Quienes lo vieron en las últimas horas aseguran que Martín Llaryora está “eufórico”. El gobernador está convencido de haberles ganado la pulseada a los gremios estatales más combativos por la reforma previsional y de haber encontrado, además, un rival sin consenso social con quien confrontar.
Ese clima de entusiasmo, sin embargo, no se replica en muchos de sus funcionarios, con los cuales compartió un asado la noche de jueves, luego de una inesperada e inédita reunión de gabinete. Fue la segunda en todo el año.
Entre algunos de sus funcionarios más cercanos, predomina una mirada más cauta. Creen que aún es prematuro cantar victoria y que habrá que esperar la implementación de las modificaciones a la ley previsional para medir la reacción de empleados públicos y de jubilados.
A esa prudencia se suma un dato económico que tampoco invita al festejo. Esta reforma permitiría recortar unos $ 150 mil millones del déficit de la Caja de Jubilaciones, un “rojo” que el año próximo superará los $ 800 mil millones.
En esta disputa por el déficit de la Caja, hay otro elemento, no menor, que asoma como el dato político más relevante en este agitado cierre de año cordobés: detrás del enfrentamiento entre Llaryora y los estatales, aparece un color. El gobernador está convencido de que cambió el rival en la pulseada por el poder rumbo a 2027. Ya no será el rojo y negro del juecismo, el rojo y blanco del radicalismo ni el amarillo del PRO: el principal adversario vestirá el violeta de La libertad Avanza.
En ese contexto, el gobernador decidió avanzar con un fuerte recorte sobre los sectores que más ganan entre trabajadores públicos y jubilados, con el objetivo de achicar el histórico e inabarcable déficit de la Caja.
Detrás del discurso de la “redistribución solidaria”, aparece una palabra que la política tradicional –y especialmente el peronismo– siempre evitó, pero que el presidente Javier Milei puso de moda: ajuste.
Desde el oficialismo, aseguran que los activos y pasivos que perciben los ingresos más bajos sentirán el mes próximo una mejora en sus bolsillos. En contrapartida, quienes más ganan sufrirán el impacto del aumento de los aportes destinados a la Caja.
El mentado 82% no remunerativo prometido por el Gobierno provincial para quienes cobran menos de $ 1,3 millones está bajo observación. Resta ver si será tan beneficioso como se anunció.
Esa franja del sector público recibirá una mejora a través de un bono no remunerativo. Este “82%“ es, en rigor, un eufemismo. El reclamo histórico del sector pasivo es el 82% móvil, una meta imposible de sostener para una Caja exhausta de recursos.
La estrategia de Llaryora no es nueva. A través de sus voceros, busca presentar el ajuste como un beneficio.
Así lo expresan sus principales espadas políticas: el flamante ministro de Vinculación, Miguel Siciliano, y Facundo Torres, nuevo jefe del bloque oficialista en la Legislatura, quienes hablan de “justicia redistributiva”.
Más allá del relato, el resultado concreto de los cambios previsionales será un ahorro cercano a $ 150 mil millones para 2026.
Es cierto, también, que parte del aumento de los aportes de los salarios más altos se redistribuirá entre los jubilados que cobran menos de $ 1,3 millones. Pero todo quedará sujeto a la reglamentación de la ley.
En el Centro Cívico, ya trabajan con simulaciones para medir el impacto real de las medidas.
Dividir para reinar
Más allá del argumento de sacarles a quienes más ganan para beneficiar a los de menos ingresos, el objetivo central de Llaryora es dividir el frente gremial de los estatales.
La apuesta es clara: evitar que el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) se sumen a las protestas veraniegas que anuncian otros gremios.
A lo largo de su trayectoria como intendente de San Francisco y luego de la ciudad de Córdoba, Llaryora supo capitalizar los enfrentamientos con gremios de bajo consenso social.
El gobernador sabe que no es lo mismo confrontar con los docentes o con el sector de la salud que con el Suoem o con Luz y Fuerza. Allí se apoya su estrategia de dividir para reinar.
Habrá que ver si los sectores beneficiados celebran las medidas. O, dicho con mayor precisión, si el beneficio será tan significativo como lo difunden los voceros llaryoristas.
Lo que no admite dudas es que trabajadores y jubilados bancarios, judiciales, jerárquicos provinciales, municipales capitalinos y lucifuercistas estarán entre los más perjudicados, y por amplio margen.
En el Centro Cívico confían en que esta pulseada les dejará saldo positivo. Sin embargo, los gremios que sufrirán el ajuste también juegan sus propias cartas: siguen de cerca la cobertura mediática que remarcó que los diputados alineados con Llaryora fueron “vitales” para lograr el cuórum que permitió iniciar la sesión en Diputados en la cual se dio media sanción al Presupuesto nacional 2026.
En el texto de esa “ley de leyes” aparece, además, una cifra irrisoria destinada a las cajas previsionales provinciales para 2026.
Los diputados peronistas cordobeses rechazaron varios artículos –entre ellos, el referido a los giros nacionales–, pero habilitaron el inicio de la sesión.
Un gesto que los estatales provinciales no olvidan y que no les perdonarán a los funcionarios llaryoristas, quienes en cada conversación les piden a los gremios que dirijan sus reclamos a Milei por los incumplimientos de la Anses con la Caja.
Mientras tanto, Llaryora mira más allá. Piensa en 2027 y visualiza a los libertarios como el principal rival en la disputa por el poder. Y empieza a instalar una consigna contundente: “Si el próximo gobernador es libertario, transferirá la Caja a la Nación y privatizará el Banco de Córdoba”. Un misil directo al corazón de los gremios cordobeses que hoy más lo enfrentan.
