La Policía Federal, siguiendo las instrucciones del juez Julián Ercolini, allanó la residencia de Héctor Martínez Sosa, un broker con estrechos lazos con el expresidente Alberto Fernández, imputado en la causa por la contratación de seguros en la administración nacional.
Este operativo, que tuvo lugar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, se enmarca dentro de las investigaciones en torno a un escándalo de seguros que emergió durante la administración de Fernández. La acción legal busca esclarecer las actividades de Martínez Sosa, quien se encuentra en el ojo del huracán por su presunta implicación en irregularidades contractuales con el Estado.
La incursión policial, ejecutada en la noche del lunes, contó con la presencia de agentes que ingresaron al domicilio de Martínez Sosa por mandato judicial. Paralelamente, el abogado del investigado y de su esposa, María Cantero (quien fue secretaria de Alberto Fernández), se presentó en el lugar intentando establecer comunicación con los responsables del operativo, aunque sin éxito en el intento de diálogo.
Historial del Caso: Una Trama de Corrupción en Seguros Estatales
La investigación que lleva a este allanamiento se centra en un esquema presuntamente corrupto que involucra la contratación de seguros para prestaciones estatales durante el gobierno de Fernández. Se sospecha que este esquema se benefició de un decreto presidencial que obligaba a las entidades públicas a contratar a Nación Seguros, generando así un flujo constante de clientes cautivos.
No obstante, en este entramado, empresas privadas asociadas a figuras cercanas al ex presidente, como Martínez Sosa, habrían jugado un papel intermediario, generando dudas sobre la legitimidad y las comisiones obtenidas en el proceso.
Esta situación no solo ha implicado a Martínez Sosa, sino también a otros individuos como Alberto Pagliano y Pablo Torres García, señalados por beneficiarse de estas prácticas. La revelación de este esquema ha provocado un escándalo de gran envergadura, con el periodista Ricardo Roa de Clarín exponiendo la profundidad de la trama.
La controversia se intensificó tras declaraciones de Fernández, quien negó cualquier intervención indebida en este asunto, a pesar de las evidencias de visitas frecuentes de Martínez Sosa a la Quinta de Olivos.
Este caso llevó a la administración de Javier Milei a impulsar la investigación, presentando denuncias por fraude en la administración pública, abuso de autoridad, y otros delitos, apuntando a desentrañar los detalles de este complejo caso de corrupción que sacude los cimientos de la política argentina.
La causa por los seguros
Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que la División de Delitos Federales de Policía Federal ingresó a los domicilios particulares y comercia del extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker cercano a Alberto Fernández Héctor Martínez Sosa y del intermediario Pablo Torres García, todos imputados por el delito de administración fraudulenta.
Los operativos ordenados por Ercolini buscaban obtener todo tipo de documentación relacionada con la maniobra bajo investigación.
En este caso donde el principal imputado por administración fraudulenta es el ex presidente Alberto Fernández, el juez federal buscó “información, documentación y soportes electrónicos que puedan contribuir a la investigación”.
Bajo investigación se encuentran el ex jefe de Estado, su secretaria María Cantero y los ex funcionarios y brokers de seguros Alberto Pagliano, Pablo Andrés Torres García, Juan Manuel Manganaro y Héctor Martínez Sosa.
La maniobra bajo investigación tiene punto de inicio a fines de 2021, cuando Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros que, a su vez, “contrataba a un broker y a empresas privadas”, sostiene la denuncia de la abogada Silvina Martínez que dio origen al expediente.
La causa penal analiza el entramado de contrataciones opacas con el rubro seguros. Se desnudó una estructura que funcionaba dentro de la ANSES y que movió cerca de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros.
Los 20.000 millones de pesos, consta en la denuncia, es lo que le “paga la Anses al Nación por año para asegurar la vida de jubilados y pensionados a los que les da créditos: desde 2011 los venía otorgando sin este seguro”.
