El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, firmó un decreto que declara nulos 796 contratos presuntamente irregulares, firmados en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018, durante gestiones peronistas. La decisión, dijo, apunta a facilitar el recupero de $373 millones, monto estimado del perjuicio al Estado, según una causa judicial en curso.
La anulación abarca contratos celebrados bajo el régimen de locación de obra, que, según los fiscales, encubrían una maniobra para desviar fondos públicos. En los hechos, muchas personas jamás prestaron servicios reales y los sueldos eran retirados por terceros.
El esquema, según la acusación, funcionó como una asociación ilícita con participación de legisladores y personal de planta.
La investigación, iniciada en 2018, llevó a juicio oral a 32 imputados, entre ellos la ex secretaria del Senado, Alfredo Bilbao, y otros funcionarios. Frigerio dispuso que la Fiscalía de Estado y la Contaduría General impulsen acciones para anular esos contratos y reclamar el dinero.
“Los entrerrianos son protagonistas de una de las causas de corrupción más importantes del país, la de los contratos truchos”, dijo el gobernador, y advirtió: “Se ha comprobado que hubo cerca de 800 (contrataciones irregulares) durante una década. La Justicia tendrá ahora que probar quienes han sido los responsables y qué pena les cabe“.
“Pero la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”, afirmó.
Frigerio sostuvo que quieren “que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan“.
Por eso, solicitó a los presidentes de las Cámaras (Diputados y Senadores) que dispongan la nulidad de estos “contratos truchos”. Y agregó: “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”.
La causa penal está caratulada como “Beckman y otros”, y comenzó en 2018 cuando se detectó a un grupo de gente retirando plata de cajeros automáticos con gran cantidad de tarjetas de débito.
La investigación descrubió que ese dinero correspondía a contrataciones ficticias de personal en la Legislatura, cuyo esquema había funcionado desde 2008.
Con el avance de la Justicia, fueron acusadas 32 personas, que quedaron en condiciones de ir a juicio. Por otra parte, una decena solicitó probation.
Ecos en Córdoba
El caso tiene ecos en Córdoba, donde en las últimas semanas se conoció un escándalo similar en la Legislatura provincial. Una investigación judicial busca establecer la existencia de “empleados fantasmas”, a partir de la detención del dirigente peronista Guillermo Kraisman, acusado de intentar cobrar un sueldo de casi un millón de pesos por una trabajadora que nunca prestó funciones.
La causa derivó en un pedido de Acceso a la Información pública, por parte de este medio, que obligó a la Legislatura de Córdoba a dar a conocer cuántas personas están contratadas por el Poder Legislativo.
Lo que aún no terminó de aclararse es qué hacer más de 500 contratadas, ya que la Legislatura no ha dado los detalles de sus tareas.
