El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dilató la decisión respecto del proceso de revocatoria a la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning (PRO), acción que promueve un grupo de vecinos. El 2 de octubre, el TSJ solicitó a la Junta Electoral de aquella ciudad que aporte más información respecto del proceso de recolección y validación de firmas.
Para cumplir con este trámite, la Junta Electoral tiene hasta el lunes 27 de octubre, por lo que recién en noviembre el TSJ comenzaría a analizar si corresponde o no que los vecinos de Mendiolaza decidan si quieren que Arning siga en el cargo hasta el 9 de diciembre de 2027.
Con estos plazos, en caso de convalidarse el proceso de revocatoria previsto en la ley 8.102, éste sería luego del 10 de diciembre próximo. De esta manera, en el hipotético caso de que Arning sea removida como intendenta, no habría una nueva elección puesto que ocurriría cuando resten menos de dos años para la finalización del mandato.
El procedimiento institucional previsto es que el presidente del Concejo Deliberante reemplace al intendente derrocado. En ese caso, la Intendencia recaería en Alejandro Medrano, quien fue por pocos meses secretario e Gobierno de Arning.
Con ese horizonte, se cae definitivamente la posibilidad de una elección anticipada.
Para 2027, hay dos precandidatos anotados, ambos de Provincias Unidas: el peronista Nicolás Martínez Dalke, quien trabaja en el bloque de Hacemos Unidos en la Legislatura y se reporta al ministro de Cooperativas, Gustavo Brandán; y el radical Daniel Salibi, contratado en la Legislatura, pero con terminal en el Ministerio de Gobierno que comanda Manuel Calvo. En caso de una elección anticipado, Salibi no podría competir, porque se trataría de una elección complementaria.
El caso
A principio de año, un grupo de vecinos inició el proceso de recolección de firmas para pedir que se abra la revocatoria de la intendenta Adela Arning. La jefa comunal resistió el embate y logró un fallo a favor en primera instancia. Pero en agosto, la Cámara en lo Contencioso Administrativo convalidó la revocatoria.
En aquel fallo, la sala 1 de la Cámara rechazó la apelación de la intendenta y ordenó a la Junta Electoral utilizar el padrón electoral sin depurar a no votantes y no requerir “certificaciones notariales” para convalidar la identidad de quienes firmaron a favor del referéndum. Esta decisión de segunda instancia tuvo al aval de la Fiscalía de Cámara.
Todo el caso de Arning se basa en cuestionar el proceso de recolección de firmas. La ley prevé que si el 10 por ciento de los electores impulsa un referéndum contra un intendente, la Junta Electoral debe habilitar la elección vinculante.
Así, el expediente llegó al Tribunal Superior de Justicia, que ahora pide ampliar información respecto de la recolección de firmas en dependencias policiales, el período exacto en que las firmas fueron recolectadas y si existen denuncias de electores que hayan desconocido las firmas registradas en el pedido de revocatoria. La respuesta deberá llegar los últimos días de octubre.
Gobierno no quiere revocatoria
En el Gobierno provincial no alientan la revocatoria de Arning; todo lo contrario. Como se recordará, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, había dicho en mayo que no estaba de acuerdo “en judicializar la política”.
“Yo estoy en desacuerdo, le hace mucho daño a la institucionalidad”, dijo respecto de los procesos de revocatoria. En la Provincia señalan que, de acuerdo con las encuestas, Arning podría perder un proceso de revocatoria. “La gestión no es buena”, dicen. Pero aclaran que no hay ninguna intención de sacarla del cargo. Todo lo contrario.
