En el marco del juicio en Estados Unidos por la estatización de YPF, el gobierno argentino manifestó su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses en la investigación de los hechos relacionados con la nacionalización de la petrolera en 2012. Esta declaración se produce tras la presentación de un recurso por parte de la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que busca la revocación del fallo judicial que obliga a Argentina a pagar una importante indemnización.
Según fuentes oficiales, el gobierno argentino reitera ante los tribunales internacionales su interés en que se esclarezcan los hechos que rodearon la nacionalización de YPF, en línea con la moción de Republican Action for Argentina. La administración de Javier Milei considera que la condena impuesta por la jueza Loretta Preska es desproporcionada y confía en que existen argumentos sólidos para reducir la suma o revertir el fallo.
El Gobierno presentó una respuesta en las últimas horas ante la jueza Preska en Nueva York, para pedir que se revoque el fallo que sentenció al país a pagar una indemnización de U$S 16.100 millones más intereses. Este miércoles, la administración de Javier Milei excusó al procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, y designó al subprocurador Juan Ignacio Stampalija como el designado para llevar adelante la estrategia argentina ante la justicia estadounidense.
El Gobierno reiteró ante los tribunales internacionales “su voluntad de que se esclarezcan de una vez por todas los hechos que rodearon la adquisición de las acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi”.
Juicio por YPF en EE.UU.: pidieron la revisión del fallo que condenó a Argentina a pagar U$S 16.000 millones
- La postura del gobierno: El gobierno argentino, a través de la Procuración del Tesoro, ha expresado su voluntad de colaborar con Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto. Sin embargo, esto no implica abandonar su posición de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes.
En el planteo de la administración de Milei dice: “La respuesta expresa también la firme voluntad de este Gobierno en colaborar con su par de los Estados Unidos en cualquier investigación que pueda arrojar luz sobre los hechos y circunstancias que rodean este asunto sin que ello implique abandonar sus planteos en el sentido de que los tribunales estadounidenses no son el foro adecuado para resolver las pretensiones de los demandantes en este caso”.
- La visión de Republican Action for Argentina: Esta ONG presentó un recurso ante la jueza Loretta Preska con el objetivo de que se revoque el fallo en el juicio por la expropiación de YPF. El abogado Fernando Irazú, representante de Republican Action for Argentina, explicó que la petición busca que el Estado argentino e YPF respalden los argumentos de la ONG, con el fin de proteger los derechos de los argentinos.
- La respuesta de Burford Capital: La firma inglesa Burford Capital, beneficiaria del fallo YPF, ha defendido su postura argumentando que el tribunal de Preska ya ordenó una amplia producción de pruebas a lo largo de este extenso proceso. Además, cuestionan la legitimidad de la intervención de RAFA, señalando que no presenta ningún argumento que demuestre un interés jurídicamente reconocible en las transacciones comerciales o la reestatización de YPF.
El caso YPF
El caso tiene su origen en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner dispuso la expropiación del 51% de YPF que pertenecía a Repsol, sin realizar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes.
En 2015, Burford Capital y Eton Park iniciaron una demanda en Estados Unidos, argumentando que Argentina incumplió con sus obligaciones hacia los accionistas minoritarios. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska dictaminó que Argentina debía pagar USD 16.100 millones.
La colaboración del gobierno argentino en la investigación podría ser un factor determinante en el futuro del litigio.
