Los funcionarios provinciales y dirigentes peronistas no se apartan de su libreto. “Es un tema que está en manos de la Justicia”. Sin embargo, en el oficialismo crece la preocupación por las secuelas políticas del caso que tiene como protagonista a Oscar González, tercera autoridad provincial.
Fuentes oficiales admiten que la renuncia del legislador peronista sería un modo de descomprimir la situación. Pero, al mismo tiempo, aseguran que nadie habló con González y que esa opción se trata de una “decisión personal”.
Varios legisladores peronistas hablaron con González en los últimos días, pero sólo para interiorizarse por su situación personal.
Al menos dos legisladores que tuvieron un breve diálogo con él comentaron en privado que lo notaron “abatido”, pero sin dar indicios de que podría dar un paso al costado en su rol como parlamentario.
Ante una consulta de La Voz, su abogado defensor Miguel Ortiz Pellegrini aseguró que sólo está abocado a la causa judicial y que no habló de cuestiones políticas con su cliente.
“Lo único que puedo decir es que el legislador Oscar González tiene licencia médica hasta el 21 de noviembre. Estoy abocado a su defensa en la causa judicial. Esa es mi ocupación. Las cuestiones políticas pasan por otro lado”, afirmó Ortiz Pellegrini, un letrado con mucha experiencia política.
González pidió licencia hasta el 21 del corriente, según la solicitud que realizó para recuperarse de los traumatismos que sufrió en el tremendo choque que protagonizó el sábado pasado, con el saldo fatal de una mujer fallecida (Alejandra Bengoa) y dos adolescentes con heridas graves, que iban en el otro vehículo.
En el Gobierno provincial hay hermetismo y pocas ganas de hablar del tema. Un síntoma de la preocupación que genera, por el impacto social y las consecuencias políticas, justo en la semana en la cual el oficialismo lanzó a Martín Llaryora como el candidato a suceder al gobernador Juan Schiaretti.
Los primeros números de encuestas sobre el impacto del suceso llegarán al Centro Cívico recién el fin de semana. Aunque un encumbrado funcionario schiarettista adelantó que este caso está generando un mayor costo político que el dramático suceso del hospital Neonatal, cuando hubo cinco muertes sospechosas de bebés, situación que le terminó costando el cargo al exministro de Salud Diego Cardozo.
Este caso es más complejo, desde lo político. González es un legislador que ganó en su departamento (San Javier) con el 65,42% de los votos, y su renuncia depende de una decisión personal.
En el hipotético caso de que González decida dar un paso al costado, su reemplazante en la banca sería la abogada Noelia Brizuela, una joven abogada de Villa Dolores, sin demasiada experiencia política.
No obstante, hay una decisión política que debe tomar el PJ. El tercer miércoles de diciembre deben asumir las nuevas autoridades legislativas para el año próximo.
González es el presidente provisorio de la Legislatura, la segunda autoridad en la Cámara, y también el segundo en la línea sucesoria de la provincia, después del vicegobernador Manuel Calvo.
Si bien se trata de una cuestión que se resuelve en la Legislatura, la designación de las autoridades del oficialismo es una decisión del gobernador Schiaretti, reconocen los peronistas.
En el oficialismo coinciden en que González no seguirá como el segundo de Calvo, más allá de que siga en su banca. Si bien es prematuro, ya comenzaron a sonar nombres.
Lo lógica sería que Nadia Fernández, una dirigente de la Capital que hoy ocupa la vicepresidencia de la Cámara, reemplace a González. O en su defecto, que el presidente del bloque oficialista, Francisco Fortuna, asuma ese lugar, y que Fernández pase a conducir la bancada.
De todos modos, por tratarse de un año electoral, en el PJ no descartan que Schiaretti decida un movimiento más fuerte: que uno de los ministros que tiene licencia como legislador vuelva a la banca para ocupar algunos de los mencionados dos lugares.
Por su trayectoria y experiencia legislativa, el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Massei, podría ser uno. Aunque esta salida es la menos probable, ya que significaría otro cambio en el gabinete provincial, en medio del arranque de la campaña.
Sesión tranquila
La única voz oficial que se escuchó en los últimos días fue la de Francisco Fortuna, el miércoles pasado, luego de la sesión en la Legislatura, en la cual el oficialismo logró sortear el primer desafío político sin mayores sobresaltos.
Hubo tímidas expresiones críticas de los principales partidos de oposición (UCR y el PRO) y los fuertes cuestionamientos provinieron de los bloques de izquierda y el Encuentro Vecinal Córdoba.
El oficialismo “salvó la ropa” en la Legislatura en la primera sesión, la caja de resonancia política provincial, pero preocupan el impacto social y las consecuencias políticas del caso.
La opinión de Juez y De Loredo respecto al caso
El senador Luis Juez y el diputado Rodrigo de Loredo se expresaron ayer sobre las derivaciones políticas del trágico siniestro vial del que fue partícipe el presidente provisional de Legislatura, Oscar González.
Para el líder del Frente Cívico y precandidato a gobernador, “González es un gran repartidor de poder, de prebendas”. Juez fue durísimo con el legislador, de quien dijo que “hizo de la política un negocio personal, pero también colectivo”.
“González sabe utilizar el poder como pocos. No es el único, pero maneja el poder como pocos. Y en eso el peronismo ha sido una máquina en estos 23 años. Por eso a nosotros nos cuesta mucho arrebatarles el poder. El peronismo es un gran repartidor de favores, comprador de voluntades, destructor de alianzas que pretenden derrocarlo. Y lo hacen así, como lo hace González”, aseguró en declaraciones a FM Pulxo.
Juez dijo que conoce al legislador González desde el año 1982. Y celebró que “el destino alguna vez le haga rendir cuentas”. “Porque se maneja de manera impune en la vida. Es un acumulador de poder serial”, criticó.
El senador reveló que tras el accidente, recibió una “consulta profesional” –por su carácter de abogado– de parte de allegados a la familia de las víctimas.
En tanto, el radical De Loredo puntualizó sobre el rol del Poder Judicial en la investigación. Dijo que “la política no se puede callar, y que tiene que tener responsabilidad para no manosear todo”. En diálogo con La Voz, dijo que “casos como este en el que participan funcionarios públicos no son casos normales”. “A eso –siguió– la Justicia lo tiene que saber. Tiene que actuar con muchísima más velocidad y con más transparencia. El periodismo y la sociedad deben contar con todas las explicaciones al alcance para que rápidamente se asignen responsabilidades. Lo tiene que hacer la Justicia y cuanto antes.
Para De Loredo, el caso González tiene “conexión” con la causa de las muertes de bebés en el Neonatal. “Se trata de una cultura de poder. Privilegios y falta de ejemplaridad”, criticó.
Por su parte, el diputado Mario Negri también se refirió al asunto: En Córdoba duelen síntomas de la enfermedad de 24 años en el poder. Violencia institucional, muertes de bebés en el Neonatal, privilegios que salen a luz por una tragedia vial. El ocultamiento se cae a pedazos. Se necesita la palabra de la máxima autoridad de gobierno”, tuiteó.
