La litigiosidad laboral en Argentina vuelve a ser un tema de debate público. Y lo es a partir de un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), difundido este miércoles, en el que se advierte un crecimiento de los juicios laborales.
Informe que para los abogados laboralistas, en el caso de Córdoba, es “muy parcializado” y que es parte de una embestida contra los derechos de los trabajadores.
Según la UART, en 2024 se produjeron 125.842 nuevos juicios laborales, únicamente por riesgos de trabajo (en diciembre pasado se iniciaron 8.910 demandas en el país).
Para poner en contexto: en 2023, las demandas laborales sumaron 117.348, por lo que en un año la problemática creció un 6,8% (8.500 casos más).
A nivel país, Córdoba aparece en el 4° lugar.
“La cifra da idea clara del tamaño de la problemática y del desafío a resolver, que no sólo impacta implacable sobre el Sistema de Riesgos del Trabajo”, dijeron desde la UART, que además enfatizó que estos niveles de litigiosidad “perjudican a toda la estructura productiva: a los empleadores afectando sus decisiones de inversión y empleo, a los trabajadores bajando sus chances de conseguir empleo y empleo de calidad y a las ART socavando la solvencia del sistema”.
En cuanto a las provincias, como se mencionó, Córdoba está entre las primeras, con 10.424 demandas, 650 en el último mes, y un aumento interanual de 4,2%.
El primer lugar lo ocupó la provincia de Buenos Aires, la más litigiosa, con un total anual de 50.584 (en diciembre sumó 3584 nuevas demandas). Su crecimiento respecto del año precedente fue de 4.5%.
La siguió Caba, con 22.946 litigios en el año. Y el tercer lugar lo ocupó Santa Fe, con 16.439 juicios en el año, (1137 solo en diciembre) y un incremento anual explosivo de 21,5%.
La sigue en el podio de las “5 grandes” Mendoza, con 9.857 totales (661 en diciembre) y un aumento de 18%.
Causas
La UART afirma que los números de 2024 “no se justifican teniendo un sistema administrativo propio, ágil y de rápida solución para dirimir controversias, con acuerdo a la ley que regula la actividad, sin cargo alguno para el trabajador”.
Y explica que las causas principales se deben a la demora de la Justicia de cada provincia -adherida a la Ley 27.348-; y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Caba para crear los cuerpos médicos forenses en ellas.
“Se suma, además, el agravante de las tasas de interés aplicadas en la actualización de los créditos laborales muy por encima del rendimiento de las inversiones y el incumplimiento del plazo de caducidad estipulado en la ley para presentar demanda judicial, luego de haber recibido el dictamen de las comisiones médicas del sistema”, agrega el informe.
Según la UART, cada provincia tiene un plazo propio aprobado en su respectiva adhesión, mientras que la Ley Nacional 27.348 determinó 15 días hábiles, lapso que rige en Caba.
“Estos 8 años de retraso en adecuarse a lo exigido por Ley, y completar la reforma, han generado un efecto boomerang volviendo, en cantidad de demandas, casi al punto de partida”, advierte la nota.
Por tal motivo, dice la entidad que resulta urgente “ordenar el descalabro de las pericias judiciales en el ámbito laboral” y constituir cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo, que cobren honorarios por acto médico y no porcentuales de sentencias, y que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes de un accidente laboral.
“Contra los trabajadores”
Luciano Ciaravino, secretario del Círculo de Abogados Laboralistas de Córdoba, dice que el informe de la UART “es muy parcializado” con el objetivo de “embestir contra los derechos de los trabajadores”.
Según el letrado, las ART tiene hoy fuerte influencia en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, lo que impide que aquellos trabajadores que padecen una enfermedad o sufrieron un accidente laboral pueda ser reconocido por las comisiones médicas responsables.
“Los que están hoy en la Superintendencia poco saben del tema. Y muchos viene de alguna de las cuatro ART más grandes del país”, afirma.
Ciaravino agrega que la intención de las ART es hacerle creer a la sociedad que, si baja la litigiosidad tiosidad, bajará el costo que representa para las empresas. “Las ART en su conjunto cobran el 4,7% bruto en promedio de la masa salarial”, denuncia.
Sobre Córdoba, destaca algunas particularidades. Según los últimos datos disponibles en la web de la Superintendencia, en octubre del año pasado había en marcha 941 juicios. Los que ya tenían sentencia eran 85. Mientras que en Santa Fe, había 1.454 juicios y 160 con sentencias; y en Mendoza, 1.285 juicios y 28 sentencias.
“Lo que tiene nuestra provincia es mucha litigiosidad tiosidad por enfermedades laborales, algo que en otras provincias no pasa, donde está más repartido el tema con los accidentes”, detalla.
¿Por qué ha crecido la litigiosidad tiosidad? Para el abogado, porque las comisiones médicas, cercanas a las ART, nunca le dan la razón a los trabajadores. “En el caso de Córdoba, obturan la posibilidad de un resarcimiento y entonces el empleado debe recurrir a la Justicia”, explicó.
“La UART menciona que estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva. Sin embargo, es esencial reconocer que la raíz del problema radica en la falta de respuesta adecuada por parte de las comisiones médicas y no necesariamente en un abuso por parte de los trabajadores. La solución no radica únicamente en señalar el crecimiento de juicios laborales, sino en abordar las fallas estructurales que llevan a estos conflictos”, sintetizó el abogado.
Duración de los procesos
Ciaravino es terminante: “El derecho laboral en Córdoba no existe. Un reclamo dura entre 5 y 8 años, y los trabajadores termina cobrando un 20% de lo que le corresponde”.
Consultado por La Voz, desde la Justicia provincial explicaron que, si bien existía un problema con los plazos en los reclamos, desde la puesta en marcha del Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA), los tiempos -en muchos casos- se han acortado.
Según un informe de noviembre pasado, el 91% de los PDA duran menos de un año; mientras que el promedio se ubica en 6 meses y 20 días.
Para ese estudio, se analizaron la cantidad de causas ingresadas desde abril de 2023 hasta septiembre de 2024, como así también, el volumen de audiencias celebradas y resoluciones dictadas, los tiempos del proceso y la satisfacción de los/as usuarios/as del servicio de justicia.
En el fuero laboral, existen dos procedimientos. El ordinario, que resuelve la mayoría de los conflictos laborales, “siempre que no exista un procedimiento especial”.
En el ordinario se tramitan los juicios laborales de mayor complejidad que tienen una primera etapa ante el Juzgado de Conciliación y Trabajo, donde se invita a las partes a intentar llegar a un acuerdo. Si eso no sucede, el expediente es elevado a juicio a la Cámara del Trabajo.
Mientras que el procedimiento especial, que usa el PDA, son casos de menor complejidad.
