Al margen de la causa en la que se investiga el trágico choque en las Altas Cumbres, el exlegislador Oscar González se encuentra procesado por la Justicia federal de Córdoba por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además, está imputado por supuesta omisión, falsedades e inexactitudes de sus declaraciones juradas.
La acusación federal, a cargo del fiscal N° 3, Maximiliano Hairabedian, tiene origen en la denuncia de la legisladora Luciana Echevarría, quien cuestionó traspasos de bienes que habría realizado González a sus familiares luego del siniestro vial. El fiscal anticorrupción provincial Franco Mondino se apartó de esa investigación y por esa razón la causa terminó en la Justicia federal.
Tras la investigación inicial, el fiscal Hairabedian imputó a González por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado, al advertir “incrementos apreciables y legalmente injustificados” que “no se condicen con la situación patrimonial previa, operaciones e ingresos legítimos declarados por González” y por su entonces esposa, Emma Beatriz Senesi (luego fallecida).
El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja avaló la investigación del fiscal y procesó a González, luego de ordenar un embargo por U$S 424 mil al exlegislador y a sus hijos.
Lo que está bajo investigación es la compra en 2005 un terreno de 1.213,33 metros cuadrados en San Javier; un departamento de 228 metros cuadrados en 2012 en Torre Ludovico III (barrio Nueva Córdoba de la Capital), por $ 924 mil; otro departamento (en 2014) en el edificio GAP (Nueva Córdoba) por $ 800 mil; dos departamentos en calle Ituzaingó (Nueva Córdoba) por $ 1.050.000 (a nombre de su entonces esposa, Emma Beatriz Senesi, pero que González se adjudicó como propios), y un terreno en Villa Dolores por un valor declarado de $ 4.150.000 (en 2019).
Asimismo, el fiscal le achacó un incremento patrimonial que “pasó de manera injustificada” de U$S 24 mil en 2008 a U$S 68.680 en 2012. Esa suma volvió a incrementarse “injustificadamente”, según la acusación, hasta llegar a U$S 92.158, de acuerdo con lo declarado en 2016. Sin embargo, el mismo valor se mantuvo en su declaración de 2021, a pesar de la incorporación de inmuebles a su patrimonio.
“No justificó la procedencia de su enriquecimiento ni el de la persona interpuesta para disimularlo, toda vez que presentó manifestaciones vagas y genéricas que no explican las incorporaciones a su patrimonio ni mucho menos respaldó el origen lícito de los fondos”, le achacó el fiscal.
Respecto del lavado imputado, el representante del Ministerio Público advirtió que González habría simulado, en algunos casos, y transferido y circulado, en otros, los bienes del supuesto enriquecimiento injustificado.
González quedó, asimismo, bajo sospecha por las “donaciones” de ciertos bienes a sus tres hijos (departamentos de Nueva Córdoba) y el terreno de Villa Dolores el mismo día: el 8 de febrero de 2023, es decir, poco más de tres meses después del choque en Altas Cumbres.
Los abogados de González, Miguel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán, habían planteado que las “donaciones” del matrimonio González-Senesi fueron motivadas por la disolución de la sociedad conyugal, que no llegó al divorcio por fallecimiento de Senesi. El procesamiento fue apelado y la situación debe ser resuelta por la Cámara Federal.
El exlegislador continúa con prisión domiciliaria y tobillera en su vivienda de Villa Dolores. A fines de julio pasado, se casó con Cristina Vidal, una dirigente que fue candidata a intendenta de esa ciudad y que es su pareja desde hace varios años.
Traspaso de bienes. La causa federal surgió por un planteo de la legisladora Luciana Echevarría, que denunció el traspaso de bienes de González a sus hijos. El fiscal Hairabedian avanzó y detectó inconsistencias patrimoniales.
