Preocupados por las medidas de ajuste que anunció el nuevo Gobierno nacional, los gremios estatales cordobeses se declararon en estado de alerta y exigen al Gobierno provincial “garantías” de que se cumpla el acuerdo paritario acordado con la anterior gestión, que en los últimos tres meses está atado a la inflación.
Los gremios estatales mantuvieron este jueves una reunión en la sede del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), en la cual sobrevoló la preocupación de que el nuevo gobernador Martín Llaryora tome alguna medida de ajuste que signifique el no cumplimiento de la pauta salarial acordada con el anterior gobernador Juan Schiaretti, que se extiende hasta el 31 de enero.
“La paritaria está cerrada hasta el 31 de enero, y no creo que el gobernador se niegue a cumplir lo acordado. De todos modos, para quedarnos tranquilos, vamos a pedir una audiencia con Llaryora”, aseguró a La Voz Roberto Cristalli, titular de la UEPC.
Las dudas y la preocupación entre los estatales provinciales surgió luego del duro paquete de medidas económicas que lanzó el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo la advertencia en sintonía con el último mensaje del nuevo presidente Javier Milei de que “no hay más plata”.
Además de pedir que se cumpla la paritaria acordada en septiembre, los estatales exigen que la Provincia no aplique el diferimiento del pago de los aumentos a jubilados, que el anterior gobernador suspendió hasta este mes. Llaryora debe decidir se lo prorroga o lo vuelve a aplicar.
Desde el Centro Cívico, el encargado de dar la versión oficial fue el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres, quien pidió “cautela” y “compresión” a los gremios.
“Estamos en un momento muy delicado y hay que ser cautelosos. Luego de las medidas que anunció el Gobierno nacional, desde el Gobierno provincial haremos todos los esfuerzos para que el ajuste afecte lo menos posible a todos los cordobeses, incluidos los agentes estatales”, señaló el exministro de Gobierno y de Empleo de la gestión schiarettista.
“En línea con lo que marcó el gobernador Llaryora, el Poder Legislativo también hará un esfuerzo para reducir el gasto. En los próximos días, seguramente se anunciará una reducción en las dietas de los legisladores y los funcionarios. Les pedimos a los gremios estatales que sepan comprender el contexto. Los empleados públicos tienen estabilidad y sus salarios no se han deteriorado por la inflación en los últimos tiempos. Ahora vivimos una situación muy particular y delicada, y todos tenemos que hacer un esfuerzo”, remarcó el presidente provisorio de la Legislatura.
La paritaria provincial está atada a la inflación en los últimos tres meses de vigencia. De modo tal que noviembre, diciembre y enero, los estatales deberían percibir como aumento lo que marque la inflación del Instituto de Estadísticas y Censos de la Provincia.
Teniendo en cuenta que la inflación sería superior al 50% en ese trimestre, fuentes oficiales del Centro Cívico admiten -por lo bajo- que será “imposible” cumplir lo acordado en otro contexto económico.
