El DNU 70 del presidente Javier Milei, que impulsa la desregulación de la economía y a la vez promueve cambios en lo civil, comercial y hasta penal, entró en vigencia este viernes, mientras en el plano judicial continuaron las presentaciones en contra de la polémica norma. Este viernes la Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir ante una demanda del Gobierno de La Rioja contra el DNU, aunque tratará el caso después de la feria judicial de enero. Otros pedidos y amparo se acumulan en la justicia en lo Contencioso Administrativo federal.
El DNU 70 fue firmado por el presidente Milei y su Gabinete, y publicado en el Boletín Oficial el 21 de di-ciembre. Con su entrada en vigencia, ahora resta esperar las reglamentaciones que irá dictando el gobierno para hacer efectivos los alcances del DNU. En simultáneo, desde el plano político se está a la expectativa de la evolución de las acciones judiciales que buscan impugnar el decreto.
Desde el gobierno nacional, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó que uno de los objetivos de las reformas implementadas a través del DNU es la “modernización” del “esquema laboral”, al advertir que “hace 10 años que Argentina no crea empleo privado de calidad”.
Precisamente en las relaciones laborales, y con mucha resistencia desde la CGT, el DNU modifica el cálculo para fijar los montos indemnizatorios y extiende el período de prueba del trabajador de 3 a 8 meses; también se eliminan todas las multas al empleador ante la falta de registro de la relación laboral. Se habilita el despido con justa causa en caso de bloqueos o tomas de establecimiento “que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran”.
El DNU también deja sin efecto la ley de alquileres aprobada en 2020 y a la vez modifica el Código Civil y borra los plazos mínimos de alquiler de dos años. Ahora, inquilino y propietario, sin mediar la ley, negociarán plazos y actualización del alquiler.
El DNU derogó la Ley de Abastecimiento y la de Góndolas, dos cambios con impacto en los comercios y en el consumidor. Se eliminó la obligación de que el emisor de la tarjeta de crédito informe al cliente y proveedores cambios en los contratos.
Quedó derogada la “Ley de Compre Nacional”, que fomentaba las compras del Estado Nacional de productos locales. También quedaron derogadas las leyes de Promoción Industrial y de Promoción Comercial.
El DNU habilita al Poder Ejecutivo para que avance con la privatización de empresas públicas o semiestatales, como Aerolíneas Argentinas, YPF, Arsat, AySa o Trenes Argentinos.
Se deroga también la Ley de Tierras, que ponía tope a la compra de grandes extensiones por parte de ciudadanos o firmas extranjeras.
La minería, y las industrias azucarera o vitivinícola también son alcanzadas por el DNU.
Se da de baja, además, el marco regulatorio de la medicina prepaga y se eliminaron las restricciones “de precios a la industria prepaga”.
La modificación de la Ley de Sociedades Deportivas permite ahora a los clubes de fútbol transformarse en sociedades anónimas.
Se desregula el servicio de internet satelital y se elimina el monopolio de las agencias de Turismo.
En cumplimiento del DNU, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) reglamentó el jueves las modificaciones en el Código Aduanero. “Tiene como objetivo re-construir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales”, dice el decreto.
El DNU -que en algún momento deberá ser aprobado o rechazado por el Congreso- propone digitalizar y simplificar los trámites de inscripción de dominio automotor, modificaciones, extinción, gravámenes, embargos y otras cautelares, además de denuncias por robo.
Se espera, en tanto, la reglamentación respecto a los cambios en la compra-venta de vehículos y la re-ducción de impuestos, que llegan a representar el 6 % del precio del auto. Se elimina la obligatoriedad del libre de deuda de multas y patentes para inscribir o transferir un vehículo.
La Rioja va la Corte Suprema
Esta mañana el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la red social X (antes Twitter), anunció que había formalizado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción que reclama la declaración de inconstitucionalidad”, del DNU y pidió, además, una medida cautelar que “disponga la suspensión total de efectos” del DNU70. Se solicitó que se ordene al presidente Milei a “no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa”.
La Corte avisó que se abocará al caso tras la finalización del receso judicial de enero.
En simultáneo, en el juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal se acumulaban unos 26 recursos en reclamo del dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación del decreto. El fuero de la Justicia del Trabajo tramita dos amparos presentados por la CGT.
