Pasan los meses y las claves de interpretación de lo que ocurre en Córdoba con Javier Milei se vuelven cada vez más insuficientes: el acérrimo antikirchnerismo mediterráneo ya no basta para explicar el apoyo mayoritario que sigue registrando el presidente libertario en una provincia que se encuentra entre las más afectadas, tanto por el ajuste estatal como por la caída de la actividad privada.
Dentro de los límites de Córdoba, Milei parece inmune a casi todo. No está tan claro si es causa o consecuencia de ese fenómeno el hecho de que las críticas políticas sean casi impercetibles.
El gobernador Martín Llaryora fue el primero en constatar en febrero pasado el costo de un enfrentamiento –no buscado– con Milei, y desde entonces prioriza los gestos de acercamiento y mantiene en reserva la indignación creciente por el trato que recibe la provincia que más votó a La Libertad Avanza. En el Panal aseguran que, tras la aprobación de la “ley bases”, se irá terminando la dulzura del peronismo cordobés.
Mientras tanto, la relación Provincia-Nación sigue sumando fotos sonrientes y nulos avances concretos. Llaryora estuvo el martes con el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, y el jueves con Milei. Con el primero, no logró llegar a un acuerdo por la finalización de obras nacionales paralizadas en Córdoba, y con el segundo apenas cruzó un saludo. Ni Llaryora ni el santafesino Maximiliano Pullaro ni el entrerriano Rogelio Frigerio fueron a escuchar el discurso en que el Presidente volvió a tratar de “degenerados fiscales” a quienes apoyaron la ley para mejorar las jubilaciones nacionales y exigir el pago a las cajas jubilatorias de las provincias. Los tres gobernadores estaban incluidos en esa descalificación presidencial.
También es llamativo el hecho de que todos los gobernadores que se reunieron con Francos salieran con el convenio de traspaso de obras bajo el brazo y Llaryora no. En el Panal sostienen que aceptar la obligación de terminar esas obras que son responsabilidad de la Nación, sin los correspondientes recursos, sería una zoncera; que la Provincia no tiene ningún apuro, y que además tiene un plan de obras propio que es su prioridad.
Caja desfondada
Toda discusión con la Casa Rosada es menor para Llaryora si deja al margen la Caja de Jubilaciones: el frente previsional se vuelve cada vez más riesgoso para las cuentas provinciales, mientras la Anses incumple alegremente la ley que ordena el envío de recursos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace gala de paciencia y distracción infinitas ante las arbitrariedades administrativas de la gestión Milei.
Los perjuicios para la administración provincial son crecientes, y la falta de presupuesto empieza a ser una restricción de peso en varias áreas del Gobierno. Los cálculos de la Provincia indican que entre lo que dejó de llegar por transferencias a la Caja, Fondo de Incentivo Docente y subsidios al transporte, más la pérdida de ingresos por caída de la actividad, en los cinco primeros meses del año faltaron cerca de 300 mil millones de pesos en las arcas provinciales.
Córdoba está entre las tres provincias más afectadas por el corte de las transferencias no automáticas, que cayeron en un 94 por ciento. La menos afectada es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un clásico que nunca pasa de moda en la administración nacional.
Pese al frío anticipado, mayo tuvo un veranito inesperado para las cuentas públicas. La coparticipación repuntó excepcionalmente por las ganancias extraordinarias que la devaluación ofrendó al sector financiero, el único beneficiado en los seis meses de Milei. De más está decir que en Córdoba el rubro tiene incidencia apenas relativa. En cambio, la construcción está paralizada, el sector metalúrgico no repunta y el agro no liquida ni compra maquinaria, mientras el comercio nunca dejó de caer hasta ahora, cuando el retorno de las cuotas ofrece al rubro una primera señal de vida. Pagar el medio aguinaldo es un desafío titánico, tanto en el sector público como en las empresas privadas.
Veto juecista
Las dificultades económicas se perciben de lleno tanto en la gestión provincial como en la municipal capitalina, pero hasta ahora no se conocen datos de ejecución presupuestaria de ninguna de ambas administraciones. En cambio sí se conocen las tensiones constantes entre la gestión Llaryora y el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Desde el 10 de diciembre este organismo de control está en manos del juecismo y produjo numerosas objeciones a gastos e inversiones del oficialismo. Pero en los últimos días se registró un récord: por primera vez en décadas, fue rechazada la cuenta de inversión del ejercicio 2023. La del último año de la gestión de Juan Schiaretti.
Ese veto promete un capítulo de alto impacto en la Legislatura, y para el PJ cordobés constituye la evidencia de que ese organismo técnico de control previo de la legalidad del gasto provincial transmutó en un mecanismo de obstaculización política: no sólo por la fama de buen administrador de Schiaretti sino porque el propio Luis Juez pretendía que el exministro Osvaldo Giordano continuara en el cargo si ganaba la elección. En cambio, el juecismo enumera una larga lista de causales de rechazo del último ejercicio schiarettista. Y no sólo eso: evalúa acciones por incumplimiento contra exfuncionarios.
El tobogán de estos seis meses no derrumba únicamente indicadores económicos en Córdoba. El oficialismo provincial sigue a la pesca de dirigentes opositores que cuestan más de lo que valen, mientras empiezan a evidenciarse algunas grietas de pronóstico aún indefinido.
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, fue la semana pasada el primero en romper el mandato llaryorista de no cuestionar la política nacional. Tras reclamar en Buenos Aires por el corte de subsidios al transporte y la permanencia de la discriminación del interior respecto del Amba, dijo que “hablar de superávit fiscal cuando hay un enorme déficit social es una contradicción enorme”.
Muchos en Córdoba se preguntaron si con esa reacción estaba marcando más distancia del Presidente o del gobernador. Las versiones de inminentes cambios en el gabinete municipal –se menciona la salida de dos secretarios que vienen de la gestión anterior– suman ruido en el PJ.
Pero en las dos semanas que vienen, nada en el Panal preocupará más que Río Cuarto. Cuando el peronismo dice que un resultado está abierto, habitualmente significa que en realidad está perdiendo. Y “resultado abierto” es lo que dicen en este caso. Llaryora ratificó su aval al candidato que eligió Juan Manuel Llamosas y todo el oficialismo redobla esfuerzos. Pero no para de calcular riesgos.
