El presidente Javier Milei instruyó a la Oficina Anticorrupción (OA) para que investigue posibles “irregularidades o hechos de corrupción” vinculados con la criptomoneda $Libra, que, tras su promoción, perdió rápidamente su valor y dejó fondos millonarios en manos de unos pocos, que podrían haber tenido acceso a información privilegiada.
Esta decisión generó dudas debido a que la OA es un organismo dependiente del propio Poder Ejecutivo, lo que podría poner en tela de juicio la independencia de la investigación.
Sin embargo, el Gobierno decidió avanzar en esta dirección y este miércoles se oficializó la designación de María Florencia Zicavo para encabezar la investigación. Zicavo, quien se desempeña como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, estará a cargo de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada por el Decreto 114/2025. El decreto establece que la UTI tiene como misión recabar información relacionada con $Libra y colaborar de manera expedita con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, remitiendo de inmediato la documentación e información recopilada.
El jefe de Zicavo y Ministro de Justicia, Cúneo Libarona, detalló en la resolución publicada que este proceso no generará erogaciones presupuestarias adicionales para el Estado, y que Zicavo será responsable de dictar las normas operativas y complementarias necesarias para llevar adelante la investigación.
La normativa otorga amplias facultades a la UTI, permitiéndole requerir información a funcionarios, organismos públicos y entidades internacionales a través de la Cancillería. Además, se establece que la información recabada deberá ser protegida con medidas de seguridad para garantizar su integridad y evitar filtraciones no autorizadas.
La creación de la UTI y la designación de Zicavo son parte del cumplimiento del Decreto 114/2025, que obliga a la OA a iniciar las investigaciones necesarias sobre el caso $Libra. El objetivo es determinar si hubo irregularidades o hechos de corrupción y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Poder Judicial.
