El exgobernador Juan Schiaretti debutó en la Cámara de Diputados de la Nación respaldando, como todos sus pares del peronismo cordobés, la reforma del régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.
El gobernador Martín Llaryora apoyó sin titubeos esa propuesta y recordó que Córdoba se anticipó a la Nación, al crear el año pasado un Procedimiento Penal Juvenil que permite la restricción de la libertad de los menores que cometen delitos graves. En ese momento, el Complejo Esperanza fue adaptado provisoriamente para el alojamiento de esos menores, y ahora está en construcción una unidad específica para la detención y el tratamiento de menores, con aspiraciones de ser una referencia nacional.
De 18 diputados por Córdoba, sólo dos votaron en contra: Natalia de la Sota y Gabriela Estévez. Una muestra cabal del estado político de la provincia. La dirigencia mayoritaria, casi sin distinción de partidos, se rindió al mandato libertario en la semana más rentable para La Libertad Avanza desde la asunción de Javier Milei.
Lo que un día antes había pasado en el Senado fue más elocuente aún: los tres senadores por Córdoba votaron a favor de la reforma laboral. Carmen Álvarez Rivero lo hizo desde su convicción de empresaria libertaria y Luis Juez lo hizo en honor a su alineamiento total con Milei (no fundamentó su voto). Pero Alejandra Vigo, que además de ser peronista tiene origen gremial, también acompañó, con objeciones puntuales al fondo de despidos y al banco de horas.
La reacción del oficialismo provincial ante la reforma laboral también describe en profundidad la renuncia casi total del peronismo cordobés a la confrontación política con Milei.
Una derrota que crece
El impacto de la derrota de octubre pasado no para de crecer en el oficialismo. Llaryora y Schiaretti intentaron diferenciarse del modelo libertario en defensa del esquema productivo que manda en el cinturón industrial de Córdoba y en la zona agroindustrial, pero esos empresarios votaron a La Libertad Avanza, sus empleados también, y hasta los empleados públicos que los libertarios desprecian.
El resultado está a la vista. El peronismo cordobés volvió a las fuentes y a recorrer la provincia: un esquema centrado en un modo de administrar el territorio que pasa a segundo plano las banderas políticas y las posturas ideológicas, y que mantiene con la Nación una relación institucional limitada a las transacciones económicas y presupuestarias.
Así, el único punto de la reforma laboral que de verdad movilizó a Llaryora –y a la mayoría de los gobernadores– fue la pérdida de recursos que suponía la reducción de Ganancias a las 150 empresas más grandes del país. Eliminada esa amenaza presupuestaria, quedó en segundo plano la discusión sobre los derechos de los 13 millones de trabajadores formales y la suerte de los millones a los que se les promete ingresar al empleo registrado gracias a este cambio.
De momento, no se observan grandes chances de que nada de esto cambie en Diputados, a no ser que tome fuerza el reclamo contra las restricciones que se incluyeron a último momento en la remuneración de las licencias por enfermedad a todos los trabajadores, tanto los que se lesionan jugando al fútbol como los que deban faltar por un tratamiento oncológico.
Diferencias que pesan
Llaryora no se opondrá a lo que los cordobeses apoyaron en octubre pasado e intentará hacer diferencia en materia de gestión. No será sencillo, porque en la transacción presupuestaria con la Nación, Córdoba viene perdiendo por goleada. Además, se vio forzado a bajar impuestos por un reiterado reclamo opositor que caló hondo, y los ingresos provinciales no paran de caer, porque se profundiza la baja de los recursos que llegan por coparticipación, y la economía frenada tampoco genera ingresos propios.
La administración simulará prosperidad por la vía del endeudamiento, y la política mantendrá su necesaria tensión en el petardeo de baja monta que protagonizan los dirigentes llaryoristas y los exsocios juecistas y radicales, todos en el mismo nivel de desconcierto frente a la indigesta lógica libertaria.
El calibre de las acusaciones que Luis Juez lanza contra Rodrigo de Loredo –denunció abiertamente que el radical pactó con el peronismo en 2023– no vaticina una articulación inmediata entre los opositores tradicionales al cordobesismo.
Mientras tanto, Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca se preparan en silencio para ocupar las principales candidaturas libertarias en 2027 y para dejar atrás la lógica de confrontación que articuló armoniosamente hasta ahora el juego en el que el peronismo cordobés le gana desde hace más de medio siglo y la oposición clásica. En el Panal no dudan de quiénes serán los verdaderos adversarios el año que viene.
La reacción de Llaryora es defensiva frente al discurso tradicional de la oposición legislativa y a la parálisis que el juecismo intenta imponer desde el Tribunal de Cuentas.
Pero empieza a esbozarse también una política activa de puesta en valor de lo que la Provincia aporta a la vida ciudadana: una manera de contrastar con el ajuste nacional sin criticar a Milei; una forma de advertir cuánto se pone en juego si la salida electoral de 2027 es un giro libertario.
La primera señal en ese sentido es la advertencia sobre la continuidad del Boleto Educativo Cordobés, lanzada días después del anuncio de inicio de las inscripciones para ese beneficio del 100% que reciben 300 mil estudiantes y docentes.
La diferencia que la Provincia pudo exhibir frente a la protesta salarial de la Policía santafesina es otra señal: los sueldos que paga Córdoba duplican a los de Santa Fe y lideran la escala nacional. Pese a los inmediatos temores ante el descontrol que mostraron las imágenes rosarinas, no hubo atisbo de contagio entre los uniformados cordobeses.
Miles de policías y de empleados públicos de todos los sectores –es idéntico el panorama en el sector privado– mantienen moras muy costosas con la Tarjeta Cordobesa, y la Provincia los asistirá en el refinanciamiento de esas deudas.
En la paritaria docente que comienza en breve, también habrá señales conciliadoras. No ocurrirá lo mismo con los sectores más afectados por la suba de aportes jubilatorios y la merma de las jubilaciones más altas.
