Mientras el Gobierno transita días de turbulencia por el escándalo de los alimentos, este miércoles el fiscal federal Ramiro González abrió una causa penal para investigar la contratación de personal en el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
Se trata de una denuncia iniciada por el propio Ministerio contra el exfuncionario de esa cartera, Pablo de la Torre, por presuntas irregularidades en las contrataciones y el uso de dólares para pagar los sueldos.
Según indicó Infobae, el fiscal le pidió al Ministerio “con carácter de urgente” una serie de documentos vinculados a las contrataciones que se hicieron mediante la OEI. Además, citó a declarar a Alejandro Schiavi, subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en calidad de testigo.
En su dictamen, el fiscal mencionó: “El objeto procesal de autos se centrará en investigar las distintas contrataciones realizadas a través de la Organización de Estados Iberoamericanos con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las Secretarias dependiente de dicha cartera ministerial, en miras de establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas que participaron de la maniobra”.
La denuncia que presentó la cartera indicaba irregularidades dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que hasta la semana pasado estaba a cargo de De la Torre, quien fue luego echado por Pettovello luego de la polémica por los alimentos almacenados. y que debían ser enviados a comedores
De acuerdo a la denuncia, que se presentó el lunes, Federico Fernández, un funcionario de la Secretaría, se presentó a fines de mayo para contar que en una reunión en enero un grupo de otros funcionarios había decidido contratar personal a través de la OEI y que el dinero que se cobraba se pasaba a dólares. Parte de este dinero sería para De la Torre y la sospecha es si hubo contrataciones falsas para cobrarlo.
La denuncia fue ratificada este martes por Leila Gianni, subsecretaria de Legal de Capital Humano, quien además declaró como testigo.
“Nos cuenta que había muchas personas que por temas impositivos no podían facturar. Entonces buscaron a otras que facturen en su nombre. Así, la OEI les transfería a esos consultores, previa certificación de servicios de funcionarios de la Secretaría de Niñez. Los consultores cobraban en pesos, lo sacaban de la cuenta y lo cambiaban a dólares a fin de reducir el volumen de billetes a entregar. Este dinero se lo entregaban a algunos funcionaros que cambiaban el dinero a dólares y luego lo distribuían, una parte se la entregaban a De La Torre”, dijo.
Gianni desvinculó a Pettovello del caso: “Ni la ministra ni nosotros estábamos al tanto de esta situación”.
En ese marco, el fiscal pidió una copia del convenio marco firmado con la OEI y todas sus actas complementarias desde el 10 de diciembre pasado con “indicación de los montos asignados en cada caso” de todas las secretarías del Ministerio. También lo firmado entre la OEI y particularmente la Secretaría de la Niñez y específicamente “los datos personales de los consultores que fueron contratados bajo esa modalidad y los instrumentos respaldatorios con indicación de montos, fechas y tareas asignadas; así como, las certificaciones de servicio que le permitieron a los consultores cobrar sus honorarios”, detalló Infobae.
También se pidió un listado con todos los empleados y funcionarios que prestaron servicios en la Secretaria desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, detallando la fecha de alta y de baja, así como el modo de contratación y tareas asignadas.
El fallo de la Justicia contra el Gobierno
Después de la escandalosa audiencia entre la subsecretaria Legal de Capital Humano y el dirigente social Juan Grabois, la Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó la decisión del juez Sebastián Casanello que había ordenado un plan de inmediata distribución de 5.000 toneladas de alimentos que estaban bajo resguardo.
Además, los jueces criticaron el comportamiento de la abogada de Capital Humano como del dirigente Juan Grabois.
La Sala II, integrada por los camaristas Martin Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, respaldó la medida cautelar firmada por el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga los alimentos secos que no se estaban distribuyendo a comedores y merenderos.
También cuestionó a Grabois y Gianni por la conducta en la audiencia del martes. El ministerio de Capital Humano había apelado la medida acusando al magistrado de “violar la división de poderes”, sobrepasar su jurisdicción y dictaminar sobre una “política de Estado no justiciable”.
Ninguno de estos argumentos fueron convalidados por los camaristas, quienes dieron la razón a Casanello.
