En una reunión atravesada por la condena de prisión contra Cristina Kirchner, el Senado reanudó este miércoles el debate sobre la ampliación de la Corte Suprema con la participación de cinco especialistas, que expusieron diferentes posturas.
El kirchnerismo, en la voz de Oscar Parrilli, aprovechó la oportunidad para cargar contra los jueces, camaristas y fiscales que intervinieron en la causa Vialidad, por sus nexos con el expresidente Mauricio Macri.
Vigo confirmó que evalúan entre siete y nueve miembros
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, conducido por la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), retomó el cuarto intermedio y continuará con las reuniones informativas. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no fue invitado y sigue al margen del debate, con la idea de avanzar después de las elecciones.
A pesar de la distancia que muestra el Gobierno, los senadores siguen adelante con el objetivo de consensuar un dictamen. Vigo confirmó que el número de jueces que analizan es de entre siete y nueve. De esa forma, quedó descartada una propuesta del kirchnerismo para llevarlo a 15. Actualmente, la Corte tiene cinco miembros, pero funciona con tres porque se rechazaron los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para cubrir las dos vacantes existentes.
Condena a Cristina: Parrilli cargó contra jueces, camaristas y fiscales
Como era previsible, la discusión tomó otro color tras la condena a Cristina. Parrilli introdujo el tema luego de que uno de los expositores, Ricardo Gil Lavedra (presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), se refiriera a la necesidad de tener “una Corte independiente, imparcial y alejada de presiones”.
El senador kirchnerista le preguntó a Gil Lavedra (que esquivó la respuesta) si considera que hay “imparcialidad o apariencia de imparcialidad” en los jueces, camaristas y fiscales que fallaron o dictaminaron contra Cristina, y repasó los nexos de todos ellos con Mauricio Macri, plasmados en reuniones con el expresidente y hasta partidos de fútbol y paddle compartidos en las quintas de Olivos y Los Abrojos.
En esa condición mencionó a los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, integrantes del Tribunal Oral Federal Nro. 2; los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Llorens; los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola; y agregó al juez Julián Ercolini porque “su esposa trabajaba como asesora de prensa de Germán Garavano”, ministro de Justicia en la gestión de Cambiemos.
También recordó que dos de los cortesanos que confirmaron la condena a Cristina, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, “aceptaron ser nombrados a dedo” por Macri, quien luego de la polémica que generaron las designaciones por decreto envió los pliegos al Senado para que fueran aprobados.
El senador salteño Juan Carlos Romero, aliado del Gobierno y autor de un proyecto para elevar los jueces supremos a siete, eximió a Gil Lavedra de responder los planteos de Parrilli. “No vinimos a hacer un tribunal para juzgar a la Corte”, reprochó.
Ampliación de la Corte: opiniones divididas
La discusión sacó a la luz diferentes posturas por parte de los invitados. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que la Corte tendría que tener entre 9, 11 y 13 integrantes, para poder contemplar tres variables: la diversidad de géneros, la perspectiva federal y la diversidad ideológica, política y doctrinaria.
De todos modos, Gil Domínguez consideró que una reforma de la integración de la Corte, si bien es un “aspecto importante”, será insuficiente porque lo que se necesita es “una reorganización eficaz del funcionamiento” del Máximo Tribunal, que contemple el modo de elección del presidente, la fijación de plazos para emitir fallos, la agenda y el orden cronológico.
Por su parte, Gil Lavedra consideró que es “sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de miembros de la Corte” debido a “la crisis de confianza que hay en la población respecto a la Justicia”. Para el exdiputado, “si esto responde a intereses políticos, va a deteriorar aún más la confianza de la gente”.
El exconvencional constituyente Alberto García Lema se diferenció de Gil Lavedra y sostuvo que “a pesar de todas las dificultades políticas que existan actualmente, inclusive la dificultad de un año electoral, el Senado debe hacer todo lo posible para sancionar una ley en este ejercicio”, ya que “lo más necesario ahora es complementar un número adecuado de miembros de la Corte”.
A su turno, María Esther Cafure de Battistelli, de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba, defendió que haya paridad de género en lugar de un cupo, lo que consideró un retroceso. “Necesitamos a mujeres en forma paritaria en los órganos de decisión”, afirmó. Aseguró que la paridad es una “obligación” que debe regir en el Poder Judicial porque ya rige en el Legislativo con la integración de las listas de candidatos nacionales, que alternan un hombre y una mujer.
“En búsqueda de perfiles”
En el informe escrito que envió a los senadores en la previa de su presentación en la sesión de este jueves, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, evitó pronunciarse sobre la eventual ampliación de la Corte. Sostuvo que “el funcionamiento óptimo” del Máximo Tribunal “requiere su integración plena” y que, ante el rechazo de los pliegos de Lijo y García Mansilla (quienes habían sido designados por decreto por el Poder Ejecutivo) “se continúa con la búsqueda de perfiles adecuados” para completar la composición.
Consultado sobre el cupo de género, Francos indicó que “la inclusión de mujeres para cubrir vacantes se encuentra contemplada entre los criterios de análisis que actualmente se tienen en cuenta para la eventual postulación de nuevas candidaturas”, aunque aclaró que “se consideran diversos perfiles sin restringir la evaluación exclusivamente al género”, sino contemplando también “la trayectoria, competencias y antecedentes profesionales”.
“Desde el Ministerio de Justicia se afirma la importancia de contar con representación femenina en el Máximo Tribunal y tiene en consideración dicho criterio al momento de evaluar posibles candidaturas, sin perjuicio de ponderar también los antecedentes académicos, profesionales y aptitudes para el cargo de los postulantes”, especificó.
