En una extensa resolución de 149 páginas, el juez federal N° 1 de la capital provincial, Alejandro Sánchez Freytes, envió a juicio a la histórica cúpula de Luz y Fuerza Córdoba, integrada por el actual secretario general, Jorge Molina Herrera, y el exmáximo responsable gremial Gabriel Suárez. Sobre ambos recaen sospechas de haber conformado y liderado una asociación ilícita que habría defraudado al sindicato por cifras multimillonarias y habría consumado maniobras de lavado de los fondos.
En la larga nómina de procesados enviados a juicio (la mayoría se opuso a la elevación pero fue rechazado el planteo), sobresalen el exsecretario de Finanzas del gremio Fernando Navarro y otros 18 imputados, entre ellos, la hija de Molina Herrera, subsecretaria de Previsión Social, y Andrés Adolfo Chianalino, exinterventor de la Obra Social del Personal de Luz y Fuerza de Córdoba.
La lista se completa con Alexis Daniel Fidelbo; José Ramón Galván; Oscar Fabio Guzmán; Daniel Edgardo Lozano; Roque Daniel Tapia; Justiniano Omar Arce; Fernando Delfor Delgado; Gisela Dalinda Tahan; Liza Rocío Loyola; Rita Ivana Carranza; Juan Bernardo Benito Farías; Julio César Secchi; Cecilia Ivone Pérez; Enrique Osvaldo Lorente; Emilio Ricardo Chaer, y Martín López.
Luz y Fuerza Córdoba: cheques, terceros y cobros millonarios
La causa tuvo su génesis luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz del informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el que aparecían “movimientos financieros sospechosos” desde 2012 por parte de integrantes del Sindicato de Luz y Fuerza.
La investigación se centró en las tres formas de defraudación que se habrían consumado desde el gremio: mediante el libramiento de cheques a favor del sindicato (por parte de la conducción), la firma de cheques a favor de personas jurídicas (con vínculos con la organización) y el libramiento a personas relacionadas con los imputados de manera directa o indirecta (empleados gremiales, personas con “inconsistencias” ante el fisco, sin actividad comercial, beneficiarios de planes sociales o jubilados; por ejemplo, de la Mutual para Profesionales Técnicos y Personal Superior).
Según la acusación, Suárez, Navarro y Molina Herrera habrían sido los jefes de la asociación ilícita. “Conformaron un grupo para defraudar a la entidad sindical que decían representar, mediante el manejo de fondos que eran desviados y conducidos a su patrimonio y/o al de terceros”, afirmó Sánchez Freytes.
Suárez, Navarro y Molina Herrera suscribían la totalidad de los cheques. Muchos eran librados a favor del sindicato para cobrarlos directamente o endosándolos (sin poder determinarse el motivo) a los autorizados para su pago: Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Oscar Fabio Guzmán (declararon que cumplían órdenes de Suárez, Molina Herrera, Navarro y Daniel Lozano, y que, una vez cobrados, entregaban el dinero a la cúpula o a quienes ellos les indicaran).
La Cámara Federal ratificó el procesamiento de Guzmán, Galván y Fidelbo y consideró que no podían ser simples “cadetes”.
Tanto Suárez y Molina Herrera como Guzmán, Galván y Fidelbo, dijo el juez, “se habrían valido de sus funciones para llevar a cabo innumerables operaciones bancarias de idéntica modalidad y reiteradas en el tiempo, en perjuicio de las arcas del sindicato y en beneficio propio y/o de terceros, mediante un burdo desvío de fondos de la asociación que encabezaban, perjudicando así los propios intereses de los trabajadores”.
Así, desde el sindicato se libraron múltiples cheques que tenían como beneficiarios a diversos sujetos con actividades registradas disímiles, quienes, a su vez, los endosaban a “coleros”.
Al parecer, no se buscaba pagar “servicios” a esas personas de rubros muy diferentes, sino que lo que se pretendía, según se sospecha, era consumar el desvío de los fondos para beneficio de los imputados.
Darío Cipollini, un testigo imprentero (curiosamente imputado en 2019 como el “rayador serial” de autos de Nueva Córdoba), declaró que el sindicato “normalmente” fraccionaba “el total de la operación en varios cheques”. Según su versión, el gremio habría solicitado “a los proveedores que uno de esos cheques” fuera “devuelto a ellos a través de un endoso, haciéndose ellos con la suma”. Al monto total de la operación, de acuerdo con su denuncia, le agregaban una sobrefacturación, con la que obtenían un valor.
No dejan de ser altamente suspicaces las cifras “redondas” de los cheques, el cobro en el mismo día o con pocos días de diferencia, por volúmenes importantes y con la pérdida de trazabilidad.
Molina Herrera y los millones en casinos
El juez Sánchez Freytes (y su antecesor, Ricardo Bustos Fierro) pusieron el foco en Molina Herrera, quien –según los magistrados– habría “lavado” poco más de $ 13,5 millones a través de la compra de fichas en los casinos porque, según el juez, “superan ampliamente” sus ingresos declarados como empleado de Epec.
Para el entonces fiscal federal de Córdoba capital Gustavo Vidal Lascano y su reemplazante en el mismo fuero, Carlos Casas Nóblega, esos millones habrían provenido de la presunta defraudación al sindicato. Así, “Lucky Player” (jugador con suerte), como se lo describe irónicamente en los pasillos de Tribunales federales, concurría a los casinos en soledad o acompañado por terceros.
La adquisición de fichas le habría permitido, según la acusación, “el posterior canje y respectivo cobro, como así también el retiro de las fichas del casino sin pasar por las ‘cajas públicas’ del lugar, lo que permitía poner el dinero producido de la actividad ilícita en circulación legal”.
Ese tipo de ardid evoca al utilizado de forma muy básica y usual en los años 1970 en los Estados Unidos y que luego perdió impulso.
“Molina Herrera habría pretendido introducir (los fondos) al circuito legal mediante tales maniobras, siendo estas una de las formas más rudimentarias y antiguas para lavar dinero. Se lo pudo observar llenando de fichas el paño de las mesas de ruleta en una actitud de total desparpajo y desprendimiento”, describió el juez.
Suárez y el departamento de Ortiz Pellegrini
Por su parte, el magistrado vinculó a Suárez con la compra de una propiedad (por $ 3,1 millones) al fideicomiso inmobiliario La Carolina. El monto declarado era superior “ampliamente” al tipo de ingresos y movimientos de Suárez. Su pareja, Gabriela del Bosque, empleada de Epec (y con un cargo en el gremio), también quedó bajo la lupa como presunta “prestanombre”.
Las sospechas también se cernieron sobre un departamento que ocupaba Suárez en el complejo Terrazas de Barranca, en Urca. En un allanamiento, se encontraron seis boletas de electricidad a nombre del abogado y exfiscal general de la Provincia Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, quien dijo que el inmueble le pertenecía. “Yo se lo presto al departamento”, había dicho Ortiz Pellegrini a La Voz.
El reconocido letrado explicó que le prestaba el inmueble en el marco de un “contrato” de compra, por el cual Suárez le abonaba dinero como parte de pago por el valor total.
El lujoso complejo cuenta con seguridad las 24 horas, quincho y pileta. De acuerdo con sus características, la valuación inmobiliaria de una unidad similar supera los U$S 330 mil. Suárez, incluso, demandó a Epec para obtener la tarifa energética subsidiada para el departamento.
Luego, Ortiz Pellegrini dijo que era el “propietario”, y Bustos Fierro solicitó al fiscal Casas Nóblega que profundizara la investigación sobre la adquisición. “Soy el propietario de ese inmueble y hoy se lo presto a Suárez, luego de que fracasó una operación de venta”, dijo Ortiz Pellegrini en aquel momento.
El abogado no está imputado ni forma parte del juicio, según dijo a La Voz.
El día en que se subdividió el fideicomiso, se realizó el primer testimonio de escritura del departamento a favor de Ortiz Pellegrini por $ 518.700, “un monto en pesos muy por debajo del valor comercial, incluso del valor fiscal de la propiedad”, según Sánchez Freytes.
El juez señaló también que el abogado declaró “no revestir el carácter de persona expuesta políticamente (PEP)”, aunque “se pudo establecer que el letrado, a la fecha de realización de esa escritura, era miembro de la Junta Ejecutiva Nacional del partido GEN y cotitular de cuenta bancaria, por lo que habría ocultado su condición de PEP, dificultando la tarea de prevención de lavado que delega el ordenamiento legal en cabeza del funcionario público”.
Alejandro Scaglione, vendedor del inmueble y titular de la constructora, manifestó que Ortiz Pellegrini compró el departamento en 2011 (y lo escrituró en 2020) y se mudó solo al poco tiempo de comprarlo, hasta 2013-2014, cuando se mudó Suarez con su familia.
Agregó que Del Bosque es la pareja de Suárez y que la vio en las reuniones de consorcio, “lo que resulta extraño”, consideró el juez, ya que a esas “reuniones sólo suelen asistir los propietarios (en dicho caso, debiera haber sido Ortiz Pellegrini)”. El magistrado estimó que Suárez vivió en ese inmueble desde 2014 hasta 2021.
Para Sánchez Freytes, en efecto, “Suárez era el propietario del inmueble”, a pesar de no “poder justificar con sus ingresos totales” ni “solventar siquiera los gastos de mantenimiento” del inmueble, por lo que quedó sospechado de lavado.
Fondo Compensador
La cuarta modalidad de defraudación habría sido consumada a través del Fondo Compensador, conformado por una contribución de Epec y de los aportes de los trabajadores activos.
Quienes quedaron bajo sospecha son Tapia (secretario de Previsión Social), el mencionado Navarro, Lozano (subsecretario de Finanzas) y Victoria Molina (subsecretaria de Previsión Social e hija de Molina Herrera).
Desde el ejercicio contable 2014/2015, los administradores del Fondo habrían comenzado a pagar los remanentes de manera parcial a cada jubilado y pensionado. Pero en 2018 el pago se suspendió por la presunta falta de fondos.
El perjuicio se habría conseguido mediante dos maniobras. Por un lado, dándole al remanente del Fondo un destino distinto al legalmente establecido. Y por otro, realizando préstamos de dinero desde el área de Fondo Compensador a otras del sindicato.
Esos préstamos habrían sido otorgados con dinero del Fondo sin estar habilitado para realizarlos, conforme al nuevo reglamento.
“Los imputados, valiéndose de sus funciones y facultades legales conferidas para administrar y distribuir los saldos del Fondo, habrían desviado dichos fondos hacia diferentes destinos, perjudicando a los jubilados y los pensionados que deberían haber recibido ese dinero”, sostuvo el juez. El perjuicio total superaría los $ 180 millones.
En 2021, se presentó un acuerdo de pago firmado entre Suárez, Molina Herrera, Tapia y el Centro de Jubilados para cancelar la deuda histórica del remanente del Fondo. Fue rechazado por Bustos Fierro, quien ordenó la intervención del Fondo. “Este ‘principio de acuerdo’ expresaría un reconocimiento del hecho del desvío del remanente existente en el Fondo. La defensa aporta este acuerdo, en el que no sólo asume el hecho, sino que también se expresa la intención de reparar el perjuicio, lo que podría ser considerado como una ‘reparación integral del perjuicio’”, dijo.
A través de la intervención judicial del Fondo, se controlaron los fondos y se cumplió con los pagos. En la actualidad, la cuenta tiene superávit, “lo que demostraría”, según el juez, que de tal cuenta (cuando estaba a cargo de los imputados Tapia, Molina, Navarro y Lozano) “se estaban drenando enormes sumas de dinero en forma indiscriminada por el libramiento de cheques al portador” sin ningún documento de respaldo, “perjudicando a quienes debían ser beneficiarios”.
En el último tramo de la causa quedó implicado el exinterventor de la obra social (Osplyf), Chianalino. Entre 2016 y 2017, Molina Herrera y Navarro habrían llevado a cabo el desvío de $ 2.550.000 al área de Acción Social y Deportes, cuando, en rigor, los fondos tenían un propósito original diferente. La finalidad habría sido lucrar de forma indebida.
Entre 2017 y 2018, Molina Herrera y Navarro habrían liderado otra operatoria ilícita similar a la anterior, sólo que por un monto mayor: $ 4 millones. Los cheques fueron firmados por Molina Herrera.
En este contexto, Chianalino fue acusado de haber enviado $ 1.350.000 de manera directa al gremio mediante un cheque.
El fiscal advirtió que tal transferencia directa estaba expresamente prohibida por la resolución 118, dictada por el propio interventor en 2004 en relación con la gestión del dinero del Fondo. Chianalino rechazó cualquier maniobra ilícita.
