El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez (su nombre debe ser dicho), ya eligió el camino por el cual entrará en la historia.
Domínguez desistió de la acusación contra Alberto Fernández y Fabiola Yáñez en la causa por la fiesta clandestina que el Presidente realizó en la residencia de Olivos mientras regía –por un decreto sellado con la propia firma del mismo Fernández– la más estricta restricción de libertades de la que la democracia restaurada en 1983 tenga memoria. Una prohibición tan rigurosa que impidió incluso las exequias de despedida para muchos de los 130 mil argentinos muertos por la peste.
El fiscal Domínguez tasó esa inmoralidad con un número redondo: algo así como un múltiplo inflacionario de unos 30 denarios. El juez Lino Mirabelli decidirá si homologa ese acuerdo entre Fernández, Yáñez y el representante del Ministerio Público. Responsable, según sus títulos, de promover la acción penal. Pero el margen de acción para el juez es prácticamente nulo. Quien debía acusar se dio a la fuga.
Alberto Fernández recibió la noticia a poco de regresar de Europa, desde donde criticó a Cristina Kirchner por tener una mirada de la realidad nacional que “desatendió la pandemia”. Una verdad incontrastable. Que con confesión de parte, con tres millones de prueba, también lo define a él.
La vicepresidenta jamás condescendió a compadecerse por esas tribulaciones sanitarias que le llegaron de improviso a la plebe, sólo para estorbarle al palacio los cuidados intensivos de su agenda judicial. El Presidente decía en público que comprendía aquellos padecimientos por plaga. Mientras, celebraba en privado.
Qué azarosa coincidencia: en esa claudicación ética, los dos máximos referentes del frente gobernante encontraron al fin un mismo destino común. En ese declive moral, se reducen a la nada todas sus estruendosas diferencias sobre las políticas públicas.
El análisis sociológico dice sorprenderse después por los brotes de indignación. En realidad, los efectos sociales de esa invitación a la anarquía que es dictar una norma de gravísima excepción para después violarla por simple frivolidad todavía están por verse.
Acaso una de las manifestaciones más severas de esa celebración de la anomia acaba de ser expuesta por otro de los tres poderes del Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, rodeada por el pleno del fuero federal, advirtió desde Rosario que el problema del narcotráfico en la Argentina ha tomado una dimensión que no admite vacilaciones políticas.
“La cárcel no debe controlar la calle”, dijo el presidente del máximo tribunal del país, respaldado por sus pares. Áspero y conciso, el juez Horacio Rosatti sintetizó en esa sentencia todo un estado de situación. El fenómeno narco no se reduce a una lucha tribal entre clanes. Sin una decisión política raigal, se agravará hasta despeñar al país en un abismo de dimensiones impredecibles.
Los jefes del delito operan con impunidad desde los lugares donde en teoría están detenidos para purgar condenas. Frente a esa anomalía inaceptable, no hay margen para la inacción. Rossati lo señaló en los términos más tajantes: frente a eso, no hay neutralidad posible. “Pocas veces se ha visto una relación tan directa entre calidad institucional y calidad de vida”, sostuvo.
Sin embargo, la reacción del oficialismo fue alinearse en sentido opuesto. En el Poder Ejecutivo, el ministro de Justicia, Martín Soria, quien observa desde su panóptico las cárceles federales de todo el país, prefirió desacreditar a los jueces antes que revisar cómo controla en su celda a la delincuencia.
Más experimentado en el arte de la elusión, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, optó por hacerse el distraído y siguió en su rol de vocero de la racionalidad institucional ante los clamores destituyentes del kirchnerismo contra el presidente que votó el kirchnerismo.
Pero esas disputas se suavizaron en el Congreso. Las distintas facciones del oficialismo respondieron al llamado de la Corte, uniéndose en el enésimo intento para presionar y descomponer a la Corte.
Como quedó en evidencia ahora que decanta el saldo moral de la pandemia, todavía pervive ese, el único acuerdo inviolable entre Cristina y Alberto.
