casos anuales”, explicó.
“En materia de lucha contra el narcotráfico se ha avanzado en la integración de las Fiscalías de Instrucción Móviles para las ciudades de: Río Cuarto; Villa Carlos Paz; Cruz del Eje; Marcos Juárez; Bell Ville y Villa Dolores, creadas por la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana”, dijo Angulo, quien recalcó que el proceso transita su etapa final, con lo cual el mapa de Fiscalías Antinarcotráfico quedará totalmente integrado, lo que permitirá que las ya existentes concentren su capacidad operativa y delimiten su ámbito de actuación”, indicó Angulo.
También subrayó el avance de la oralidad en todos los fueros y la mayor interacción entre las partes y el magistrado o la magistrada que intervienen. “Juicios que antes demoraban años, hoy tienen un tiempo de resolución mucho menor. La inmediación del juez en instancia decisivas ha contribuido para que las partes, con debido asesoramiento, puedan encontrar una solución consensuada, que es la mejor forma de concluir un conflicto”, apuntó.
Asimismo, recordó que en los últimos años se han puesto en marcha nuevas herramientas de gestión como los Tribunales de Gestión Asociada (TGA) para hacer más eficiente el servicio. En este sentido, mencionó que este modelo de organización permitió aumentar en más del 90% las audiencias receptadas en causas de violencia familiar y de género, en modalidad doméstica, respecto al primer semestre de 2024. “También estamos dando respuestas específicas frente al flagelo de la violencia en todas sus formas y manifestaciones”, recalcó.
Admitió el dolor social que genera el delito. “La inseguridad, las carencias, los esfuerzos que se hacen para llevar una vida con dignidad; como también del dolor y del desamparo que se siente cuando alguien nos la arrebata. Es indudable que sentimos y también sufrimos frente a esas situaciones. No somos ajenos a ese dolor”, dijo el titular del TSJ, que cerró con palabras del papa Francisco: “Sin Justicia no hay paz”.
Primer TSJ
La historia indica que fue el gobernador Julio A. Roca (h) quien impulsó un proyecto para reforzar la independencia del Poder Judicial. La Convención Constituyente convocada a tales efectos se inició en enero de 1923 y estableció que el Poder Judicial sería ejercido por un Tribunal Superior, las Cámaras y los demás Tribunales Inferiores.
Esta ley que conformó el primer TSJ fue tratada el 31 de marzo de 1925 y el Tribunal quedó integrado por los vocales: Enríquez Martínez Paz, Pedro Rovelli, Guillermo Rothe, Sofanor Novillo Corvalán y José María Valdéz, además de Juan B. González como fiscal.
