El reinicio de la actividad judicial tras el receso por la feria de verano abre expectativas sobre el impulso que tomarán distintas causas con impacto político. En la Casa Rosada, aguardan las novedades que podría arrojar un expediente en particular: la causa judicial abierta hace casi un año que investiga los posibles delitos de “defraudación por administración infiel” y “malversación de fondos” en el proceso de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Cambiemos.
La causa se instruye en los juzgados federales de Comodoro Py y fue abierta a mediados de marzo pasado ante una presentación de la Oficina Anticorrupción, en base a informes del Banco Central de la República Argentina y de la Sindicatura General de la Nación “sobre los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018″.
La jueza federal María Eugenia Capucetti quedó a cargo del expediente cuya carátula se titula “Macri, Mauricio y otro sobre defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”.
El interés del Poder Ejecutivo en la evolución de la causa quedó ratificado cuando a fines de diciembre pasado, casi al borde de la feria judicial, el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió que se cite a declarar a los directivos del Fondo Monetario Internacional que intervinieron en el otorgamiento del crédito por 57 mil millones de dólares, de los que el organismo multilateral alcanzó a entregar 44 mil millones.
La movida judicial de Zannini recién se conoció este martes y se produce en medio de las tensas negociaciones entre las autoridades nacionales y el FMI por el crédito otorgado a la administración Macri.
Los apuntados por Zannini
El exsecretario de Legal y Técnica durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, una pieza clave del kirchnerismo en el núcleo del gobierno del Frente de Todos, elevó una lista con los directivos del FMI, que, a su entender, deben ser citados a declarar. Uno de ellos es Roberto Cardarelli, el responsable de dirigir la misión que el Fondo envió a la Argentina para discutir los detalles técnicos del crédito.
En la lista presentada por el Procurador Zannini también están los directivos del Fondo, Yan Carrière-Swallow, Joyce Cheng Wong, Paolo Dudine, Jeta Menkulasi, Marcos Souto y Romain Veyrune.
Hace casi un año, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández pidió “a las autoridades pertinentes” que “inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
El 12 de marzo de 2021, la Oficina Anticorrupción a cargo de Félix Crous formalizó la denuncia en la Justicia.
Qué dice la denuncia contra la administración Macri
La denuncia penal apunta a determinar las responsabilidades del ex presidente Macri, los ex ministros de Hacienda Nicolás Dujovne y de Finanzas Luis Caputo (Finanzas) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger y Guido Sandleris. Hasta ahora, el fiscal Franco Picardo no pidió la indagatoria de ninguno de ellos. Tampoco se sabe si la jueza Capuchetti tiene en carpeta un próximo llamado a indagatoria.
En diciembre, antes del pedido de Zannini para que se investigue al staff técnico del FMI, el fiscal Picardo pidió incorporar al expediente el informe autoevaluativo del Fondo sobre el resultado del préstamo otorgado a la Argentina. Ese informé concluyó que el programa Stand By acordado con el gobierno de Macri en 2018 “no cumplió con los objetivos”.
El directorio del FMI hizo la Evaluación Ex Post del programa Stand By, en el que se critica que durante el gobierno de Cambiemos no se haya reestructurado la deuda de Argentina en moneda extranjera.
La evaluación también apuntó que no se haya implementado un control de capitales para evitar la fuga ocurrida en agosto de 2019, después de las primarias que anticiparon el triunfo que meses después tendría el Frente de Todos en las presidenciales.
La fiscalía busca establecer “si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores (y títulos de deuda), y si estos pudieron prevalerse de información privilegiada -y quién la suministró-, para asegurar esas ganancias, que son el espejo del perjuicio que debe afrontar la mayoría del pueblo argentino”.
En el gobierno están atentos al avance de la causa tras la feria, que correrá en paralelo a las negociaciones del país con el FMI aun sin cerrar.
