La mayor parte de los 18 diputados nacionales por Córdoba sigue rechazando capítulos fundamentales de la “ley ómnibus” que reclama el Gobierno de Javier Milei. A excepción de los tres libertarios –María Celeste Ponce, María Cecilia Ibañez y Gabriel Bornoroni– los otros 15 diputados cordobeses mantienen disidencias sustanciales, hayan adherido o no al dictamen de mayoría.
La resistencia más generalizada es contra las modificaciones en materia de derechos de exportación: ni el PJ cordobés, si los miembros de Juntos por el Cambio –sean radicales o del PRO–, el los peronistas cordobeses ni los kirchneristas están dispuestos a avalar ninguna suba en materia de retenciones, y provoca especial rechazo entre los legisladores el 15 por ciento que el proyecto de ley le carga a todas las exportaciones industriales.
También es muy extendido el rechazo a los cambios en materia previsional, tanto la nueva movilidad jubilatoria para los pasivos nacionales como el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses.
Aún entre quienes avalaron en disidencia el dictamen de la mayoría, en las últimas horas creció el nivel de malestar por las intempestivas “advertencias” del ministro Luis Caputo a los goberandores: si los diputados no votan todos los cambios económicos, habrá más recortes en partidas de las provincias. Y los cambios económicos son el eje de la resistencia de la mayoría de los diputados cordobeses.
“Tratamos de colaborar con un Gobierno que está comenzando. Pero hay puntos centrales que no tienen apoyo y tampoco tienen nada que ver con las ideas de Javier Milei que votaron los cordobeses”, indicó la radical Gabriela Brouwer de Koning, quien hace especial hincapié en esa disonancia. “Por un lado va el relato y por otro lado las acciones que pretenden llevar adelante, como ocurría con el kirchnerismo”, dice la diputada, muy cercana al jefe de la bancada radical, Rodrigo de Loredo. Soledad Carrizo y Luis Picat también rechazan la suba de retenciones.
“Intentamos facilitar la gobernabilidad y acompañamos en general porque hay aspectos de la ley que apoyamos. Pero la gobernabilidad no puede ser a costa de un ajuste que solo pega en las provincias”, indicó Ignacio García Aresca, el diputado más cercano al gobernador Martín Llaryora, y uno de quienes permitió con su firma en disidencia que el Gobierno el martes imponga su dictamen de mayoría.
García Aresca ratificó que los seis votos cordobeses del bloque Hacemos Coalición Federal rechazarán de plano cualquier suba de retenciones.
Tampoco acompañarán los cambios en materia previsional, sobre todo luego de que el dictamen dejara afuera la obligación de Anses de saldar las deudas con las cajas provinciales no transferidas. Comparten esa postura Carlos Gutiérrez, Juan Brugge, Alejandra Torres, Natalia de la Sota y Oscar Agost Carreño, titular del PRO de Córdoba que comparte bancada con el peronismo cordobés.
“No acompañaremos los recortes en materia de fomento a las actividades culturales, ni las privatizaciones en bloque que prevé el proyecto”, indicó García Aresca. Pese a que el Gobierno excluyó a YPF de la lista de empresas estatales sujetas a planes privatizadores, el peronismo cordobés no acompañará la privatización del Banco Nación, ni de Arsat, ni de Fabricaciones Militares –hay establecimientos en Villa María y Río Tercero–, ni de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba.
Entre los peronistas creció en las últimas horas el malestar, porque el texto del dictamen de mayoría que este miércoles oficializó La Libertad Avanza no contiene todos los cambios que el diputado Martín Menem, el asesor Santiago Caputo y el ministro Guillermo Francos negociaron en busca de los votos para imponer ese dictamen. Lo acordado en materia de biocombustibles –una de las principales banderas de Llaryora en la discusión– no figura en los términos en que se había establecido en la negociación.
Varios de los diputados, entre ellos Natalia de la Sota y Rodrigo de Loredo, salieron por redes sociales a marcar diferencias con el Gobierno, en especial con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien condicionó con virulencia a los gobernadores para que ordenen a sus diputados.
“Si su advertencia es para que ajustemos a los jubilados o aumentemos las retenciones, sepa que no va a suceder. Eso no va a ser ley (...)Le recuerdo que los ministros no son votados por la gente y están a disposición de decretos o de juicio político. Que los gobernadores, en cambio, sí han sido votados por el pueblo de sus distritos. Que la gente no votó un ajuste a los jubilados ni un aumento de retenciones. Esto tampoco es una amenaza, es una respuesta a todos los jubilados y productores que se preguntan si el ajuste volverá a caer sobre ellos o si verdaderamente se produjo un cambio”, señaló De Loredo.
Además de retenciones y jubilaciones, los radicales cordobeses también ponen reparos en materia de delegación de facultades al Ejecutivo.
Los dos diputados cordobeses de Unión por la Patria, Gabriela Estévez y Pablo Carro, rechazan de plano la totalidad de la ley y adhieren al dictamen de minoría de la bancada. Además cuestionan a los aliados que acompañaron en disidencia el dictamen de la mayoría.
No es tan clara aún la postura de los diputados del PRO Laura Rodríguez Machado, Héctor Baldassi y Belén Avico. Hasta ahora han sido los más cercanos a sus pares de La Libertad Avanza, aunque la bancada mantiene una postura histórica de rechazo a las retenciones.
