Al Estado provincial le cuesta pasar una semana sin que integrantes de alguna de sus tres fuerzas de seguridad sean imputados o detenidos por supuestos delitos cometidos en el ejercicio mismo de la tarea asignada.
El pabellón de Bouwer destinado a efectivos de las distintas fuerzas, a exfuncionarios y relacionados está atiborrado, como todos los establecimientos penitenciarios provinciales.
Esta semana que se cierra sumó nada más ni nada menos que nueve ocupantes: seis de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y tres del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
Las dos causas forman parte de escándalos de magnitud. En el caso de la FPA, se habla nuevamente de un “narcoescándalo”. Es que se sospecha que agentes de alto rango de la fuerza que depende del Ministerio Público Fiscal no sólo se quedaban con parte de los narcóticos secuestrados en los procedimientos a su cargo, sino que retenían droga incautada en otras actuaciones y también la usaban para intercambios de información con narcos.
El hecho sacudió a la fuerza de seguridad, que se venía salvando de las imputaciones contra sus miembros, y también avivó ese siempre encendido fuego de las peleas internas en los Tribunales provinciales.
Vocales del Tribunal Superior de Justicia intentaron hacerle pagar costos al fiscal General, Juan Manuel Delgado, por la relación de parentesco entre una de sus asistentes y dos de los detenidos.
Pero Delgado fue quien promovió la denuncia y fue uno de los más interesados en que el fiscal Juan Pablo Klinger hiciera los procedimientos.
Las batallas en el seno del Poder Judicial son cada vez más a cielo abierto.
¿Y los ministros?
El otro tema al que el Gobierno provincial no le está encontrando la solución es la situación en las cárceles de Córdoba. Pese a que la megainvestigación sobre corrupción en los establecimientos penitenciarios, que lleva adelante el fiscal Enrique Gavier, estalló hace más de un año, los hechos ilícitos siguen ocurriendo en las prisiones cordobesas.
Hubo tres agentes penitenciarios detenidos por intentar ingresar celulares para su comercialización ilegal.
Pero la novedad más importante en este caso fue la presentación del abogado de Juan María Bouvier, quien fue durante 15 años titular del Servicio Penitenciario y está preso acusado de liderar esa gran trama de corrupción en las cárceles.
Bouvier apeló a un argumento que tiene algún grado de lógica. Varias gestiones y varios ministros de Justicia fueron ratificando la confianza en su accionar, lo que le permitió ser uno de los funcionarios con mayor permanencia en el mismo cargo en los 25 años que lleva el peronismo en el poder en la Provincia. Era el planteo que el Gobierno no quería escuchar.
La presentación sostiene que el Servicio Penitenciario no es una repartición más de la cartera de la Justicia provincial, sino una de las más importantes. Que, por ende, no podría haber habido hechos ilícitos sostenidos a lo largo del tiempo sin que los sucesivos ministros no los hubiesen conocido.
Hasta acá, las actuaciones de Gavier –avaladas por las instancias superiores– no han apuntado a citar a declarar a los jefes políticos de Bouvier y a sus colaboradores detenidos.
Si lo hiciera, los funcionarios se encontrarían en la encerrona de decir que no sabían nada, con lo cual desconocían lo que pasaba en una de las reparticiones clave del área a su cargo, o autoinculparse de que tenían conocimiento.
