El oficialismo y los distintos espacios de la oposición se preparan para medir fuerzas en una verdadera “guerra de sesiones”. En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza vuelve a la carga con la última convocatoria fallida y busca complacer al PRO, mientras la UCR intenta reflotar la bandera universitaria y el bloque de Miguel Pichetto apunta a rechazar el DNU de fondos reservados para inteligencia.
En el Senado, en tanto, el kirchnerismo y el radical Martín Lousteau quieren sancionar la nueva ley de movilidad jubilatoria, bajo amenaza de veto presidencial.
En la Cámara baja, Martín Menem citará a tratar el próximo miércoles el temario que naufragó por falta de quórum, donde figuraba, entre otros puntos, la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Pero el PRO también coló un proyecto propio: la declaración de la educación como “servicio esencial” para garantizar que las escuelas estén abiertas los días de paro docente. La iniciativa es motorizada por el jefe del bloque macrista, Cristian Ritondo, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro.
“Queremos darle una ley al PRO”, reconocieron cerca de Menem, y muestran disposición a abrir el juego a otros bloques dialoguistas para “llegar bien” al tratamiento del Presupuesto 2025, que comenzará a mediados de septiembre. Además de la esencialidad educativa, los próximos proyectos del PRO en avanzar son dos reformas electorales parciales: la “ficha limpia” para prohibir candidaturas de condenados por corrupción, y el voto de argentinos residentes en el exterior.
No obstante, los gestos a conceder por La Libertad Avanza tienen como límite el superávit fiscal: no aceptan leyes que afecten las cuentas públicas. Por eso, no cayó bien otro pedido de sesión que presentó sorpresivamente la UCR para el mismo miércoles, con el fin de discutir la actualización del presupuesto universitario. “No tiene sentido; los fondos ya los tienen y se discute el Presupuesto en 45 días”, explicaron fuentes oficialistas, y dejaron la puerta abierta a una negociación para neutralizar la convocatoria radical.
La jugada de la UCR no solo apuntó a recuperar la bandera educativa sino también a aplacar los ánimos puertas adentro. Según una fuente de peso en el bloque, la facción que responde a Facundo Manes puso el financiamiento universitario como condición para acompañar el proyecto del PRO sobre esencialidad educativa. Eso se discutió largamente el último martes, en una reunión conducida por Rodrigo De Loredo donde volvieron a aflorar las diferencias internas.
A las sesiones impulsadas por el oficialismo y la UCR se suma una tercera para el jueves, encabezada por Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal), con el objetivo de rechazar el DNU que asignó $100.000 millones en fondos reservados para la nueva SIDE (Secretaría de Inteligencia). El bloque de Miguel Pichetto está muy cerca de darle un revés al decreto con ayuda de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la izquierda y un sector del radicalismo.
Fuentes libertarias descartaron que vayan a abrir alguna negociación para obturar la jugada opositora: saben que, ante una mayoría numérica que parece estar consolidada, será muy difícil evitar el rechazo al DNU. Menem intenta recomponer la relación con Pichetto luego de que hiciera fracasar la última sesión, pero la desconfianza persiste. “Nos piden abrir el juego a sus proyectos, pero no ponen ninguno. No hay uno que los unifique”, se quejan cerca del presidente de Diputados.
En la UCR, la sesión de Encuentro Federal profundizó la grieta. Manes y otros radicales disidentes firmaron el pedido acarreados por Nicolás Massot, pero en la comisión bicameral que analiza los decretos de necesidad y urgencia la estrategia del radicalismo había sido otra: despegarse de Massot y el kirchnerismo, postergar el dictamen y reclamar que se constituya la Bicameral de Inteligencia. Todo indica que el bloque volverá a partirse el jueves a la hora del quórum.
En el Senado, Unión por la Patria y Martín Lousteau (UCR) quieren votar en el recinto la semana próxima el proyecto aprobado en Diputados (que ya recibió dictamen de mayoría) para actualizar las jubilaciones por inflación y otorgar una compensación extra del 8,1%. Ese proyecto también busca, entre otras cosas, cancelar las deudas con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales y con los beneficiarios del SIPA que cuentan con sentencia firme.
El presidente Javier Milei calificó como “degenerados fiscales” a los diputados que votaron esa ley y avisó que la vetará. Para no tener que llegar a esa instancia, La Libertad y Avanza y el PRO impulsan una propuesta que morigera el impacto fiscal y no contempla los pagos a las cajas, entre otros puntos que fueron eliminados. Sin embargo, el oficialismo no tiene los votos para avanzar con esos cambios y se encamina a una derrota en el recinto.
