Luego de un duro y crítico pronunciamiento de la Iglesia Católica, el gobernador Martín Llaryora resolvió frenar hasta febrero el debate en la Legislatura por el nuevo Código de Convivencia. Más allá del rechazo explícito de la Pastoral Social, la iniciativa volvió a encender la interna dentro del peronismo, especialmente por los puntos que buscan prohibir la actividad de naranjitas y limpiavidrios.
Aunque pocos lo admiten en público, son varios los legisladores oficialistas que miran el proyecto con reparos. La iniciativa es empujada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, pero no termina de generar consenso dentro del bloque.
A la discusión ideológica se le suma, además, una pulseada política de fondo: el reordenamiento de candidaturas de cara al año próximo. Quinteros niega cualquier aspiración electoral, pero en el PJ hay quienes creen que el ministro trabaja para posicionarse como candidato a intendente de la ciudad de Córdoba.
En el Centro Cívico descuentan que nadie romperá la disciplina partidaria. El único nombre que aparece como posible díscolo es el de Bernardo Knipscheer (pareja de Natalia de la Sota), aunque en el llaryorismo confían en compensar cualquier fisura con apoyos opositores.
Señalan, por ejemplo, que Gregorio Hernández Maqueda, férreo opositor a los naranjitas, probablemente acompañe el proyecto, al igual que el libertario Agustín Spaccesi.
De todos modos, tanto el gobernador como el ministro de Seguridad parecen mirar menos a la Legislatura y más al Arzobispado de Córdoba.
Si el cardenal Ángel Rossi mantiene su postura crítica, podría ser el principal obstáculo para que Quinteros sume una herramienta clave para mostrarse activo en las calles.
¿Una candidata para el PJ?
Aunque el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, esquiva cualquier definición respecto de una eventual candidatura a intendente, en su equipo hay expectativa por la alta exposición que tiene el funcionario, lo que habría derivado en un alto conocimiento, según dejan trascender en el Centro Cívico.
Cuando le preguntan por su futuro, Quinteros repite que él sólo quiere ser ministro, una respuesta lógica teniendo en cuenta que está sentado sobre un polvorín como lo es ser la cara de la seguridad (o inseguridad, según los opositores) de la provincia.
Sin embargo, en las últimas semanas, Quinteros agregó a su lacónica respuesta una definición: “Juampi (por el ministro) dice que es tiempo que el peronismo tenga una candidata para la intendencia”, asegura uno de sus colaboradores, sin dar más pistas.
¿Se refiere a Victoria “Tori” Flores, la esposa de Miguel Siciliano? ¿Está pensando en que la postulación de Natalia de la Sota en la ciudad le devolverá al peronismo la unidad resquebrajada de estos días? ¿Habla de Nadia Fernández, viceministra de Justicia desde hace algunos días? ¿Es una idea de él o repite algo que salió de la boca del gobernador?
Las preguntas son muchas, y cerca del ministro sólo se encogen de hombros a modo de respuesta y aseguran que Quinteros les tiene prohibido siquiera lanzar sobre la mesa de café la palabra “candidatura”.
Radicales y peronistas: la furia del interior contra la Capital
No hay una posición unificada, pero por distintos motivos, entre legisladores e intendentes radicales y peronistas del interior crecen las críticas hacia la dirigencia de sus partidos en la ciudad de Córdoba.
En el radicalismo del interior, el malestar es evidente. Se apoyan en los números de las elecciones provinciales de 2023, donde Juntos por el Cambio tuvo un desempeño sólido. “Si en la Capital se hubiera puesto un poco más, le ganábamos al PJ. Pero ahora parece que el futuro del radicalismo se define en la Capital”, se quejó un legislador del interior.
En el PJ, el reproche es similar, aunque con otro trasfondo. En voz baja, intendentes y legisladores cuestionan que el gobernador Martín Llaryora concentre gran parte de su gestión en la Capital, el distrito donde peor le va en las encuestas, pero que resultó decisivo para derrotar a Luis Juez en 2023.
“Es cierto que la diferencia se hizo en la Capital, pero en el Gobierno provincial no pueden olvidarse del interior. Ahora parece que todo pasa por la ciudad de Córdoba. Ojo, que en el interior está el 60% del padrón electoral”, advirtió un intendente peronista del sur provincial, lanzando algunos dardos en dirección al Centro Cívico.
Pronóstico extendido
Cuando el 30 de diciembre la Cámara en lo Contencioso Administrativo de tercera nominación hizo lugar al amparo (y medida de no innovar) respecto de la ley de reforma jubilatoria 11.087, en la Justicia de Córdoba pronosticaron una “lluvia” de estos instrumentos y temieron una feria compleja.
Sin embargo, con excepción del que tramitó el abogado Jorge Gentile, eso no ocurrió y los planteos parecen que llegarán recién en febrero, cuando el Poder Judicial retome a la actividad tras el letargo de enero.
Hasta el próximo jueves, estarán de guardia en el Tribunal Superior de Justicia los vocales Sebastián López Peña y Marta Cáceres de Bollati; mientras que desde el viernes el Poder Judicial estará a cargo de Domingo Sesin y Jessica Valentini.
En el Poder Ejecutivo especulan que la dupla que está a cargo de la feria –Cáceres de Bollati y López Peña– será más reactiva a cualquier pedido del Gobierno, mientras que el binomio Sesin-Valentini podria ser más receptivo.
Es una lectura política que parte del análisis de la interna judicial: López Peña quiso bloquear la llegada de Sesin a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y promovió a Cáceres de Bollati. El jurisita sanluiseño resistió y contó con el aval de Valentini, quien terminó de consolidar una mayoría. Como se recordará, Valentini llegó al Alto Tribunal impulsada por el gobernador Llaryora.
En el Gobierno también leen con lupa quiénes fueron las camaristas que admitieron el amparo y dictaron la medida de no innovar y sentaron la base de futuros reclamos: fueron María Eugenia Acuña y María Martha Angeloz, hija del fallecido exgobernador.
Viendo fantasmas donde quizá no los haya, en el peronismo tiran sobre la mesa de café que el esposo de Angeloz, Jorge Lerda, fue denunciado por Miguel Ortiz Pellegrini, hoy cercano al oficialismo provincial, y por Facundo Garade Panetta, esposo de Gabriela Flores, funcionaria del Gobierno provincial y hermana de Victoria (cuñada de Miguel Siciliano), por temas administrativos del country Las Delicias.
