O sociedad anónima o ente autárquico bajo el apéndice de algún ministerio. Esas parecen ser las dos opciones legales que se le presentan a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) a partir de la reforma dispuesta por el gobierno de Javier Milei con el decreto de necesidad y urgencia 70/23.
La distribuidora y generadora eléctrica provincial está a punto de dejar de existir jurídicamente tal como venía funcionando hasta ahora. ¿El motivo? La gestión libertaria dejó sin efecto las sociedades del Estado, en el marco de su discurso de achicamiento y “motosierra” del sector público.
La gestión de Martín Llaryora, asesorada por expertos en Derecho Administrativo, ya lo tiene claro: será sociedad anónima, como Bancor SA o Caminos de las Sierras SA. Nada de privatización, pero si una nueva jerarquía jurídica para continuar en funcionamiento, dicen en el Panal.
La figura es rechazada de plano, en particular por el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, que observa en ese cambio un intento para llevar a la empresa hacia la privatización, algo que el oficialismo provincial ya buscó en 2001, antes del derrumbe de la Convertibilidad.
Epec facturó el año pasado –depende de cómo se tome el tipo de cambio– unos U$S 1.200 millones, lo cual la coloca entre las principales empresas de Córdoba, incluyendo a las privadas y a rubros como la agroindustria y las automotrices.
Es más, gestionó en 2024 un total de 788 llamados a licitación para realizar obras o comprar bienes y servicios. “Es difícil pensarla como un ente autárquico”, sostienen especialistas inobjetables en derecho administrativo consultados por LA VOZ.
El cambio de Milei
La situación tiene su historia. La figura de empresas públicas había sido creada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón mediante un decreto ley luego ratificado por el Congreso. Así surgieron de todo tipo y para diferentes necesidades.
Durante la tercera gestión del presidente justicialista, en 1974, apareció la figura de las sociedades del Estado.
El gobierno de Carlos Menem aportó lo suyo en ese ordenamiento. “A partir de la reforma constitucional de 1994 y la famosa ley de reforma del Estado de Menem se comenzó a incorporar en nuestro País la figura de la agencia como otra modalidad de descentralización administrativa siguiendo el modelo (norte) americano”, explicó otro letrado, experto en la materia.
Todo eso funcionó hasta 2023, cuando Milei consiguió el aval para su DNU Nº 70. Adiós a las empresas públicas autónomas bajo aquellos paraguas, o pasan definitivamente ser un organismo del Estado o se convierten en SA.
Pero, ¿por qué razón una medida nacional impacta de tal manera en Córdoba, si las provincias son autónomas?
Manda la Nación
El abogado en Derecho Administrativo Pablo Agüero Piñero, docente universitario, lo baja a tierra: “es competencia de la Nación todo lo vinculado con la regulación legal de las sociedades comerciales”.
Es más, hay una ley, la número 19.550 que dispone cómo deben armarse las sociedades. Esa norma tiene 389 artículos, es de 1972, e incluye (con actualizaciones) todos los formatos jurídicos con los que puede funcionar una actividad económica formal en la Argentina.
“Las provincias no pueden crear figuras jurídicas que regulen cuestiones societarias”, recalca el letrado. “Sí podría no transformarla en una sociedad anónima y mantener en el ámbito público mediante un ente autárquico o un apéndice de algún ministerio”, explica.
Los gremios sostienen que no es verdad que la Provincia esté obligada a armar una SA. Y es cierto. Podría “acomodarla” en su estructura como una entidad descentralizada del Poder Ejecutivo, como el Apross, creado por ley provincial hace, justamente, 20 años. Esa norma (Nº 9277) dice: “mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo Provincial de conformidad a la Ley de Estructura Orgánica”.
Pero, por aquello del tamaño y el volumen de actividad económica que tiene Epec, Agüero Piñero no lo recomienda. “No es conveniente que sean un ente autárquico estas empresas que brindan servicios y prestaciones, no pueden funcionar con un esquema rígido como Apross o la Caja de Jubilaciones”, explicó.
En eso coincidió la otra fuente consultada. “Si sigue el temperamento nacional, tendrá más destreza y agilidad, es mejor”, mencionó. “Los entes autárquicos están más sometidos al régimen estatal con más control político” que en el caso de una empresa cuya finalidad es buscar la eficiencia, analizó.
“Hacerlas sociedades anónimas, a Epec, a las agencias o a Tamse, por ejemplo, no necesariamente significa privatizar. Bancor y Casisa ya lo son”, agregó Agüero Piñero. “Una SA puede perfectamente ser de capital estatal”, dijo.
¿Qué ocurriría si no se constituyen las SA? “Pasan a ser reguladas por una sección de la ley general de sociedades, aquellas que no están tipificadas. Eso es engorroso porque crea un tramiterío y un seguimiento de normas que no es el adecuado para empresas de estas características”, en referencia a Epec.
