El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba creó la Oficina de Violencia Institucional, que deberá receptar y dar curso a las denuncias de las personas que sienten afectados o violentados sus derechos en cualquier dependencia estatal. Por caso, las personas aprehendidas por fuerzas policiales o las personas privadas de libertad en las cárceles de Córdoba.
El organismo dependerá de la Sala Penal del TSJ, pero funcionará en vinculación con las Defensorías Públicas Oficiales, el actor institucional que actúa en la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de la libertad.
Entre los antecedentes de esta nueva oficina puede situarse la crisis policial derivada de la causa de gatillo fácil contra Valentino Blas Correas, que terminó en condenas gravísimas por el crimen del adolescente y también por su posterior intento de encubrimiento.
A su vez, las cárceles cordobesas están en el ojo de la tormenta por las condiciones de sobrepoblación y por una sucesión de hechos sospechosos de violencia institucional, tras el escándalo que terminó con la cúpula del Servicio Penitenciario detenida por corrupción.
Además de crear la oficina con presencia en cada una de las sedes judiciales, el TSJ aprobó el Protocolo de Violencia Institucional, un documento que define los hechos y presenta un modelo de entrevista que deberá seguir cualquier integrante de la defensa pública que esté en contacto con una persona bajo custodia estatal que exponga una situación sospechosa de violencia institucional.
Ese protocolo también fija las pautas de derivación del caso a la Oficina contra la Violencia Institucional, si fuese pertinente realizar la denuncia penal o administrativa, y también establece las pautas para un registro de muertes de personas en custodia penitenciaria. Para organizar y controlar el funcionamiento se crea la Dirección de la Oficina contra la Violencia Institucional, que contará con un Comité Consultivo y el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial, profesionales de Medicina Forense y de Psicología del Área de Servicios Judiciales.
El protocolo en el ámbito del Ministerio de la Defensa Pública fue propuesto por los defensores públicos Pablo Pupich, Mariano Brusa e integrantes del equipo de funcionarios de la Defensa: Guadalupe García Petrini, Laura Carreté, Soledad Moreno, Daniela Domeniconi, Paula Sofía Bazán, AntonellaPestoni, Rodrigo Centeno, Agustín Vélez Massa y Andrea Ramallo.
Según lo que establece el acuerdo reglamentario del TSJ publicado este martes en el Boletín Oficial, la Oficina de Violencia Institucional no supondrá mayores erogaciones para el Poder Judicial. La compensación para quienes asuman funciones en ese organismo será el otorgamiento de 2,25 puntos por año en los legajos, para ser computados en los órdenes de mérito para promociones automáticas o en concursos.
La resolución del TSJ señala que la propuesta “se ajusta a los estándares internaciones exigibles en materia de derechos humanos” y atiende a la exigencia de la Constitución de la Provincia, que en su diseño institucional aspira a una Administración Pública –lo que resulta aplicable a la Administración de Justicia– dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad.
La resolución lleva la firma del presidente del TSJ, Luis Angulo, y de los vocales Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña.
