“Hay hospitales públicos donde el porcentaje (de ausentismo) supera el 60%, cuando en el sector privado ese ausentismo promedio es del 8%”.
Con ese fragmento que forma parte de un comunicado que emitió en las últimas horas el gobierno provincial, la administración de Martín Llaryora abrió un nuevo debate respecto de la prestación de servicios de los agentes de la salud en los hospitales provinciales, y anunció que “la cartera sanitaria comenzó a implementar un nuevo mecanismo de evaluación de desempeño de los equipos de salud de cada nosocomio”.
La acción del gobernador Llaryora se produce en medio del conflicto gremial con los empleados estatales que tiene una paritaria que la Provincia dio por caída y que está atravesado por las fricciones que desató la reciente suba de los aportes personales aprobada en la Legislatura la semana pasada.
El Gobierno informó que tras la reunión mantenida la semana pasada por Llaryora, el ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, y los directores de los 44 hospitales provinciales, la cartera sanitaria comenzó a implementar un nuevo mecanismo de evaluación de desempeño de los equipos de salud de cada nosocomio.
Tras asegurar y comparar que el ausentismo en los hospitales públicos “supera el 60%, cuando en el sector privado es del 8%”, la Provincia dice que esa situación “se traduce en una baja productividad contrastada con el sector privado”.
En el comunicado oficial se da un ejemplo al respecto. Se señala que “un médico en el sector privado atiende un promedio de 20 consultas diarias, mientras que en el ámbito público el promedio, en el año 2023, es de las 8,3 consultas diarias”. Esa estadística, dice la Provincia, tiene como fuente “el registro de prácticas y consultas en la historia clínica electrónica”.
Esos datos fueron destacados por la administración Llaryora para justificar la reciente baja de contratos en el área de salud que suman 404, según la administración provincial.
Así lo planteó: “Al vencer una importante cantidad de contratos el pasado 31 de diciembre y bajo parámetros que tienen que ver con el ausentismo, productividad, justificación de inasistencias, desempeño y registro de la actividad médica en la historia clínica, se tomó la decisión de no renovar una parte de ellos y someterlos a evaluación”. Y se agrega que “esos parámetros de análisis se van a llevar también al ámbito del personal de planta permanente y monotributistas”.
La caída de esos posiciones en salud fue denunciada por los representantes gremiales. Además, la medida derivó en que los agentes de los hospitales públicos de la provincia de Córdoba declararan desde el miércoles último un estado de asamblea permanente. Por la emergencia planifican un paro total en salud.
“No han tenido piedad. Han dado de baja a compañeros contratados altamente calificados, sin previo aviso”, explicó Estela Giménez, integrante de la comisión directiva de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS).
Sergio Castro, secretario general del SEP, dijo que la cantidad de contratos caídos superas los 1.500 en toda la provincia. Además, el gremialista dijo que los datos que presentó la Provincia sobre el ausentismo “son irrisorios”.
Comparación de ingresos
“El gobierno entiende que los niveles de inversión que realiza en el área de Salud deben traducirse en una mejor calidad en la prestación del servicio. Con este tipo de medidas (el control de la presencialidad) se pretende poner en valor la enorme cantidad de buenos trabajadores, que se ven perjudicados por la actitud de quienes con su conducta irresponsable demuestran falta de compromiso para con los pacientes”, dijo la Provincia en la comunicación oficial.
En ese marco, el gobierno buscó contrastar los ingresos de los trabajadores del sector público respecto del ámbito privado. Asegura que “los trabajadores de la salud pública son objeto de un reconocimiento que los pone por encima de los trabajadores públicos estatales y privados”, y dio ejemplos de esas remuneraciones.
“En el mes de diciembre un residente en el sector privado cobró $375 mil, promedio. Mientras que en el sector público su salario en el mismo período fue de $854 mil (básico más aguinaldo)”, planteó la Provincia.
Y dijo que “en el caso de una enfermera que trabaja en el sector público, su nivel salario en el mes de diciembre supera en un 25% a una persona que cumple la misma función en el ámbito privado”.
Sobre el final del comunicado, la Provincia adelantó que trabajará en nuevos “marcos legales” para llevar adelante “estas nuevas políticas”. “Para la definición de estos nuevos marcos legales, el gobierno tiene la disposición de convocar a una mesa de diálogo con todos los actores del sistema sanitario”, cierra el comunicado.
