En 15 días vencen las facultades delegadas por el Congreso a Javier Milei en la Ley Bases y el presidente se queda sin una herramienta clave para la ejecución del “plan motosierra”. Los “superpoderes” que le permitieron al mandatario avanzar con numerosas reformas en la primera parte de su gestión caen el 8 de julio. La oposición ya está al acecho: por un lado, amenazan con voltear uno de los decretos dictados en ese marco, y por otro, buscarán aprobar un límite al uso futuro de los DNU.
Las facultades delegadas le permitieron al Gobierno avanzar en la eliminación, transformación, fusión y reorganización de varios organismos para “mejorar el funcionamiento del Estado” y “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit”, bajo el paraguas de la emergencia que se declaró en materia administrativa, económica, financiera y energética.
La “ley ómnibus” original pretendía que las facultades delegadas duraran los cuatro años de gestión de Milei, pero la oposición los recortó a uno. También se redujo la cantidad de emergencias, que en un principio eran once. Aún con estas modificaciones, el Ejecutivo se las arregló para hacer amplias reformas. Algunas incluso exceden, según la mirada de la oposición, las facultades cedidas.
El ministro que más echó mano a esta herramienta fue Federico Sturzenegger, que asumió poco después de la sanción de la Ley Bases como responsable del área de Desregulación y Transformación del Estado y se transformó en brazo ejecutor del ajuste.
Bajo sus directivas, se disolvieron organismos como el INADI y el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, y se modificaron el Instituto Nacional del Teatro y el Banco de Datos Genéticos, entre muchos otros. Además, se eliminaron varios fondos fiduciarios como el Fondo de Integración Socio Urbana, destinado a obras en barrios populares, y se redujo la burocracia con la eliminación de trámites.
En las dos semanas que restan se esperan nuevos decretos delegados, entre los cuales hay una amenaza de reestructurar el INTA. El Ejecutivo promete recurrir a este artilugio hasta el último minuto. De hecho, Sturzenegger instaló en las oficinas de su ministerio un reloj que marca el tiempo que queda, con el fin de apurar las reformas sin pedir una prórroga.
¿Qué pasará el día después? Para parte de la oposición, Milei apelará más que nunca a los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia). Por eso, en una sesión pedida por el radicalismo disidente en la Cámara de Diputados para el próximo 2 de julio, buscarán aprobar una nueva regulación del trámite de esos decretos, que refuerce el control del Congreso y diluya el poder del Ejecutivo de turno.
El proyecto en cuestión, que tiene dictamen de comisiones desde octubre pasado, establece que para que un DNU quede firme, el Congreso debe ratificarlo en un plazo de 90 días con el voto afirmativo de ambas cámaras, o de lo contrario perdería vigencia. Para rechazarlo, bastaría con el voto negativo de una sola Cámara. A la inversa de lo que sucede con la ley actual, ideada por la expresidenta Cristina Kirchner.
Quienes empujaron ahora para avanzar con los cambios son el radical Fernando Carbajal (Democracia para Siempre) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), aunque saben que la misión es difícil porque los gobernadores ya quitaron su apoyo a la reforma y, además, Milei puede vetarla. El camino que queda es voltear los decretos indeseados uno a uno, con el voto negativo de ambas cámaras que exige la ley vigente.
En ese sentido, un decreto delegado que está en la mira de la oposición y tiene posibilidades concretas de caer es el 383/25, por el cual Patricia Bullrich le otorgó a la Policía Federal la facultad de realizar requisas y detenciones sin orden ni control judicial, así como la de realizar tareas de “prevención del delito” en espacios públicos y digitales, lo que se conoce como “ciberpatrullaje”.
Diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda advierten que la medida viola la libertad ambulatoria y de expresión, además de sobrepasar los límites de la Ley Bases, donde se había quitado la emergencia en seguridad. Además, la ministra había anunciado que enviaría un proyecto al Congreso, por lo que incumplió su palabra.
Hay otro dato vinculado al uso de los “superpoderes”. En el artículo 1ro de la Ley Bases se estableció que el Poder Ejecutivo debía informar “mensualmente y en forma detallada” al Congreso sobre “el ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”. Pero jamás envió ningún informe, y la oposición (que había incorporado esa exigencia) tampoco los reclamó.
Para la cartera que dirige Sturzenegger, esa obligación fue cumplida porque cada decreto delegado que se dicta es publicado en el Boletín Oficial con sus fundamentos y luego enviado al Congreso, que puede aprobarlo o rechazarlo. “Existe una idea de que hay algo raro, oscuro o excesivo que se puede hacer con las facultades delegadas, pero todo es absolutamente público y cada medida puede ser revocada por el Congreso”, explicaron a este medio.
Tanto los decretos delegados como los DNU se envían a la Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene diez días hábiles para dictaminar por su validez o invalidez, para luego votar en los recintos. Si la comisión no dictamina (hoy hay un atraso notorio en el estudio de los decretos), pueden tratarse igual de oficio, superado ese plazo.
