Sólo los miembros del Gabinete provincial y las máximas autoridades de la Municipalidad de Córdoba, Martín Llaryora y Daniel Passerini, se mantuvieron de brazos cruzados cuando la ovación resonó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia. Allí, en el inicio del año judicial, Sebastián López Peña, titular del Tribunal Superior de Justicia, reclamó la derogación de la ley que, impulsada por Juan Schiaretti y Silvina Rivero, la ministra de Coordinación, modificó el régimen de equiparación salarial de magistrados y funcionarios judiciales provinciales con sus pares de la Justicia Federal.
López Peña no ahorró críticas y descalificativos a esa ley que, en la práctica, difiere los retroactivos que dé la Corte Suprema de Justica de la Nación durante 2022, montos que pasarán para el ejercicio 2023; y así sucesivamente.
“Córdoba es un paradigma de calidad institucional y división de poderes, por eso nos sorprendió cuando en diciembre pasado, de manera intempestiva, fuera indirectamente modificada la ley de equiparación salarial del Poder Judicial”, comenzó López Peña su reclamo público. “Se hizo de manera inconsulta (por parte del Poder Ejecutivo), comunicándola escasas horas antes de su presentación en la Legislatura”, reclamó el presidente del TSJ.
En diciembre, él fue notificado el domingo a la noche anterior a la aprobación del Presupuesto para este año que la intención del gobernador Schiaretti, instrumentada a través de Rivero, era dejar de pagar a los funcionarios judiciales los retroactivos dispuestos por la Corte Suprema, un plus que no está contemplado (porque es desconocido) por el Ejecutivo Provincial.
Durante 48 horas, el TSJ en pleno operó en contra de esa ley, hasta que finalmente se buscó un “empate” que aparentemente zanjaría la discusión: el diferimiento del pago de los retroactivos. Así fue aprobado el presupuesto por la Legislatura. La jugada de Rivero fue tomada como una “encerrona” por las máximas autoridades de la Justicia. Este viernes, los encerrados fueron los principales colaboradores del gobernador y el intendente Llaryora, principal precandidato de Hacemos por Córdoba para 2023.
La batalla sigue
Ahora quedó claro que la disputa continuará. Dijo López Peña: “Nos hubiera gustado, como corresponde a un Estado de derecho sano, discutir los motivos, para nosotros erróneos, que llevaron a esa decisión (del Ejecutivo).
“Nos hubiera gustado demostrar con los números a la vista que desde que se alcanzó la equiparación, hace siete años, no hubo diferencia alguna entre los porcentuales alcanzados por el Poder Judicial y los del resto del Estado provincial, a pesar de alguna errónea información que a veces se circulariza”.
“Como respeto a otro poder del Estado, y habiendo en el otro poder (la Justicia) argumentos que podrían haber estado equivocados, hubiéramos preferido un diálogo franco, una discusión previa, y no un proyecto sorpresivo, intempestivo, inopinado; amordazando las razones que teníamos para esgrimir”, reclamó López Peña ante la mirada de los ministros provinciales.
Pedido de derogación
Tras exponer que la intangibilidad salarial es “quizá la más importante garantía” de la independencia del Poder Judicial sobre los poderes políticos, y por lo tanto del sistema republicano, López Peña anticipó la próxima jugada en una cancha propia: “Como obligada consecuencia de lo acontecido, junto con nuestra Asociación de Magistrados y la asociación gremial de empleados judiciales, ya estamos trabajando para requerir de manera firme, incesante e inclaudicable al derogación de la intempestiva reforma legislativa”.
Luego, cuando amainó la ovación que dejó de brazos cruzados a los funcionarios provinciales y municipales, lanzó la última estocada: “Sepan los otros poderes que el Poder Judicial en su conjunto defenderá sostenidamente su independencia, que no será permeable a prácticas que no se condicen con la calidad institucional de la provincia de Córdoba”.
Ausente en Los Pasos Perdidos, los líderes de la oposición provincial dejaron pasar la oportunidad de hacerse eco de las palabras de López Peña.
Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, haría luego una referencia tangencial el argumento de López Peña, pero cuidándose de no adelantar opinión, ante la hipótesis que el conflicto llegue a su escritorio: “Cada vez estoy mas convencido que quienes tenemos altas responsabilidades de la magistratura, en ocasiones, debemos levantar la voz, fundamentalmente cuando se trata de reivindicar la división de poderes, los valores republicanos, la independencia del Poder Judicial expresada en la inamovilidad e intangibilidad de las remuneraciones”.
