La elección más relevante del calendario electoral cordobés ocurrió hace dos semanas, cuando Martín Llaryora ganó con gusto a empate: el peronismo cordobés continuará gobernando, pero lo hará con un poder menguado. Deberá construir una mayoría legislativa que los votantes no le dieron y lidiar con un Tribunal de Cuentas en manos de la oposición.
Luego de ese resultado, la elección municipal que ocurrirá en dos semanas en la ciudad de Córdoba se presentaba como una batalla de segundo orden, pero está muy claro que no lo es: la Capital que hoy gobierna el gobernador electo vive la campaña más intensa en décadas.
Hace 14 días, Llaryora sacó en la ciudad una diferencia de más de 56 mil votos, que fue lo sustancial del triunfo provincial por 64 mil votos ante Luis Juez. Ese resultado seccional por seccional muestra con precisión inédita las fortalezas y debilidades de cada espacio: Hacemos Unidos por Córdoba y Juntos por el Cambio despliegan estrategias de verdadera acupuntura proselitista sector por sector y puntero por puntero.
La tensión es creciente, al igual que la polarización. Hay verdaderas batallas en el barro de las vinculaciones con el narcotráfico y hay agresiones en medio de las recorridas en esa disputa territorial de alto voltaje, con conflictividad en alza cuando el candidato opositor Rodrigo de Loredo intenta desplegar su campaña en los barrios populares donde el viceintendente y candidato a la sucesión, Daniel Passerini, pretende conservar la gran diferencia que obtuvo Llaryora.
Es tan elocuente la actitud defensiva del oficialismo, que con frecuencia actúa como si estuviese perdiendo y apela como nunca a las herramientas que facilita el ejercicio del poder. Llaryora es quien encabeza esa estrategia, con una exaltación que por momentos es superior a la que exhibió en su propia campaña a la Gobernación, y que a menudo deja en segundo plano al candidato a sucederlo.
Nadie en el peronismo se escandaliza: el nivel de desconocimiento de Passerini aún es elevado y la idea de continuidad del equipo y de la gestión es lo más importante que Hacemos Unidos por Córdoba tiene para ofrecer, junto a la garantía de colaboración del Gobierno provincial.
El llaryorismo equipara la trascendencia de la actual gestión municipal con las de Ramón Bautista Mestre y de Rubén Martí, y llega a la rápida conclusión de que ciudad y provincia deben seguir en manos de un mismo partido para que las gestiones prosperen. El nivel de inquietud que domina al oficialismo da cuenta de que arrecian las dudas de que el resultado vaya a ser ese.
Media policía
Rodrigo de Loredo tomó la senda opuesta: encabeza una campaña municipal que comienza y termina en su persona, sin presencia de Luis Juez y con escasa visibilidad para el PRO. El diputado radical ya actúa como jefe de la oposición y también deja en claro que la suya es una apuesta de poder provincial. Confía en controlar el bloque legislativo de Juntos por el Cambio y no es otra cosa que una disputa de poder su propuesta para que el Gobierno de Córdoba le transfiera la mitad de la Policía provincial, con recursos, comisarías y patrulleros incluidos. Hasta ahora, se trata de la principal propuesta.
Llaryora será gobernador desde el 10 de diciembre y jamás aceptará esa transferencia, a la que definió como “huevada atómica”. Fuera de micrófono, los peronistas agregan que se trata de una muestra gratis de la gradilocuencia de un candidato que pretende emular al jefe de gobierno porteño y que cree que la Policía será mejor sólo por el hecho de que la maneje él.
En defensa de su proyecto, De Loredo atribuye a la “cercanía” del intendente la posibilidad de una mayor eficacia en el control del delito, pero lo cierto es que la Jefatura de Policía de la Provincia está a muy pocas cuadras del Palacio 6 de Julio.
A la propuesta le faltan detalles significativos. Por ejemplo, con qué recursos pagará la ciudad los policías que faltan –fue la oposición la que denunció reiteradamente que faltan policías– o cómo hará el intendente para contener las demandas salariales de esos agentes policiales que cobran un tercio de lo que perciben los empleados municipales.
De lo que no caben dudas es de que De Loredo maneja el tiempo y el ritmo de la discusión política desde que formuló esa propuesta: objetivo cumplido. Nadie esperaba más de la idea del traspaso de la policía. Luis Juez no planteó esa posibilidad en los días en que ambos compartían la expectativa de gobernar en simultáneo la ciudad y la Provincia, porque precisamente se trata de una idea de De Loredo para disputar poder con el Gobierno provincial.
Qué buscan las estrategias de campaña de los dos candidatos mayoritarios está claro. Lo que está por verse en dos semanas es qué pretenden los cordobeses de un intendente: si harán de su voto una apuesta al trabajo en equipo entre Passerini y Llaryora o si optarán por restituir el equilibrio de poder que durante largos años hubo en Córdoba y preferirán que los gobierne el opositor De Loredo.
La primera alternativa representaría un aval de peso para el poder menguado que obtuvo Llaryora. La segunda, muy posiblemente represente el fin político de Luis Juez: si De Loredo es intendente, la oposición instantáneamente tendrá un líder y un candidato a gobernador.
