La Cámara de Casación de Entre Ríos confirmó este miércoles la sentencia por corrupción dictada el año pasado contra el exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado a ocho años de prisión e inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
Se trata de una causa en la que se probó que Urribarri dispuso de forma ilegal de fondos públicos durante su gestión provincial, durante 2007 y 2015. Esos fondos, terminaron financiando en algunos casos sus campañas electorales.
El tribunal, integrado por Elvio Garzón, José María Chemez y Carolina Castagno, encontró culpable por unanimidad al exgobernador peronista de los delitos de negociación incompatible con la administración pública y peculado a principios de abril.
En ese momento, el exgobernador se desempeñaba como embajador argentino en Israel. Tras conocerse la condena, Urribarri presentó su renuncia. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, criticando el fallo de la Justicia. Finalmente, a fin de mes, el Gobierno oficializó su salida
Durante el fallo de este jueves, la Cámara de Casación de la provincia rechazó los planteos de las defensas y aseveró que toda la prueba fue “legítimamente reunida”. Además, sostuvieron que a los acusados se les garantizó el debido ejercicio de su defensa.
Según Casación, esta investigación tuvo pruebas de “un volumen y contenido incriminador pocas veces visto en este tipo de hechos”.
Confirmaron la condena: la respuesta de Urribarri
Tras la audiencia, Urribarri habló con la prensa sobre la condena. “Los términos en los que se expresó Casación demuestran que está en campaña electoral. Las inéditas expresiones y las calificaciones de la resolución que escuchamos hoy son propias de un discurso político para generar impacto mediático. Nada tienen de jurídico”, apuntó, en diálogo con el diario UNO de Entre Ríos.
“No esperábamos objetividad, imparcialidad e independencia de parte de la esposa del dirigente del PRO de Concepción del Uruguay, Juan Enrique Ruiz Orrico, ex funcionario del macrismo, candidato a intendente por ese partido y ladero de Frigerio; quien se dedica a agraviarme públicamente, que dice barbaridades sobre mí en los medios de comunicación, que ataca al kirchnerismo y que, incluso, ha opinado ofensivamente sobre este proceso judicial”, agregó el ex embajador.
“Claramente había una opinión formada, un prejuicio, respecto de mí y de esta causa desde mucho antes de que llegara a sus manos. Una total violación a las garantías constitucionales”, aseveró.
“El fallo que recibimos en primera instancia es absolutamente arbitrario, irracional e infundado. De hecho, la propia fiscal Yedro, en un acto de sincericidio, reconoció que no tenían pruebas ni testigos. La contundencia de esta admisión por parte de la Fiscalía echaba por tierra la acusación y hacía indiscutible el sobreseimiento”, concluyó.
POR QUÉ SENTENCIARON A URRIBARRI
La causa, titulada con el apellido del exgobernador entrerriano, también juzgó al exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y el ex funcionario legislativo Juan Pablo Aguilera, ambos condenados a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A Aguilera -cuñado de Urribari-se lo acusó por ser funcionario público y al mismo tiempo, el dueño de las imprentas a la que se giraron los trabajos financiados con dinero público.
Otras 11 personas también fueron investigadas por diversas irregularidades, en total 14 procesados. De este total, nueve fueron sentenciadas y el resto absueltas.
Justamente, el proceso judicial tuvo la particularidad de concentrar diversos hechos, pero que todos tuvieron en común que ocurrieron durante la gestión de Urribarri. Los delitos fueron identificados por títulos como “El sueño entrerriano”, que fue el slogan de la fallida campaña presidencial de Urribarri, o “Causa del Mercosur”, que investigó las contrataciones por 28,4 millones de pesos para la organización de la cumbre en Paraná en 2014.
Todas las causas tuvieron como común denominador que parte de los fondos públicos terminaban financiando la campaña política del exgobernador.
A su vez, también fue por esta causa que destituyeron a la fiscal de anticorrupción Cecilia Goyeneche, que enfrentó un jury por mal desempeño.
Goyeneche había sido apuntada después de haber intervenido en varias causas que describieron circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos. Quedaron salpicados dirigentes peronistas de primera línea, pero también de la oposición.
