Javier Fabre lleva al radicalismo en la piel. No es metáfora. Tiene tatuado a Leandro N. Alem en uno de sus brazos, y en los antebrazos, dos frases del fundador del partido. Por eso, asegura, quiere ser parte del proceso electoral que se avecina. Pero asegura que no lo dejan; ni a él ni a los que militan en la Línea Córdoba.
Ante la imposibilidad del diálogo, avanzaron por la vía judicial: hicieron una presentación que plantea que las autoridades de la UCR clausuraron toda posibilidad de competencia interna dentro del partido.
“Hoy (por el martes) esa presentación entró al Tribunal Superior de Justicia, que tiene que decidir”, explica Fabre, quien estima que esa resolución debería estar en los próximos días (el 6 de mayo es la fecha tope para inscribir las candidaturas).
“Fuimos al partido y le dijimos que la Línea Córdoba, a través de una asamblea, había decidido participar de las elecciones para gobernador, para intendentes en los distintos circuitos, etc. Y que por favor, si iban a a firmar una alianza, que nos dieran el reglamento para saber cuáles eran las condiciones para poder competir”, detalla.
Ese proceso comenzó en junio del año pasado. “Presentamos un ‘pronto despacho’. Queríamos que nos contestaran, porque es obligación de los partidos políticos responderle a sus afiliados. Queríamos saber si iba haber una alianza y cuáles iban a ser las reglas. Y si iban a convocar a internas. Pero nada”, dice.
El tiempo pasó, se acortaron los plazos, las autoridades avanzaron con la alianza con Luis Juez, y Fabre y los suyos se presentaron en la Justicia Electoral provincial.
“Para nosotros, todo esto es parte de una maniobra, que empieza primero dilatando dolosamente los tiempos”, denuncia. “Y se perfecciona la estafa cuando, después, te ponen un reglamento que dice que no hay tiempo para internas... Entonces, los candidatos terminan saliendo a dedo, después de la encuesta, que fue una excusa”.
Fabre remarca que el Estado, cuando le da el monopolio a los partidos de las candidaturas, les pide constitucionalmente dos cosas: una, que garantice el método de selección de candidatos de forma democrática, es decir un lector un voto; y dos, que haya participación y representación de las minorías.
“Claramente, el reglamento de la alianza no sólo no garantiza sino que prohíbe la participación, la representación de las minorías, y el método. Por eso, fuimos a la Justicia”, explicó.
El proceso
Fabre y los demás dirigentes primero se presentaron ante la jueza electoral Marta Vidal, quien rechazó el reclamo porque “no se había agotado la vía”.
“Con extremo formalismo nos remarcó que no ‘habíamos agotado la vía’. Nos explicó que en los escritos que presentamos en ningún momento decía textualmente que pedíamos que se habilitaran internas. A ver... si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un perro. Se lo remarqué: no solo hemos dicho que queremos participar, sino que queremos un reglamento”, describió Fabre.
Vidal, incluso, les aclaró que ya estaba en marcha el cronograma electoral y se ponía riesgo la posibilidad de cumplir con todos los pasos del proceso.
Los dirigentes apelaron a la Cámara, donde dos de los vocales respondieron que la jueza tenía razón, pero la fiscal dijo que había que discutir si había derechos violados.
Finalmente, apareció el voto minoritario de la presidenta de la Cámara, quien le dio la razón a la fiscal, y entonces se empezó a debatir a nivel incluso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que llevó la causa al TSJ.
¿Qué solución plantea Fabre? “Está bien, no hay tiempo para una interna. Pero no es culpa nuestra. Queremos que se cumpla nuestro derecho a estar representados en esas listas. Sugerimos los antecedentes que ha dado la Cámara Nacional Electoral, que ha dicho que en estos casos hay que citar a las dos partes para que se pongan de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, la integración puede ser judicial”, cerró.
