Marta es jubilada docente de la Provincia y a la vez, cobra una pensión mínima derivada de su esposo. En enero pasado, su haber en mano de la Caja de Córdoba fue de $ 460.669 y este mes, en mayo, percibió $ 480.721: la suba en cuatro meses fue de apenas el 4,35%. En tanto, su pensión de Anses pasó de $ 102.541 a $ 167.249, una suba del 63,1% en el mismo período.
“Con la pensión obviamente no puedo vivir porque es una miseria, pero me la aumentaron mucho más que mi jubilación docente; es una vergüenza, ni hasta yo lo podía creer cuando me puse a sacar las cuentas y comparar”, dice ella.
El caso de Marta es muy ilustrativo porque representa al grueso de los docentes. Por un lado, quedó afectada por el diferimiento de la movilidad: los aumentos de los activos se pagan a los dos meses para quienes perciben por encima de los $ 470 mil. En abril cobró el 16,12% correspondiente a febrero. “Hay gente que ha cobrado menos que antes, encima está el diferimiento, cuando en agosto logramos que se tome desde 500 mil pesos, ahora es de 235 mil… el 90% de los jubilados docentes está adentro del diferimiento”, cuestiona Roberto Cristalli, titular de la Unión de Educadores de Córdoba.
Pero lo que ganó por un lado lo perdió por el otro, porque quedó alcanzada por el aporte solidario, dado que tiene una pensión.
“Eso es tremendo, el artículo 58 de la ley 10.694 establece que con seis mínimas ya te sacan el 20%, pero la mínima la han dejado en 110 mil pesos, le dan un complemento solidario y la llevan a 230 mil pero siguen dejando seis mínimas de 110 mil”, agrega Cristalli.
Entonces, con 660 mil pesos brutos entre jubilación y pensión, queda alcanzada por el recorte del 20% del haber que paga la Caja. En el caso de Marta, en abril fueron $ 31.876. Hay 15 mil beneficiarios que están alcanzados por el descuento.
En la semana, la Uepc tiene agendada una reunión con las autoridades por el aporte solidario y las intimaciones a jubilarse que le están llegando a unos 2.500 docentes.
“Vamos a pedir que se les dé tiempo para que se acomode su economía, porque de golpe van a pasar a cobrar 35% menos”, dice. La ley establece que con 25 años de servicio, 10 frente al aula y la edad cumplida (57 la mujer y 60 el hombre) el empleador puede pedir que se jubile el activo. Era poco habitual que se hiciera en docentes, pero con esta gestión eso cambió.
Licuadora compartida
Entre enero y abril, calculando para abril una inflación del 9%, el índice de precios generales habrá acumulado 65,17% en el 2024. Si bien el caso de Marta es particular, porque se le combinó el peor de los escenarios, la licuación de salarios y jubilaciones ha sido el camino del Gobierno de Córdoba para acomodar las cuentas públicas ante un escenario de caída de recaudación muy marcada y de un sistema previsional que, sin la asistencia de Nación desde hace cuatro años, se ha convertido una vez más en la guadaña que amenaza seriamente la salud fiscal de la Provincia.
En enero, según se desprende de los informes que se publican en el portal de la Caja de Jubilaciones, las prestaciones abonadas a 110.037 beneficiarios demandaron $ 60.380 millones de pesos y en abril, $ 79.345 millones: 30,8% de variación. El aumento representa menos de la mitad de la inflación acumulada en el año, y eso que tiene el impacto de los bancarios, por caso, cuya paritaria en el 2024 ya les reconoció el 50% de aumento.
Aunque el gobernador Martín Llaryora reniega públicamente del “ajuste” y prefiere hablar de un ordenamiento generalizado, en privado es consciente de que a la licuadora de Milei la usan sin reparos todas las provincias, aunque acusen sólo a la Nación de pisar los gastos fijos. En el caso de Córdoba, la principal vía de recorte del gasto provincial está en los salarios y las jubilaciones, que sumadas, representan el 70% del gasto total de la Provincia.
“Sin plata, no queda otra”, repiten en los pasillos de el Panal. Para ilustrar esto, va otra muestra: el salario de una maestra primaria, con 10 años de antigüedad, fue en enero de $ 396.253 en mano y en abril, de $ 509.273, lo que representa un aumento del 28,5% en mano, 36 puntos menos que la inflación del período.
En enero, ya con el panorama de recorte fiscal agresivo para bajar el déficit de Nación que planteó Milei desde el día uno de su gestión, la Provincia bajó la cláusula gatillo prometida para enero y empezó a actualizar salarios al 50% de la inflación del mes anterior.
Así, les concedió en enero 14,6%; en febrero, 11,52%; en marzo 6,6% y en abril, 8,5% acumulativos. La promesa era que si la recaudación subía y permitía pagar por encima del 50% de la inflación, se pagaba. Pero de nada sirvió el reaseguro: la recaudación fue para atrás todos los meses: 10% de caída en enero, 8% en febrero, 18% en marzo y 15% en abril. Cae desde septiembre del 2023 y sólo este año se estima que se perdieron 250 mil millones de pesos.
Los haberes y salarios de mayo todavía se pagarán al 50% de la inflación y en junio la promesa es aplicar el 75% del aumento de precios.
Eso implica un nuevo desafío para las cuentas provinciales, que tiene todas las fichas puestas en el capítulo fiscal que se discute en el Congreso. El Impuesto a las Ganancias, ahora rebautizado a los Ingresos, podría aportar alrededor de 12 mil millones de pesos adicionales. Nada es suficiente ante una pauta salarial que a abril sumó 162 mil millones de pesos, la mitad de los 324.500 millones recaudados netos de coparticipación a municipios.
A esto se suma la perspectiva nula de recuperar pronto algún flujo actualizado de Anses para la Caja de Jubilaciones. A diciembre pasado, mandaba los históricos 1.040 millones de pesos al mes, cuando debía estar enviando, según las actualizaciones jubilatorias, 7.500 millones. Hoy, esa cuenta asciende a 12 mil millones de pesos, pero es como aullarle a la luna: Anses no manda nada, ni siquiera los testimoniales 1.040 millones que envió desde el 2020.
La Caja local tiene un déficit estructural que equivale al 38% de su gasto. Eso significa que le faltan 3.800 pesos de cada 10 mil que paga en jubilaciones o pensiones, aun con las reformas de fondo que se aplicaron en las últimas dos décadas. Con los aportes adicionales que hacen algunos sectores (alícuotas adicionales de Epec y Bancor, sobretasa de Ingresos Brutos a los bancos y aporte solidario de 15 mil beneficiarios) el rojo baja a $ 1.200 pesos cada 10 mil que se pagan. Es lo que debiera poner Anses y no aporta.
