La mayoría de las representantes del pueblo de la provincia de Córdoba reconocen haber sufrido violencia de género a lo largo de su trayectoria política.
El dato surge de la investigación “Identificación de los factores que facilitan u obstaculizan la participación política de las mujeres legisladoras a nivel subnacional” que llevó adelante el Observatorio de Paridad y Participación Política.
El documento fue un trabajo en conjunto entre el Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba y el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Córdoba con el apoyo de IDEA Internacional.
El estudio formó parte de una asociación estratégica entre las tres entidades para analizar, comprender y formular recomendaciones de política pública sobre la participación política y la violencia de género de las mujeres que se desempeñan en la política a nivel subnacional.
En primera persona
Tania Kyshakevych es legisladora provincial por el departamento de Ischilín desde 2015. Ella reconoce dos episodios de violencia que padeció por ser mujer en la política.
“En 2019, después de tres años en el cargo y en plena campaña electoral, publicaron una foto donde me estaba besando con un hombre con el título: “Miren a la legisladora, que falta de decoro”. El mensaje se viralizó por Whatsapp y otras redes sociales. Tres meses antes yo había ido a un evento en Deán Funes, bailé con una persona y nos besamos. Yo estaba separada. La idea era mostrar a la mujer promiscua. Juzgaron mi vida privada en vez de opinar sobre mi trabajo. Yo tengo un hijo adolescente y ese ataque me dejó muy mal. Me sentí desnuda ante la sociedad”, expresó a La Voz.
A raíz de este episodio, Kyshakevych decidió encerrarse en su casa y no mostrarse en público. Con el tiempo comenzó a asistir a una psicóloga que le planteó la posibilidad de enfrentar ese episodio traumático. Kyshakevych decidió hacer un video para hablarle a otras mujeres sobre cómo cuidarse de las agresiones y abandonar el morbo de consumirlas en redes sociales.
La legisladora de Ischilín creyó que no volvería a ser víctima de otra situación de violencia de género pero le sucedió con una autoridad de su partido. “Él conducía un espacio con proyección nacional y yo había empezado a tener reuniones con funcionarios por mi cuenta. Cuando él se enteró me llamó y me dijo quién me creía que era, que tenía que consultarle cada cosa que hiciera, incluso para hablar o no en una radio”.
Kyshakevych le respondió que consideraba que tenía la capacidad para poder ejercer la política con libertad pero su agresor le contestó: “No vas a ser presidenta ni de un centro vecinal. Y seguí mostrando las tetas que es con lo único que vas a conseguir las cosas”.
“Le dije que con lo que acababa de escuchar daba por terminada la conversación y me fui de ese espacio político”, indicó.
–¿Lo denunciaste?
–No, es muy difícil denunciar. Me enfrentaba con una persona que tenía mucho más poder y me podía coartar el futuro.
Patricia De Ferrari considera que la suspensión de seis meses que recibió de sus compañeros de la Legislatura de Córdoba en octubre de 2020 fue abusiva y que esa sansión le fue aplicada por ser mujer.
De Ferrrari fue denunciada penalmente por apología del crimen e instigación para cometer delitos por preguntarse en su cuenta de Twitter si “falta mucho para que aparezcan los Falcon verde para impartir la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía”. Luego borró el tuit diciendo que se había malinterpretado su mensaje.
Finalmente dos tercios de los miembros del cuerpo legislativo consideraron que De Ferrari incurrió en la causal de indignidad contemplada en el artículo 99 de la Constitución Provincial y además de la suspensión determinaron que no podrá ocupar cargos en la Legislatura ni representar al cuerpo en actos públicos hasta que finalice su mandato.
De Ferrari sostuvo en su defensa que no era apologista de la dictadura ni de sus atroces crímenes, que un tuit no representa su pensamiento político y pidió disculpas pero tuvo resistencia de la mayoría de los miembros de la Legislatura.
“El oficialismo buscó aleccionarme porque tenía un perfil alto”, sostuvo De Ferrari a La Voz.
María Rosa Marcone, legisladora provincial de Encuentro Vecinal se refirió en la misma línea sobre el caso De Ferrari. “La suspensión de De Ferrari fue desmedida. Seguramente ameritaba un llamado de atención para cuidar el lenguaje pero tergiversaron su contenido para anularla. Ella es una legisladora de la oposición que tiene argumentos. Fue un modo de mandarnos un mensaje de disciplinamiento”, dice.
Marcone reconoció que en el recinto de la Legislatura de Córdoba más de una vez recibió agresiones de “dos o tres maleducados que ni siquiera registran que se trata de una agresión”. Si bien consideró que no es una práctica habitual, sostuvo que debió haber planteado una situación de privilegio. “La violencia en la actividad política en Córdoba no es solo ni principalmente en razón de género sino de número y que desde el oficialismo la ejercen tanto los varones como las mujeres”, agregó.
¿Qué es la violencia en la actividad política?
En 2019, la Argentina incorporó la violencia en la actividad política como un tipo de violencia de género a la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Este tipo de violencia se define como “la que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones”.
La legisladora villamariense Adela Guirardelli (HPC) consideró que la violencia en la actividad política es algo que les ha pasado a muchas mujeres dirigentes, sobre todo a las más jóvenes. “Hablamos, pero no es debidamente recibido lo que decimos”, dijo Guirardelli, quien reconoció que debió replantearse el tono para comunicarse en el recinto porque la costumbre es elevar la voz.
“Los partidos políticos tradicionales están cooptados por los hombres y a las mujeres nos resulta muy difícil ir en contra porque el costo es enorme”, sostuvo Cecilia Irazuzta, de la Coalición Cívica.
Mariana Caserio (PJ) y Alejandra Piasco (HPC) no recuerdan haber vivido personalmente situaciones de violencia, pero sí observan que les ocurre a otras legisladoras que son desacreditadas todo el tiempo. “La mirada cambia cuando la mujer se sabe plantar, pero no debería ser así”, coinciden.
Caserio proviene de una familia política y no descarta que eso influya para no recibir ataques machistas.
Luciana Echevarria, del Frente de Izquierda Unidad, señala que en su espacio hay igualdad de género, pero reconoce actitudes despectivas no solo por el género sino por su posición política en el recinto de la Legislatura.
Participación, no decisión
Las legisladoras coinciden en que la ley provincial 8901 de cupo femenino le permitió a muchas de ellas poder acceder a una banca y participar del debate pero eso no les asegura poder de decisión.
“En la Legislatura las mujeres somos las que más participamos, las más responsables, las que estamos presentes en las comisiones. En los pasillos solo hablan los hombres. Ellos deciden los acuerdos y después lo informan”, advirtió Kyshakevych.
De Ferrari planteó que cuando se busca que el 50% de las comisiones estén presididas por mujeres les quita la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a las vicepresidencias de Cámara o la presidencia de un bloque. Y además sostuvo que a nivel departamental las listas legislativas las encabezan generalmente los hombres por lo que no es posible la equidad.
María Elisa Caffaratti, legisladora de la UCR, sostuvo que no existe igualdad de condiciones con los hombres desde el momento en que las mujeres deben conciliar la vida personal con el trabajo en política. “Las reuniones son generalmente a la noche y las actividades partidarias los fines de semana. Tenemos que elegir. Esas preocupaciones los hombres no las tienen”.
El informe que reveló este alto nivel de discriminación en la política de Córdoba fue elaborado a partir de entrevistas que mantuvieron especialistas en género de la Universidad Católica de Córdoba y del Ministerio de la Mujer con las legisladoras provinciales.
Los resultados finales serán presentados en el Encuentro Suprarregional de Mujeres que tendrá lugar en el Centro de Convenciones desde el 9 de Febrero.
